Concluyeron los alegatos finales en el prolongado juicio en la capital de Sierra Leona contra tres ex comandantes del rebelde Frente Unido Revolucionario (RUF), y se espera que la sentencia se conozca a fines de este año.
Issa Sesay, Morris Kallon y Augustine Gbao han estado en juicio desde junio de 2004, poco después de su arresto y acusación por el Tribunal Especial para Sierra Leona creado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Se presentaron contra ellos 18 cargos por crímenes de guerra, contra la humanidad y serias violaciones a las leyes humanitarias internacionales.
Los delitos de los que se los acusa fueron cometidos durante la guerra civil en esta nación africana, que se extendió desde 1991 hasta 2002.
El ex presidente de Liberia Charles Taylor (1997-2003) también es juzgado por el tribunal especial, pero en la ciudad holandesa de La Haya por razones de seguridad. Se lo acusa de haber apoyado al RUF a cambio de los llamados "diamantes sangrientos", empleados para financiar diversas guerras civiles en África.
En los años 90, los diamantes fueron un factor de vital importancia en los conflictos internos que devastaron Angola, Liberia y Sierra Leona. Se cree que el grupo insurgente angoleño Unita obtuvo entre 1992 y 1998 casi 4.000 millones de dólares a través del contrabando de esas piedras preciosas.
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A cuatro años del inicio de los juicios, el interés del público se mantiene alto, a la espera de que se haga justicia.
Este año, el tribunal sentenció a otros líderes de milicias. Dos pertenecían a la progubernamental Fuerza de Defensa Civil y tres al Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas, un grupo que se separó del ejército y derrocó en mayo de 1997 al gobierno civil surgido de elecciones. Se mantuvo en el poder durante nueve meses, hasta que a su vez fue derrocado por una fuerza de intervención regional liderada por Nigeria.
Las condenas oscilaron entre los seis y los 15 años de prisión.
"Quiero ver que se haga justicia con los tres comandantes del RUF", dijo Jabati Mambu, de 25 años. En 1999, cuando los rebeldes irrumpieron en Freetown le amputaron su mano derecha a la altura de la muñeca.
"Era un niño que asistía a la escuela cuando fui capturado y mutilado sin piedad. Ahora, la mayoría de los rebeldes han sido rehabilitados y se les impartió cursos de capacitación, mientras que yo y otros amputados languidecemos con nuestras cicatrices", agregó.
"Sabemos que donantes internacionales envían una enorme asistencia para nosotros, pero jamás la recibimos. Es demasiado injusto. Si estos ex comandantes son condenados habrá justicia para las víctimas", señaló Mambu.
Algunos de los testimonios ofrecidos durante el juicio por los testigos fueron estremecedores. Hablaron de asesinatos y violaciones en masa, mutilación de cuerpos y canibalismo.
Relataron que rebeldes desentrañaron a mujeres embarazadas, amputaron manos y piernas de civiles, encerraron a familias enteras en sus casas y les prendieron fuego, asesinando a tiros a cualquiera que intentara escapar.
En 1999 el RUF firmó un tratado de paz con el gobierno del entonces presidente Ahmad Tejan Kabba (1996-1997, 1998-2007) y se transformó en partido político, pero fracasó rotundamente en las elecciones de 2002. No sólo no ganó la presidencia sino que fue incapaz de lograr aunque sea un escaño en el parlamento.
En ese momento se puso en práctica un proceso de reconciliación que otorgó una amnistía total a los combatientes de las diversas facciones. Pero en 2002, el gobierno de Sierra Leona y la ONU acordaron crear el tribunal especial, con el mandato de juzgar a los "mayores responsables" por los crímenes cometidos durante la guerra civil.
El presidente de la Coalición de Organizaciones de la Sociedad Civil, Charles Mambu, dijo a IPS que "el pueblo de Sierra Leona necesita sin duda la reconciliación. Sin embargo, las atrocidades cometidas por el RUF merecen el máximo castigo. Este país no puede tolerar la impunidad, porque no queremos repetir nuestro horrendo pasado".
Prácticamente no existe apoyo para el RUF en el país. El puñado de líderes rebeldes que evitaron ser procesados por el tribunal especial se muestra hoy en actitud de pedir disculpas. Eldred Collins, ex portavoz del movimiento, pidió clemencia para quienes están detenidos y bajo proceso.
"Nos sumamos a un acuerdo de paz y la guerra civil llegó a su fin. No creo que el juicio de tres caballeros en un tribunal especial esté a tono con el espíritu de reconciliación nacional. Creo que deben ser liberados y que hay que enterrar el pasado", afirmó.
Collins, sin embargo, no se atreve a expresas sus opiniones abiertamente, mientras los casi 10.000 amputados y heridos de guerra están exasperados por el hecho de que los ex combatientes recibieron compensaciones y cursos de capacitación de parte del gobierno, algo que las víctimas continúan esperando.
El portavoz del tribunal, Peter Anderson, señaló que existen "acuerdos con algunos países de la región, que prometieron ofrecer lugares de detención para los condenados que se ajusten a los estándares internacionales. Esto no ocurre en las cárceles de Sierra Leona, por lo que las personas halladas culpables cumplirán sus sentencias fuera del país".
Anderson también hizo mención a varios casos en los que rebeldes armados irrumpieron en las prisiones para liberar a miembros de sus grupos. El temor a las fugas de criminales de guerra es algo común entre muchos ciudadanos.
"No creo que sea inteligente mantener a esas personas en nuestras cárceles", dijo Abdul Sesay, un mecánico de 45 años que perdió a cuatro parientes durante el ataque rebelde a Freetown en 1999.
"Son extremadamente peligrosos y hemos visto mucho casos de ataques a prisiones para liberar a criminales que después desatan el terror contra nosotros. Que cumplan sus condenas en otra parte, eso me hará sentir bien", aseguró.
