Activistas de derechos humanos de Sierra Leona notificaron al gobierno su intención de hacer campaña para que la pena capital no se mantenga en la nueva Constitución, e insistieron en que se adoptaran todas las recomendaciones de la Comisión de Verdad y Reconciliación.
Un comité encargado de estudiar la reforma constitucional sugirió al gobierno que el homicidio y el robo con violencia siguieran siendo considerados delitos capitales. En cambio, la traición y el amotinamiento deberían dejar de castigarse con la máxima pena, mientras no haya muertos.
Se cree que las conclusiones del comité reflejan plenamente la opinión del gobierno, y serán incluidas en el proyecto de ley fundamental que será enviado al parlamento en breve para su ratificación.
"No basta con acotar la pena de muerte a los delitos de homicidio o robo agravado", dijo a IPS Brima Sheriff, director del capítulo local de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, con sede en Londres.
"La pena capital debe ser derogada de forma definitiva porque nunca se probó que sirviera para disuadir delitos. Su vigencia viola el espíritu de la Comisión de Verdad y Reconciliación", remarcó.
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Entre 1991 y 2002, este país fue devastado por una brutal guerra civil que enfrentó a fuerzas del gobierno y otros grupos contra los insurgentes del Frente Unido Revolucionario (RUF, por su sigla en inglés), famoso por su práctica de amputar brazos y piernas como parte de una campaña de terror para controlar a los civiles.
Cuando terminó la guerra civil se creó la Comisión de Verdad y Reconciliación, con la misión de investigar las causas del conflicto y recomendar formas de prevenir hechos similares. Su objetivo fue sentar las bases para que cicatrizaran las heridas en la sociedad.
Para los activistas de derechos humanos sólo es aceptable la abolición definitiva de la pena de muerte, dijo a IPS John Caulker, de la organización Foro de Conciencia.
"El gobierno afirma estar dispuesto a implementar las recomendaciones de la Comisión de Verdad y Reconciliación, pero da marcha atrás en un asunto clave: la abolición de la pena de muerte. Envía señales contradictorias", arguyó.
"Es hora de movilizar abolicionistas y a la sociedad civil para comenzar nuestra campaña. Hay que hacer que el comité constitucional entienda", añadió.
La Comisión de Verdad y Reconciliación señaló que, desde 1971, los gobiernos recurren a la pena capital como forma de eliminar opositores políticos.
Las últimas ejecuciones en Sierra Leona ocurrieron en 1998. Veintiséis altos oficiales del ejército sentenciados por su presunta participación en el golpe de Estado que derrocó al presidente civil Ahmad Tejan Kabba (1996-1997, 1998-2007) fueron ejecutados un año antes por un pelotón de fusilamiento.
Por su parte, el ministro de Justicia, Abdul Serry Kamal, negó que mantener la pena de muerte significara un rechazo a las recomendaciones de la Comisión de Verdad y Reconciliación.
"Si usted considera que salimos de una guerra que se cobró muchas vidas, creo que es apropiado conservar algunas de las leyes punitivas, aunque con algunos ajustes", señaló.
"La pena de muerte no puede ser derogada del todo porque siguen cometiéndose delitos graves como homicidio", arguyó.
Los activistas también acusaron al gobierno de no implementar otras recomendaciones de la Comisión vinculadas a la situación de los presos, incluidos los del pabellón de la muerte.
"No hay instalaciones recreativas ni talleres de capacitación para los presos del pabellón de la muerte. Es inhumano y degradante. Una vez allí estás aislado, privado de los servicios básicos y torturado psicológicamente", indicó Caulker.
Pero el gobierno, que asumió hace un año, hará todo lo posible por revertir la situación.
Activistas de derechos humanos denuncian la situación en las cárceles. La alimentación es mala y los presos no reciben vestimenta ni calzado. Las celdas son frías en la estación de lluvias y suelen ser comunes enfermedades como neumonía y paludismo.
Pero según el director de cárceles, Moses Showers, todos los presos son tratados conforme a la ley.
"Todos reciben raciones de comida normales, artículos de tocador y suplementos dietéticos. De hecho, los presos del pabellón de la muerte tienen una dieta mejor que los otros. La leyes carcelarias no los discriminan", indicó.
El ministro del Interior, Dauda Sulaiman Kamara, concordó en que las condiciones de las cárceles son "deplorables".
"No hay talleres ni bibliotecas ni instalaciones recreativas para los presos, lo que, de ninguna manera, contribuye a su reinserción social", dijo a IPS.
La cárcel de máxima seguridad de Sierra Leona, Pademba Road está en la capital. Allí están los 14 condenados a muerte del país. Once de ellos fueron sentenciados por traición en 2003 y siguen a la espera del resultado de sus apelaciones.
"Se trata de una tortura mental y una flagrante violación de su derecho a una rápida administración de justicia", indicó el director de Amnistía.
"Justicia lenta no es justicia. Las apelaciones deben ser procesadas o las personas liberadas sin más demora", apuntó Sheriff.
Kamara prometió que el gobierno haría todo lo posible para "garantizar que los condenados a muerte no sean tratados como personas de menos valía".
Pero remarcó que no respaldaría la abolición de la pena capital, como recomendó la Comisión de Verdad y Justicia en su informe final.
