Entre 2003 y 2006, el gobierno de Estados Unidos intentó en vano la condena del activista palestino y ex profesor universitario Sami Al-Arian por supuestos vínculos con los atentados del 11 de septiembre de 2001. Pero él sigue preso.
El fiscal federal asistente Gordon Kromberg, acusado de atacar a árabes y musulmanes ante la justicia, ordenó a Al-Arian a prestar testimonio en un caso por terrorismo contra una organización privada sin fines de lucro.
El activista, que se declaró culpable para ser deportado a Egipto y quedar libre, se niega a testificar pues considera que se trata de un ardid para procesarlo por falso testimonio.
Pero, de incumplir la orden de Kromberg, este doctor en ingeniería informática podría ser condenado por desacato al tribunal y pasar preso decenas de años.
Al-Arian está preso desde el 20 de febrero de 2003. El entonces secretario de Justicia (fiscal general), John Ashcroft, lo acusó a él y a otras cuatro personas con la Jihad Islámica palestina, "una de las organizaciones terroristas más violentas del mundo", según dijo a la prensa.
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Según el gobierno de Estados Unidos, Al-Arian, un palestino nacido en Kuwait, operó en los años 90 en células de esa organización extremista con sede en Damasco, recaudando dinero para financiar atentados suicidas que mataron a más de 100 israelíes.
En el juicio, los fiscales sugirieron que, por sus acciones, Al Arian era responsable atentados contra civiles en Israel. Por lo tanto, exhibieron vídeos de ataques suicidas e invitaron a ciudadanos israelíes sobrevivientes a brindar testimonio.
Sin embargo, la fiscalía debió admitir, luego de más de 10 años de intervenir las conversaciones telefónicas de Al-Arian y su familia, que ni una evidencia lo vinculaba directamente con algún ataque terrorista.
Los fiscales también mostraron al jurado una grabación en vídeo de una manifestación en 1991, en la cual se ve a Al-Arian gritando "muerte a Israel y victoria al Islam" en árabe.
Al-Arian, ingeniero informático y ex profesor en la Universidad de Florida del Sur, asegura no haber convalidado nunca actos de violencia contra civiles, si bien apoya el derecho a la resistencia contra la "brutal ocupación militar" de tierras palestinas.
Un jurado de Florida absolvió en 2005 a Al-Arian de ocho cargos y mantuvo en punto muerto otros nueve. Dos tercios de los miembros votaron por la absolución total.
Pero el profesor universitario sigue en prisión por negarse a testificar en un juicio contra la Instituto Internacional de Pensamiento Islámico, organización sin fines de lucro del estado de Virginia al que se acusa de financiar a organizaciones terroristas.
Los defensores de Al-Arian aseguran que las autoridades carcelarias suelen castigarlo en confinamiento solitario y negándole el derecho a recibir a su familia y a sus abogados.
"Ni siquiera sabemos dónde estará al día siguiente, ni cómo podremos visitarlo. Sólo queremos que esta terrible experiencia termine", dijo Abdullah, el hijo de Al-Arian, en una conferencia en Washington.
La odisea del activista palestino está lejos de terminar.
Al-Arian acordó con la fiscalía en 2006 declararse culpable, entre otras acciones, de ayudar a su cuñado Mazzen Al-Najjar a obtener una visa, lo que configura un delito por el supuesto vínculo de su familiar con la Jihad Islámica.
La deportación a de Al-Arian a Egipto estaba prevista para el año pasado. Pero el fiscal Kromberg —considerado intolerante con acusados árabes y musulmanes— lo convocó a testificar en un caso contra el Instituto Internacional de Pensamiento Islámico.
Al-Arian se niega a comparecer, por temor a que los fiscales lo acusen de falso testimonio. "Si va allí, sin importar lo que diga, el fiscal lo acusará de perjurio. Kromberg nos dejó muy claro eso", dijo Abdullah.
"Si no testifica, puede ser acusado de desacato, y ése fue el camino que mi padre eligió. Es una posición de principios, pues se opone al abuso de poder del gobierno", añadió.
Al-Arian se prepara para un juicio por desacato a la justicia que se realizará el día 13. Su abogado, el profesor de la Universidad George Washington Jonathan Turley, dijo que se le prohibió reunirse con su cliente.
Sus acciones se dirigen ahora a demorar el juicio y a apresurar la liberación de su defendido.
En una moción presentada el 1 de este mes, Turley —quien de ser necesario se propone llevar el caso a la Suprema Corte de Justicia— alegó que Al-Arian está detenido ilegalmente, violando una decisión judicial del 10 de julio.
Según el abogado, el activista no supone ningún riesgo o amenaza para su comunidad y se le debería conceder libertad bajo fianza. "El doctor Al-Arian está detenido de modo inconstitucional", declaró Turley.
Al-Arian, según sus defensores, es víctima del fiscal Kromberg. En 2005, Kromberg dijo ante un jurado que no debía confiar en el acusado Ali Al-Timimi, un musulmán devoto, porque que su religión le obligaba a mentir a los no creyentes.
Los abogados de Al-Arian aseguran que Kromberg les dijo en 2006 que no concedería el pedido de no ser obligado a comparecer ante un jurado durante la festividad islámica del Ramadán.
"Si pueden matarse entre sí durante el Ramadán, pueden presentarse ante el gran jurado. Lo único que no deben hacer es comer antes de la puesta de sol", dijo Kromberg a la defensa de Al-Arian, según la prensa.
"No cancelaré la presentación del doctor Al-Arian ante el gran jurado, ayudando a la islamización de Estados Unidos", sostuvo.
Los críticos señalan que los comentarios de Kromberg y su firme apoyo al Estado de Israel muestran que los procedimientos de Al-Arian se basan sobre la política, no sobre el terrorismo.
Un politizado Departamento de Justicia (fiscalía general) apunta contra él por ser "valiente" y con la intención de acallar las críticas a la ocupación israelí de Palestina, dijo Mike Gravel, ex senador por el noroccidental estado de Alaska, en una reunión con la familia de Al-Arian.
Gravel dijo a IPS que está "absolutamente enfurecido por la injusticia" en el trato que el gobierno da a Al-Arian y por la "cobardía" de algunos legisladores —como el presidente del Comité Judicial del Senado, el demócrata Patrick Leahy— que se negaron interceder en el caso.
Desde que los demócratas tomaron el control del Congreso, el comité de Leahy ha realizado audiencias sobre temas variados, desde la poligamia hasta los derechos de los prisioneros en la cárcel de la base naval estadounidense en Guantánamo, Cuba. Pero ninguna se refirió al caso de Al-Arian.
Un asistente de Leahy dijo a IPS que su oficina continúa recibiendo llamados de simpatizantes de Al-Arian, pero no formuló comentarios sobre qué acción tomaría el legislador, en caso de que tome alguna.
"Todo esto se origina en el Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel", dijo Gravel. Esta organización, conocida por sus siglas en inglés (AIPAC), es una de las defensoras más férreas de Israel en el ámbito político estadounidense.
Los legisladores temen ofender al poderoso grupo de presión y, por lo tanto, no están dispuestos a interceder a favor de Al-Arian.
"Este muchacho simplemente se manifiesta de modo muy efectivo a favor de la causa palestina. Ésa es la raíz de este problema, y el gobierno intenta reprimirlo", agregó.
Scott Horton, ex presidente del Comité de Derecho Internacional del Colegio de Abogados de la ciudad de Nueva York y periodista de la revista Harper's, consideró que "la defensa pisa terreno firme al decir que éste es un caso de persecución política".
Horton dijo a IPS que Al-Arian es atacado en los estrados no porque proponga la violencia, sino por su destacado papel en la crítica a las políticas israelíes.
Desde que Bush lanzó su "guerra contra el terror", este es uno de los casos que demuestran que ni siquiera una declaración judicial de inocencia libra de hostigamiento oficial a cualquier acusado de vínculos con terrorismo en Estados Unidos.
"La conducta de la fiscalía es típica del gobierno de Bush, que no se dispone a aceptar la derrota, ya sea decidida por un jurado o por un juez", expresó Horton.
Abdullah Al-Arian dijo ante su auditorio en Washington que, a estas alturas, lo mejor para su familia es esperar que el gobierno concrete la deportación de su padre, como prometió hacerlo en el acuerdo de 2006 con la fiscalía.
"Es triste tener que abandonar Estados Unidos para ser libre ", dijo.
