Una semana después de la ejecución en Irán de dos jóvenes, menores de edad en el momento de cometerse el delito por el que se los acusó, una red de la sociedad civil internacional urgió a ese país a tomar medidas contra esta práctica.
En la coalición participan Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Penal Reform International y Viviere, que condenaron este martes las ejecuciones de la semana pasada. También Iran Human Rights, Stop Child Executions y la Campaña Internacional por los Derechos Humanos en Irán.
"Irán ejecuta a varios niños cada año, a pesar de que eso está prohibido por el derecho internacional", indicaron las organizaciones. "Apelar a la pena de muerte es cruel e inhumano aun en el caso de adultos, para no hablar de los acusados por crímenes cometidos antes de que tuvieran 18 años de edad."
"La ejecución de menores infracciones es objeto de una prohibición absoluta en el derecho internacional, que es testimonio de la repugnancia del mundo hacia esa práctica", dijo a IPS Drewery Dyke, investigador de Amnistía en Londres.
"Es hora de que los funcionarios judiciales iraníes y otros dirigentes atiendan la preocupación de los muchos juristas y activistas de derechos humanos en Irán que, en repetidas ocasiones, han llamado a las autoridades a poner fin a esta práctica", agregó.
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Hassan Mozafari y Rahman Shahidi fueron ejecutados en la horca el 22 de julio, junto con un adulto, Hussein Rahnana, en Bushehr. El tribunal penal de esa meridional ciudad iraní los condenó por violación.
Otro menor condenado por el mismo acto, Mohammad Pezhman, fue ejecutado en mayo de 2007, y dos adultos, Behrouz Zangheneh y Ali Khorramnejad, en octubre pasado.
"Las ejecuciones de Mozafari y Shahidi son extremadamente perturbadoras", dijo a IPS Clarisa Bencomo, a cargo de las investigaciones sobre Medio Oriente y África septentrional de la División de Derechos de la Infancia de Human Rights Watch.
"La arbitrariedad de estas ejecuciones queda de manifiesto por la conmutación de la pena de dos condenados por homicidios cometidos cuando eran menores, perdonados por las familias de las víctimas", agregó.
"Las autoridades iraníes deberían dejar de dar excusas y cambiar sus leyes para asegurarse de que nadie sea ejecutado por un delito cometido cuando era menor de 18 años", sostuvo Bencomo.
En 2007, Irán realizó al menos ocho ejecuciones de ese tipo. Con las de Mozafari y Shahidi, las de este año suman, hasta ahora, cuatro. Ningún otro país ejecutó en 2008 esta modalidad de condena.
"Esto es muy preocupante, pues se exhibe una gran determinación a ignorar el derecho internacional", dijo a IPS por teléfono Hadi Ghaemi, coordinador de la Campaña Internacional para los Derechos Humanos en Teherán.
"Al mismo tiempo, los ahorcamientos masivos, como el de 29 hombres en la cárcel de Evin el 27 de julio, muestran a un Poder Judicial sediento de sangre, que quiere intimidar al público con su propensión a la violencia extrema", afirmó.
Activistas de derechos humanos consideran que la situación de los menores ejecutados en Irán alcanzó niveles críticos. Al menos 132 esperan la ejecución en este país. La cantidad real podría ser mucho mayor.
La semana pasada, dos jóvenes condenados por homicidios cometidos cuando eran menores, Sa'eed Jazee y Reza Sheshblooki, esquivaron el patíbulo luego de ser perdonados por familiares de sus víctimas.
"Es escandaloso que no se identifique públicamente a los ejecutados, no se informe sobre los delitos que supuestamente cometieron ni de las evidencias para condenarlos", indicó Ghaemi.
"Irán está intentando demostrar que controla la situación interna mientras participa en negociaciones sobre su desarrollo nuclear. Pero al hacerlo de manera tan violenta, demuestran, en realidad, su flagrante inseguridad", añadió.
El 8 de julio, 24 grandes organizaciones internacionales y regionales reclamaron a Irán que pusiera fin a las ejecuciones de personas menores en el momento de cometido el delito por el que se las condenó.
En diciembre pasado, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas manifestó su preocupación, pues estas muertes son "contrarias a las obligaciones de la República Islámica de Irán bajo el artículo 37 de la Convención sobre los Derechos de la Infancia y el 6 de la Convención Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos"..
Según Bencomo, "no puede haber justicia en un sistema donde tribunales de bajo rango violan repetidamente los procedimientos sin que los de apelaciones hagan otra cosa que estampar su sello en malas sentencias".
"Si Irán quiere que el mundo lo reconozca como líder, debe actuar como si lo fuera, y eso implica detener las ejecuciones de menores y reformar seriamente su sistema judicial", concluyó.
La Asamblea General de la ONU llamó en diciembre a los Estados a respetar una moratoria de las ejecuciones con miras a la abolición total de este castigo extremo.
Irán continúa ignorando la tendencia mundial hacia el fin de la pena capital. En lo que va del año ya ejecutó a 191 personas, por lo que es el país que más homicidios de Estado comete, excepto China, cuya población es 18 veces mayor.
