California es «disfuncional» a la hora de dictar condenas capitales, según una comisión oficial de ese estado del occidente de Estados Unidos. Si no se implementa una costosa reforma al sistema, advirtió, será ineludible clausurar los pabellones de la muerte.
"Llegó la hora de pensar una reforma franca y honesta", recomienda el informe de 145 páginas elaborado por la Comisión para un Sistema Judicial Justo, que investiga el asunto desde que fue creada por el Senado del estado hace cuatro años.
"Los testigos describieron un sistema a punto de colapsar", que está "quebrado" y supone "una promesa vacía", señala el informe.
Según la comisión de 22 miembros, es imprescindible un aumento anual de 95 millones de dólares a los más de 100 millones que gasta California en la acusación, defensa, mantenimiento y eventual ejecución de sus condenados a muerte.
El estado también debería destinar 400 millones de dólares para instalar un nuevo centro de detención, que alivie el hacinamiento crónico de la prisión de San Quintín, de 150 años.
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El estado atravesó una grave crisis económica y los legisladores no se mostraron dispuestos a aprobar más fondos para reformar el sistema, indicó Natasha Minsker, directora de políticas sobre pena de muerte de la no gubernamental Unión para las Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU, por sus siglas en inglés).
"La principal recomendación es gastar más en abogados. Y no hay más dinero", dijo Minsker a IPS. "Creo que no es el principio del fin: es el final del fin."
Pero aun si se implementaran las recomendaciones del estudio, sería necesario concretar cinco ejecuciones al mes durante 12 años para terminar con el "atraso" en el "destino final" de 670 condenados en los pabellones de la muerte.
La cantidad de condenados a la pena de muerte de California, el mayor del país, obedece a que ese estado tiene 21 delitos punibles con la pena capital.
Pero otra razón es que los condenados pasan muchos años presos a la espera de que termine el proceso de apelaciones. La falta de abogados de oficio demora las audiencias, sostiene el informe.
La enorme mayoría de los convictos son pobres y tienen derecho a asistencia legal. Pero las oficinas de abogados de oficio no tienen suficientes fondos por lo que los presos esperan, en promedio, entre tres y cinco años antes de que se les asigne un profesional.
Las ejecuciones no se programan hasta que no se hayan agotado las tres instancias de apelación. Y, en estos momentos, 79 presos no pueden presentarse a la primera porque no tienen asignado un abogado.
La demora significa que las 13 personas ejecutadas en California desde 1977 pasaron, en promedio, 17 años presos, respecto de los 12 años que suelen estar en otros estados.
Catorce convictos de California se suicidaron a la espera de las ejecuciones y 38 murieron por causas naturales.
Setenta por ciento de los presos que apelaron se beneficiaron de nuevos juicios o audiencias, lo que demuestra el porcentaje de errores judiciales.
Desde 1977 se revirtió la sentencia de 98 condenados a muerte en California. El tiempo promedio para que un tribunal estatal revierta un fallo es de 11 años.
La Comisión también estudió el costo de conmutar el máximo castigo por cadena perpetua sin libertad bajo palabra. Eso reduciría el gasto actual de más de 100 millones de dólares a 11,5 millones de dólares.
El dinero podría utilizarse para prevenir del delito, investigar casos aún no resueltos y contratar más policías, patrullas de carretera y profesores, dijo a IPS Elizabeth Zitrin de la organización Death Penalty Focus, de California.
La Comisión no se inclinó por ninguna opción en particular. Pero algunos integrantes se sintieron obligados a adjuntar al informe opiniones divergentes y aclaraciones.
"California debe seguir la tendencia de otras sociedades civilizadas que concluyeron que la pena de muerte debe ser abolida", sostuvo uno de los grupos citados en el informe.
Al realzar la demora en ofrecer asistencia legal a los presos, el informe puede ser utilizado por abogados para cuestionar la legalidad del sistema californiano, sugirió Minsker.
Si un juez falla a favor de alguien que fue condenado en una instancia anterior, el caso congela todo el sistema de la pena de muerte en el estado hasta que se asignen más fondos a los abogados de oficio.
A tal punto es así que en California rige, de hecho, una moratoria sobre las ejecuciones debido a tres recusaciones contra el método de la inyección legal.
"El presidente de la Corte Suprema de Justicia del estado de California afirmó ante la comisión que si no se hace nada, la pena de muerte caerá por su propio peso. Si cree que es tan disfuncional, ¿cuánto tiempo puede pasar antes de que intervenga a favor de un preso?", preguntó Minsker.
Organizaciones abolicionistas como la ACLU y Death Penalty Focus llevan adelante una campaña con vistas a que la población se expida acerca de mantener, o no, el máximo castigo a realizarse en las próximas elecciones estatales de noviembre de 2010, la única forma de terminar con la pena de muerte en California.
Para ello organizan conferencias y talleres acerca de los costos, las desigualdades raciales o cómo la pena de muerte es inútil a los efectos de disuadir a los delincuentes.
"Nos centramos en cómo la pena de muerte impacta en sus comunidades locales. Diez de los 58 condados del estado registran la mayor cantidad de condenas a muerte. Nosotros hablamos de cuánto le cuestan esos condados a los otros. Es un asunto local", indicó Minsker.
A pesar de la absolución de seis condenados a muerte en California, la posible ejecución de un inocente no preocupa a los votantes de este estado, a diferencia de lo que sucede en otros.
El público californiano se mostró preocupado por el "desastroso" estado de las finanzas públicas, los costos de la atención a la salud privada y los recortes en la educación pública. "Eso es lo que motiva a los votantes", añadió.
Las conclusiones de la comisión acerca de las desigualdades raciales en la forma en que se aplica la pena de muerte debería ser un llamado de atención para los californianos, indicó Minsker.
El informe debería "acelerar cambios en otros estados", añadió Zitrin.
Al igual que en California, existen comisiones oficiales designadas por el gobierno para analizar el sistema de la pena capital en los estados que mantienen ese castigo en estados como Maryland, Nevada, Carolina del Norte y Tennessee.
En Arkansas, Missouri, Nueva Hampshire y Texas, entre otros estados, organizaciones abolicionistas llevan adelante campañas para que se creen las suyas.
En 2007, la comisión de Nueva Jersey recomendó abolir la pena de muerte. Ese estado se convirtió muy pronto en el primero en más de 40 años en derogar el castigo extremo.
