Los dos líderes de la independencia de Timor Oriental, el presidente José Ramos Horta y su primer ministro, José Alexandre «Xanana» Gusmão, pueden ser responsabilizados de ser los principales obstáculos para que se haga justicia con las víctimas de la violencia que siguió al referendo de 1999.
El informe final de la Comisión de Verdad y Amistad de Indonesia y Timor Oriental fue entregado a Ramos Horta y a su contraparte indonesio, Susilo Bambang Yudhoyono, el 15 de julio en la isla indonesia de Bali.
La Comisión fue creada por ambos países en 2005 con el propósito de establecer "una verdad concluyente respecto de los hechos previos e inmediatamente posteriores a la consulta popular de 1999", cuando, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), unas 1.000 personas fueron asesinadas.
Timor Oriental, ex colonia portuguesa, fue invadida y ocupada por Indonesia en 1975 hasta el inicio del proceso independentista, marcado por un referendo organizado por la ONU en 1999, en el cual 80 por ciento de los votantes rechazaron el estatus de "autonomía especial" de Indonesia.
La independencia definitiva fue alcanzada en 2002, tras un periodo de administración del foro mundial.
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La Comisión concluyó que tanto partidarios de la autonomía como de la independencia cometieron flagrantes violaciones de los derechos humanos, pero el informe también menciona al ejército indonesio como una institución particularmente cómplice de la violencia.
"La Comisión concluyó que Indonesia también es responsable de las graves violaciones de derechos humanos perpetradas por militantes con apoyo y/o participación de instituciones indonesias y de sus integrantes", señala el informe.
Las violaciones incluyeron asesinato, violación, tortura, detenciones ilegales y deportaciones en masa.
Yudhoyono expresó su "profundo pesar" por las víctimas. Pero su país se apuró a descartar toda idea de procesar a los responsables.
El presidente indonesio descartó el procesamiento de los responsables y subrayó que el trabajo de la Comisión era identificar responsabilidades institucionales, no individuales.
Antes de la entrega de las conclusiones a ambos políticos, el ministro de Defensa indonesio, Juwono Sudarsono, declaró que el propósito de la Comisión era hacer una "justicia reparadora".
Ramos Horta coincidió y añadió que el legado de las víctimas será evitar la repetición de las atrocidades como las de 1999 así como crear vínculos fuertes entre ambos países.
Timor Oriental no perseguirá la creación de un tribunal internacional para procesar a los responsables, indicó.
El primer ministro timorense, Xanana Gusmão, compañero de armas de Ramos Horta en aquellos años, coincidió con los mandatarios en la firma de una declaración conjunta donde declaran: "estamos decididos a cerrar un capítulo de nuestro pasado reciente".
La reacción de los dirigentes indonesios es mera conveniencia política dadas las posibles consecuencias de que se investiguen a fondo las responsabilidades individuales por las violaciones de derechos humanos.
Pero el deseo de los líderes de Timor Oriental de "cerrar" el asunto, los hace cómplices de negar sus derechos a las víctimas.
El deseo de los líderes de barrer bajo la alfombra las injusticias pasadas socava los primeros informes vinculados a la ocupación, como los de la Comisión de Recepción, Verdad y Reconciliación de Timor Oriental, cuyas recomendaciones en materia de responsabilidad casi no fueron implementadas, y las investigaciones respaldadas por la ONU.
El apoyo dado por Ramos Horta y Gusmão a la Comisión de Verdad y Amistad da un falso sentido de legitimidad al proceso, permite que Indonesia justifique la no implementación de recomendaciones de informes anteriores y disminuye la posibilidad de reformar su poderoso ejército.
El respaldo de ambos líderes también contribuye a que otros gobiernos respalden las conclusiones de la Comisión y no escuchen los pedidos de procesar a los responsables.
Varias organizaciones no gubernamentales, entre ellas las dos más destacadas de ambos países, la Asociación HAK de Timor Oriental y Kontras, de Indonesia, divulgaron una declaración conjunto el mismo día en que las conclusiones de la Comisión fueron entregadas a los dos presidentes.
"Los responsables de crímenes contra la humanidad durante la invasión y ocupación de Indonesia a Timor Oriental deben ser identificados y procesados para hacer justicia a las víctimas de Timor Oriental y para que en el futuro en Indonesia se respeten los derechos humanos", reza la declaración..
Las organizaciones también pidieron un mecanismo jurídico a fin de identificar responsabilidades individuales por esos delitos.
Las organizaciones también se mostraron preocupadas porque la Comisión "se centró en la rehabilitación de personas consideradas responsables o en la indemnización de las víctimas".
Además, criticaron su falta de poder para recomendar juicios, su "inadecuada" protección de testigos y su "limitada" visión respecto de los hechos de 1999.
La Alianza Nacional de Timor Oriental para un Tribunal Internacional (ANTI), que reúne a varias organizaciones y familiares de las víctimas, también se opuso a las conclusiones de la Comisión.
"El proceso de creación de la Comisión no respetó la Constitución de Timor Oriental porque el acuerdo firmado por los presidentes de ambos países no fue ratificado por el parlamento de Timor Oriental, de acuerdo con el artículo 95 (3f)" de su ley fundamental, sostuvo ANTI.
ANTI arguye, además, que el estudio de las responsabilidades institucionales, en vez de individuales, por las violaciones de derechos humanos "atenta contra los principios del derecho internacional, ratificados por Timor Oriental y contra el artículo 60 de su Constitución, según el cual debe haber un proceso judicial para los crímenes contra la humanidad".
Pero no sólo la sociedad civil se opone a la Comisión.
La ONU no respalda el proceso porque se opone a la posibilidad de que la Comisión recomiende la amnistía para los responsables de violaciones de derechos humanos.
Por el apoyo dado al trabajo de la Comisión, no sorprende la respuesta de Ramos Horta y Gusmão y muestra cómo Timor Oriental hace prevalecer las relaciones con su gran vecino sobre los derechos de las víctimas de la violencia promovida por Indonesia.
Al considerar las conclusiones de la Comisión como "última palabra" acerca del derramamiento de sangre de 1999, los dos líderes timorenses de la lucha independentistas permiten que los responsables se libren de ser acusados de asesinato.
"La Comisión es sólo un mecanismo para hacer frente o mirar las atrocidades que pueden haber ocurrido en el país, pero también existe algo llamado juicio", declaró la portavoz de la misión de la ONU en Timor Oriental, Allison Cooper.
El ex comandante de las Fuerzas Armadas de Indonesia general Wiranto fue inculpado en 2003 por fiscales de la ONU por su papel en los hechos de violencia vinculados con la independencia de Timor Oriental.
El intento de "dejar atrás" el pasado puede tener sentido desde el punto de vista económico y político para la joven nación.
Pero en tanto que hombres que sufrieron en carne propia la injusticia a manos de Indonesia, el presidente y el primer ministro de Timor Oriental pueden comprender, al igual que muchos de sus compatriotas, que "justicia reparadora" es, de hecho, negar la justicia.
Ramos Horta perdió cuatro de sus 11 hermanos durante la brutal ocupación y Gusmão permaneció siete años en una prisión de Indonesia tras ser capturado en 1992.
