Uno de sus hijos fue enviado a Iraq y el otro, que acaba de cumplir 18 años, está por ingresar a la armada. Pero, pese a ser la madre de dos soldados, Annette McWashington Pruitt no puede votar en las inminentes elecciones presidenciales de Estados Unidos.
Esto se debe a que las leyes de su sudoriental estado natal de Alabama no permiten que personas que cometieron delitos graves participen en los comicios.
Pruitt no puede ejercer su derecho a sufragar porque en 2003 fue condenada por receptar propiedad robada.
Igual que Pruitt, cuando llegue noviembre, millones de ciudadanos estadounidenses no tendrán permitido votar en las elecciones presidenciales por haber estado presos por determinados delitos.
Según la Unión Nacional de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU, por sus siglas en inglés), actualmente hay una combinación de leyes que, aunque inconsistentes de un estado a otro, impiden que 5,3 millones de ciudadanos con un pasado delictivo puedan sufragar.
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Hace poco más de una semana, la ACLU presentó una demanda en Alabama que desafió la decisión de las autoridades electorales de rechazar el pedido de Pruitt de registrarse para votar.
Los abogados de la ACLU alegan que las autoridades electorales estaduales no tenían derecho de rechazar la postulación de Pruitt porque nunca se consideró que el delito por el que la condenaron en 2003 ameritara que el órgano legislativo estadual la privara del derecho al voto.
La ley del estado de Alabama permite que una persona condenada por un delito que involucra "bajeza moral" se postule al restablecimiento de sus derechos al voto ante la Junta de Indultos y Libertades Condicionales, pero el postulante debe haber pagado todas las multas, tarifas judiciales, costos y restituciones asociadas con su sentencia antes de ser apto para sufragar.
Los defensores del derecho al voto dicen que negarlo en base a la incapacidad de pagar estas sumas equivale a una discriminación basada en los ingresos.
"No hay un interés gubernamental convincente o legítimo de mantener un sistema de registro de votantes basado en la riqueza, que no es más que un moderno impuesto electoral", dijo Olivia Turner, directora ejecutiva de la ACLU en Alabama.
"Todos conocen la fea historia de los derechos al voto en Alabama. Es decepcionante que la discriminación basada en los ingresos, y una privación completamente arbitraria del derecho al voto, continúen premiando nuestro sistema electoral. Estas prácticas tienen que terminar", sostuvo.
El órgano legislativo del estado de Alabama adoptó una lista de unos 15 delitos serios que encajan en la definición de "bajeza moral" meritoria de la privación del derecho a sufragar.
Pero, como denunció la ACLU, en 2005 el fiscal general del estado elaboró su propia lista, más amplia, de delitos que podrían desembocar en este castigo. Su lista incluye 16 delitos, entre ellos pagar con un cheque sin fondos. También se dice que las autoridades electorales están rechazando postulaciones de votantes por delitos no mencionados en la lista del fiscal general.
Los activistas por los derechos de los votantes temen que, además de quienes cometieron delitos alguna vez, cientos de miles de ciudadanos tampoco puedan participar en los comicios presidenciales si no se superan algunos otros vacíos en el sistema electoral actual antes de noviembre.
Algunos estudios muestran que las elecciones de 2000, en las que ganó el presidente George W. Bush por un margen menor a 500 votos en el sudoriental estado de Florida, estuvieron plagadas de una variedad de problemas, entre ellos la intimidación de votantes de las minorías por parte de las autoridades locales.
Como sugiere un estudio realizado en 2001 por el Instituto de Tecnología de California y el Instituto de Tecnología de Massachusetts, Alrededor de cuatro millones de ciudadanos de todo el país fueron privados del derecho al voto en 2000. O bien se les impidió sufragar o bien se invalidaron sus votos debido a papeletas mal diseñadas.
La situación no fue muy diferente en las elecciones de 2004, aunque miles de ciudadanos, entre ellos expertos legales, adoptaron un rol activo en los esfuerzos de la independiente Election Protection en todo el país.
Quienes hicieron campaña por un mayor registro de votantes acusan a los dirigentes republicanos de intentar mantener intacto el actual sistema electoral debido a temores en cuanto a que una gran cantidad de jóvenes, miembros de minorías y ciudadanos naturalizados coten en contra de su agenda conservadora.
"Los republicanos han trabajado contra las reformas electorales significativas en cada momento", dijo Tanya Clay House, de la organización independiente People for the American Way.
Hace poco, los republicanos se opusieron fuertemente a una iniciativa en la Cámara de Representantes para exigir papeletas de emergencia en casos en que las máquinas colapsaran el día del acto electoral.
El proyecto fue bloqueado por los republicanos hace aproximadamente dos semanas. Decepcionada con esa reacción, la Cámara agregó en una declaración escrita: "Las papeletas de emergencia son precisamente para emergencias. Así que ¿cuál es el problema?".
De aprobarse, el proyecto habrá estandarizado los procedimientos electorales ya implementados en algunos estados. El texto, según la Cámara, habrá requerido un "costo mínimo comparado con lo que nosotros gastamos para proteger el voto para los ciudadanos que están en otros países".
Las leyes de identificación de votantes en ciertos estados también son motivo de creciente preocupación para las organizaciones de derechos humanos. En abril, en una decisión tomada por la mayoría, la Suprema Corte de Estados Unidos ratificó una ley del central estado de Indiana que requería a los votantes presentar identificación fotográfica en los centros de votación, pese a los argumentos de abogados de derechos civiles en cuanto a que eso depositaría una carga adicional sobre votantes pobres y pertenecientes a minorías.
Hay millones de votantes aptos que no tienen las identificaciones que requieren estas leyes. Entre ellos, "ciudadanos adultos que no conducen automóviles, estudiantes, discapacitados, personas de bajos ingresos, todos los cuales tienen derecho a votar", dijo Kathryn Kolbert, presidenta de la People for the American Way Foundation, una organización de derechos humanos.
"Estas leyes buscan eliminar la concurrencia de votantes" a las urnas, agregó.
Las controversias en torno a si es justo el sistema electoral estadounidense han concitado la atención internacional. Hace poco, el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), con sede en Ginebra, criticó el hecho de que en varios estados no se permita votar a personas que alguna vez cometieron delitos, una vasta mayoría de las cuales son negras y de otras minorías étnicas en desventaja.
En respuesta a quejas de organizaciones de derechos humanos con sede en Estados Unidos, el organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) urgió a este país a abordar el asunto de las prácticas discriminatorias contra esos sectores de la población.
Mientras, la semana pasada, Amnistía Internacional declaró que se unía a la organización estadounidense de derechos humanos Rock the Vote y a otras que lanzaron una campaña en todo el país para asegurarse de que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto este año.
"Según el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos tienen derecho a participar en elecciones gubernamentales y abiertas", dijo Larry Cox, de Amnistía.
