La comisión creada por el gobierno interino de Bangladesh para procesar casos de corrupción de sus antecesores democráticos comenzó a funcionar, pero bajo una lluvia de críticas de expertos que la consideran conceptualmente equivocada e inviable.
El gobierno interino formado en enero de 2007 con apoyo del ejército anunció el miércoles la creación de la Comisión de Verdad y Responsabilidad, con el ex miembro de la Corte Suprema de Justicia Habibur Rehman como su presidente.
El órgano, que comenzó a sesionar el domingo, también estará integrado por un ex auditor general del Estado y un general del ejército retirado.
El presidente Iajuddin Ahmed lanzó una campaña nacional de lucha contra la corrupción que determinó el arresto de cientos de personas ricos y poderosos, pero a la que, además, expertos atribuyen el enlentecimiento del crecimiento económico de este empobrecido país.
El gabinete de Ahmed, ex funcionario del Banco Mundial y ex autoridad del Banco Central, asumió en enero de 2007 con la ayuda del ejército y en medio de un estado de emergencia, tras una ola de mortal violencia callejera en torno de la convocatoria a elecciones.
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Estos incidentes enfrentaron a simpatizantes de los principales partidos del país, el Nacionalista de Khaleda Zia y la Liga Awami de Sheik Hasina Wajed. Ambas líderes y ex primeras ministras han sido detenidas por corrupción, si bien a Hasina se le permitió viajar al exterior para someterse a tratamiento médico..
Más de 200 sospechosos de perfil alto, en su mayoría políticos del Partido Nacionalista y la Liga Awami, han sido acusados de corrupción. El magnate Morshed Khan, ex canciller del gobierno de Zia, fue condenado a 13 años de cárcel este lunes, acusado de enriquecimiento ilícito..
El presidente constituyó el gobierno interino encabezado por Fakhruddin Ahmed luego de postergar por tiempo indefinido, el 11 de enero, las elecciones generales previstas para el 22 de ese mes, dado el clima de "incertidumbre política", "animosidad" y "desconfianza".
"El gobierno creó la Comisión de la Verdad en un intento por impulsar la economía enlentecida tras la ofensiva contra personas sospechosas de corrupción", dijo a IPS el abogado de la Corte Suprema Anisul Huq, uno de los autores de la ley al respecto.
"La corrupción está en toda la sociedad y hay personas que se vieron envueltas en ella sin querer. Además, la Comisión reducirá el trabajo de los tribunales que procesan casos de corrupción", indicó Huq.
Pero no todos piensan lo mismo. El economista del Instituto de Estudios de Desarrollo Zaid Bakth no es nada optimista. "Traerá alivio en lo inmediato, pero no obtendrá logros a largo plazo", señaló.
"La corrupción aumenta el costo de las transacciones. El gobierno debe frenarla y garantizar la buena gobernanza para tener una economía sólida", señaló Bakth.
Pero "la Comisión de Verdad es consecuencia de las contradicciones políticas del actual gobierno", advirtió Anu Muhammad, profesor de economía de la Universidad de Jahangirnagar. "Al parecer quieren cambiar el país sin cambiar el marco de políticas. Por eso es imprescindible negociar con las personas corruptas", señaló.
La Comisión no podrá subsanar los defectos de las políticas que dificultan el crecimiento de negocios, inversiones y empleos honestos, señaló.
"No hay nada sobre lo que ser optimista o pesimista", sostuvo Rehman, presidente de la flamante Comisión. "Sólo trataré de hacer mi trabajo y los resultados mostrarán si hubo logros".
Tras una serie de detenciones a cargo del gobierno interino siguió la inestabilidad económica y se debilitó el clima para las inversiones, dijo Rehman en conferencia de prensa.
"La Comisión de Verdad y Responsabilidad fue creada para evitar un desastre económico", indicó.
Bajo la Ordenanza Derecho de Revelación Voluntaria 2008, las personas podrán declarar bienes mal habidos y quedar libres de cargos, sujetas a entregar esas propiedades o una cantidad de dinero acorde con su precio.
La Comisión, creada en el marco de la misma ordenanza, puede otorgar la gracia a sospechosos de corrupción si solicitan la revelación voluntaria.
Los acusados o condenados por corrupción no tendrán derecho a acogerse a esa posibilidad.
Aquellas que opten por declarar no podrán presentarse a elecciones locales ni nacionales por cinco años ni ocupar ningún cargo público ni ejecutivo en ninguna asociación, banco o institución financiera.
"Hay posibilidades de discriminación pues la Comisión está integrada por ciertos grupos de personas", señaló Matia Chowdhury, líder de la Liga Awami. "El gobierno creó la Comisión para que su gente escape del castigo."
La gran necesidad de implementar reformas en este país ha sido subrayada por la organización Transparencia Internacional, con sede en Berlín, que suele incluir a Bangladesh entre las naciones percibidas como más corruptas.
La corrupción socavó gravemente el producto interno bruto, según numerosos economistas.
El plan de la Comisión prevé que los empresarios detenidos o prófugos, tras aparentar participación en casos de corrupción, podrán ser perdonados si confiesan sus supuestos delitos, indicó Huq.
El hecho de que las ganancias de 30 grandes corporaciones, cuyos propietarios están presos o prófugos, cayeran en picada instaló cierta incertidumbre por los 300.000 puestos de trabajo que generan, indicó el diario New Age.
La capacidad de producción promedio de esas compañías disminuyó entre 20 y 50 por ciento en los últimos meses.
Algunas dependencias de esas empresas ya anunciaron miles de despidos, en tanto a los trabajadores y empleados de otras no se les paga desde hace entre tres y siete meses.
La Federación de Cámaras de Comercio e Industria de Bangladesh se quejan de que la medida de lucha contra la corrupción instaló un "clima de miedo" que enfrió la economía.
La Comisión no apunta a perseguir y etiquetar personas. Los nombres de quienes hagan declaraciones voluntarias no serán divulgados, subrayó Rehman.
