Expertos reunidos en la capital mexicana para la XVII Conferencia Internacional sobre el Sida consideran que es tiempo de poner las políticas públicas bajo el microscopio y determinar las causas de su fracaso.
¿Por qué las políticas de protección a las trabajadoras sexuales terminan penalizándolas? ¿Por qué se niega a los drogadictos servicios de prevención esenciales para evitar el contagio del virus que causa el sida (VIH)? ¿Por qué no funcionó la prédica de la abstinencia?
Se han invertido miles de millones de dólares, pero los resultados no han sido satisfactorios. La persecución contra los homosexuales continúa y la demonización se ha intensificado.
El año pasado, 2,5 millones de personas contrajeron el VIH (virus de inumondeficiencia humana), llevando el total mundial a más de 33 millones. Pero menos de uno de cada 10 adictos a las drogas intravenosas y sólo una de cada cinco trabajadoras sexuales tiene acceso a medios de prevención.
Las estrategias se definen "por las modas, la política, las restricciones financieras, la teoría económica y, luego, complementadas por la evidencia", dijo Gerry Stimson, director ejecutivo de la Asociación Internacional para la Reducción del Daño.
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A veces, se rechazan de plano ciertos hechos porque no se ajustan a determinado sistema de valores, en detrimento de la gente hacia la cual se dirigen esas políticas, agregó.
Durante más de 20 años se acumuló evidencia sobre la efectividad de los programas de reducción del riesgo dirigidos a los usuarios de drogas intravenosas. ¿Por qué no se implementan en todos los países?, se preguntan los expertos.
Del mismo modo, se ha demostrado que los programas de educación sexual reducen los embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión sexual, incluido el sida. ¿Por qué no se los apoya?
El gobierno del presidente George W. Bush retiene los aportes de Estados Unidos al Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés), fundamentalmente por razones de política interna.
Los 34 millones de dólares retenidos cada año que representan casi 10 por ciento de los ingresos corrientes del UNFPA, según el cual Estados Unidos "afecta significativamente" con su actitud "los esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de las mujeres en todo el mundo".
Los médicos Arash Alaei y Kamiar Alaei hicieron un gran esfuerzo para que el uso de drogas y el sida ingresaran en la agenda nacional de salud de Irán. Trabajaron en estrecho contacto con líderes religiosos y funcionarios del gobierno para asegurarse el apoyo de campañas educativas sobre el contagio del VIH y de programas destinados a la población carcelaria.
Ambos médicos fueron arrestados por las autoridades iraníes y se ignora su paradero, según se informó a fines de junio. Arash se disponía a asistir a la conferencia en México. Una coalición de organizaciones —Médicos por los Derechos Humanos entre ellas— propusieron dejar en el recinto una silla vacía con su nombre para llamar la atención sobre el caso.
Tomando en cuenta la experiencia histórica, las evidencias no logran determinar las políticas, dijo Nandinee Bandyopadhyay, directora asociada para Salud Sexual y Reproductiva y VIH de la no gubernamental india PATH.
Es tiempo de basar las políticas "sobre los derechos, antes de sobre lo que se percibe como correcto, científico, efectivo o justificado por sus costos", porque no siempre se refieren al "bien público" y la evidencia "puede enfocarse erróneamente", agregó.
Las políticas frecuentemente están influidas por grupos de interés, religiosos o líderes empresariales que actúan de acuerdo con su ideología o a sus preceptos morales, dijo.
En algunos casos, los responsables por la definición de políticas nacionales se ven confundidos por los lineamientos de las agencias de la Organización de las Naciones Unidas y los países donantes.
Por ejemplo, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (Onusida) sostuvo durante mucho tiempo que el trabajo sexual debía ser despenalizado, regulando al mismo tiempo las condiciones en que se ejerce, como parte fundamental de la estrategia de prevención de la enfermedad.
Pero el año pasado, Onusida difundió un nuevo lineamiento que pone el acento en el "rescate" y "rehabilitación" de las trabajadoras sexuales, enfoque que antes había considerado perjudicial para las campañas de prevención del VIH.
Según expertos que asisten a la conferencia internacional en México, ha llegado el momento de integrar los imperativos de la salud pública y los derechos humanos, así como de tomar en cuenta la evidencia acumulada sobre qué estrategias funcionan y cuáles no, a la hora de definir las políticas de prevención del VIH/sida.
