El intento de juzgar por genocidio y crímenes de guerra al presidente de Sudán, Omar Hassan Ahmad Al-Bashir, que sería el primer caso en la historia contra un mandatario en ejercicio de su función, amenaza con dividir a la comunidad internacional.
Las potencias occidentales, lideradas por Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, quieren verlo en el banquillo de los acusados, pero China y Rusia se oponen a causa de los estrechos lazos políticos, económicos y militares que los unen con su régimen.
Los 18 magistrados de la Corte Penal Internacional (CPI), que representan a las diversas regiones del mundo, tendrán que evaluar la evidencia y decidir si emiten o no una orden de arresto contra Al-Bashir.
Este procedimiento podría llevar varios meses y se desarrollará con el telón de fondo de una creciente controversia política sobre la oportunidad de la acusación, así como los méritos y beneficios del posible arresto de un jefe de Estado africano.
Según el artículo 16 del Estatuto de Roma, por el cual se creó la CPI para el juzgamiento de casos de genocidio y crímenes de guerra, los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tienen el poder de suspender la acusación contra Al-Bashir.
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Un diplomático de una nación en desarrollo dijo a IPS que China y Rusia, que la semana pasada emplearon su poder de veto en ese cuerpo de la ONU para bloquear sanciones contra gobernantes de Zimbabwe, dijeron estar dispuestas a abstenerse en esa votación si había garantías ciertas de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña de que el Consejo de Seguridad postergará la apertura de un proceso al presidente sudanés.
La reticencia de las tres potencias occidentales precipitó los vetos.
Se teme que si la CPI decide emitir una orden de arresto internacional contra Al-Bashir se incrementarían los riesgos para la fuerza de paz de 9.000 hombres de la Unamid, siglas en inglés para la misión conjunta de la ONU y la Unión Africana (UA) desplegada en la convulsionada provincia de Darfur, en el occidente sudanés.
La cadena de radio y televisión británica BBC informó este lunes que la ONU decidió retirar a todo el personal no esencial de la misión en Darfur, tras los ataques del 8 de julio en que siete de sus miembros fueron asesinados y otros 22 heridos, algunos de extrema gravedad, por milicias fuertemente armadas.
"Es incorrecto acusar a la CPI de poner en riesgo a los integrantes de la Unamid", aseguró Bill Pace, director ejecutivo del Instituto de Política Global, quien ha seguido de cerca la actuación de ese cuerpo judicial internacional desde su creación.
Las fuerzas de paz, las sanciones y os tribunales internacionales de justicia son las únicas herramientas que tiene el Consejo de Seguridad para responder a las amenazas a la paz.
Las facultades que le otorga el capítulo séptimo de la carta de la ONU han sido invocadas desde 2005 para hacer frente a las acciones violentas del gobierno sudanés y los grupos rebeldes, agregó.
"Las autoridades de ese país y los insurgentes no han cooperado para que se apliquen esas herramientas del Consejo de Seguridad", dijo Pace a IPS.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, que ha estado fuertemente involucrado en el proceso de paz en Sudán, tomó distancia de las decisiones de la CPI.
"El secretario general enfatizó que la Corte es una institución independiente y que la ONU debe respetar la independencia del proceso judicial", informó este lunes la oficina de Ban.
La posibilidad de llevar a juicio a Al-Bashir "crea grandes oportunidades y grandes riesgos para la paz en Sudán", señaló el no gubernamental Grupo de Crisis Internacionales (ICG, por sus siglas en inglés), con sede en Bruselas.
"El problema es que esa estrategia legal plantea graves riesgos para la frágil atmósfera de paz y seguridad en Sudán, con la posibilidad de incrementar mucho el sufrimiento de gran cantidad de personas", agregó.
El presidente del ICG, Gareth Evans, indicó que el Consejo de Seguridad debe decidir cuál es el medio más efectivo para presionar a Sudán a poner fin a la violencia y reconstruir la nación.
"Esto puede hacerse dejando que el procedimiento judicial continúe o, luego de evaluar la respuesta del régimen y supervisarla en el futuro, suspender las acciones del tribunal en aras de los intereses del proceso de paz", afirmó.
Bill Fletcher Jr., editor ejecutivo del sitio de Internet BlackCommentator, estima que las acciones del CPI son, en el mejor de los casos, "extemporáneas".
"No hay duda de la responsabilidad de Al-Bashir en los horrores sufridos por la población de Darfur, pero la acusación no ayuda al proceso de paz y esto es lo que debe preocuparnos", dijo a IPS.
"Al-Bashir y sus secuaces pueden ser llevados en última instancia a rendir cuentas por Darfur, pero lo fundamental es lograr una solución de largo plazo a la crisis política", agregó Fletcher.
El viernes, el Consejo de Paz y Seguridad de la UA declaró que "la búsqueda de la justicia debe ser perseguida en una forma que no impida o ponga en riesgo los esfuerzos para promover una paz duradera".
Esta implícita declaración de apoyo a Al-Bashir agregó que la UA está "preocupada" por el "uso incorrecto" de las acciones legales "contra líderes africanos".
El gobierno de Sudán ha llamado a una reunión de emergencia de la Liga Árabe, de la cual forma parte. Lo más probable es que ese organismo regional le brinde su apoyo.
Para Pace, si el empleo de una herramienta de paz pone en riesgo a otras disponibles para el mismo objetivo, corresponde a los responsables de emplearlas, en este caso el Consejo de Seguridad de la ONU, definir la cuestión, no a los fiscales o jueces de la CPI.
"Ellos sólo realizan el trabajo que les encomienda la comunidad internacional", argumentó. Hay tres formas, dijo, para que el tribunal internacional tome un caso en sus manos.
La primera es que los Estados reclamen su intervención, la segunda que los fiscales actúen independientemente buscando apoyo para llevar adelante un proceso.
La tercera vía consiste en que varios de los gobiernos que dieron origen al estatuto de la CPI se pongan de acuerdo para permitir al Consejo de Seguridad que envíe casos al tribunal. Esto permite imponer la jurisdicción internacional sobre los 192 miembros de la ONU, hayan ratificado o no el tratado de creación de la CPI.
Esto es consistente con la autoridad que la Carta de la ONU otorgó al Consejo de Seguridad y que ha sido ejercida en múltiples ocasiones, con la creación de tribunales especiales.
"Frente a este curso de acción los argumentos del gobierno de Sudán contra la jurisdicción de la CPI carecen de mérito", aseguró Pace a IPS.
Se puede argumentar que tres de los cinco miembros con poder de veto en el Consejo de Seguridad, China, Estados Unidos y Rusia —los otros son Francia y Gran Bretaña—, están empleando un tribunal internacional cuyo tratado no han ratificado. Es decir, que gozan de una excepción especial en el derecho internacional.
Las cinco grandes potencias, agregó Pace, deben haber sido concientes de que el CPI actuaría contra el gobierno sudanés y los grupos rebeldes responsables por la actual situación, por lo que la acusación no debería sorprenderlas.
China y Rusia son grandes vendedores de armas al régimen de Sudán y Beijing un importante importador de petróleo de ese país.
"Las grandes potencias deben hacerse responsables, salvo que quieran permitir que una situación ya catastrófica empeore aún más. Culpar a una 'curita', la CPI, por hacer que una herida se agrave es ridículo", concluyó Pace.
