La decisión de las autoridades italianas de tomar huellas digitales a las comunidades nómades, principalmente la roma (gitanos), fue apoyada por varios habitantes de Rumania, a pesar de las declaraciones de algunos funcionarios de gobierno que consideran la medida discriminatoria.
Según la organización de derechos humanos italiana Opera Nomadi, unos 160.000 gitanos viven en Italia. La mayoría de ellos en campamentos a las afueras de las ciudades. Unos 60.000 provienen de Rumania, donde existe la mayor comunidad de gitanos: cerca de 2,5 millones en una población de 22 millones.
Se cree que esta comunidad llegó a Europa desde India en el siglo XIV.
Luego de que se informara que varios gitanos, en su mayoría procedentes de Rumania, cometieron delitos en Italia, el gobierno de centroderecha de ese país declaró el 21 de mayo un año de estado de emergencia para las colonias de comunidades nómades en las regiones de Campania (sur), Lombardia (norte) y Lazio (centro).
Las ordenanzas que acompañan el estado de emergencia permiten a los prefectos de esas regiones realizar rastreos de identidad, incluyendo toma de huellas dactilares a todas las personas, incluso a las que no son consideradas peligrosas o sospechosas de cometer crímenes.
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Autoridades en la meridional ciudad de Nápoles y en la septentrional de Milán declararon su intención de tomar huellas a todas las comunidades nómades, incluso a los niños y niñas, que viven en campamentos fuera de las ciudades.
Las autoridades italianas luego anunciaron que todos los ciudadanos tenían que tomarse huellas digitales para sus tarjetas de identificación civil antes de 2010. Pero esto no agradó a grupos defensores de los derechos humanos. El Consejo de Europa, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y Amnistía Internacional, entre otros, condenaron la decisión de los prefectos.
Asimismo, el Parlamento Europeo adoptó la semana pasada una resolución "instando a las autoridades italianas a abstenerse de proceder a la recolección de huellas digitales de los roma, incluyendo a menores, porque ello constituiría un acto de discriminación basado en raza y origen étnico, prohibido por el artículo 14 de la Convención Europea sobre Derechos Humanos".
"Además, sería un acto de discriminación entre ciudadanos de la UE de origen roma o nómade y aquellos que no lo son y no están obligados a esos procedimientos", añade.
"En el caso de Italia, no es tanto la toma de huellas dactilares lo preocupante, sino el hecho de que se haga en base a la etnia", sostuvo el europarlamentario Magor Csibi, de Rumania, uno de los autores de la resolución.
"Si hablamos tanto de inclusión social en todas las políticas europeas, no podemos aceptar una campaña que estigmatice a todo un segmento de la población. No podemos hacer generalizaciones sobre la base de raza o de etnia. Además, lo que es más preocupante la toma de huellas dactilares a niños, pues rompe con todas las normas en la legislación europea", indicó.
"Si los gitanos en Italia no tienen documentos de identificación, esto es una prueba de la ineficiencia de las autoridades italianas", dijo Csibi a IPS. "Los nómades y los campamentos de nómades han existido en Italia por años. No aparecieron simplemente en los últimos meses. Estas personas tienen que tener documentos y no pueden ser tratadas como un grupo de criminales", añadió.
Muchos gitanos en Rumania carecen de documentación y viven en difíciles condiciones. Pero lo acontecimientos en Italia provocaron escasa discusión en Rumania sobre la responsabilidad de este país en la discriminación de los roma.
Las autoridades rumanas se distanciaron de inmediato del gobierno italiano condenando la toma de huellas dactilares. "Para el gobierno rumano, observar los derechos humanos es una prioridad", dijo el primer ministro Calin Popescu Taricenau. "No podemos acepar que ciudadanos rumanos sean objeto de prácticas discriminatorias que no respetan la dignidad humana".
Haciendo eco de las declaraciones de políticos, varias organizaciones no gubernamentales rumanas -la Agencia para la Vigilancia de la Prensa, Romani Criss y la Agencia para el Desarrollo Comunitario-junto al canal periodístico de televisión Realitatea TV, iniciaron una campaña para solidarizarse con los gitanos en Italia pidiéndole a la población que voluntariamente grabe sus huellas digitales en unas listas a ser presentadas en protesta a las autoridades italianas.
Miles de huellas digitales fueron recolectadas en todo el país. Figuras públicas de los medios y de la escena cultural expresaron su apoyo a la causa, y algunos políticos, como el ministro del Interior, Cristian David, enviaron sus propias huellas digitales.
Pero la campaña desató gran controversia. Miles de mensajes de protesta contra ésta fueron enviados a Realitatea TV, la principal promotora de la iniciativa. Las encuestas realizadas por el canal rival Antena 3 y un par de diarios nacionales indicaban que alrededor de 90 por ciento de los consultados estaban de acuerdo con las medidas de control contra los roma y señalaron que la campaña era "hipócrita".