Organizaciones de derechos humanos de todo el mundo celebrarán este jueves el décimo aniversario de la aprobación del Estatuto de Roma, constitutivo de la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en la ciudad holandesa de La Haya.
Se trata del primero y único tribunal penal internacional permanente a cargo de procesar a acusados de perpetrar genocidios, crímenes de guerra y contra la humanidad.
"Tenemos esperanzas de que la CPI dé cierto alivio a las víctimas sobrevivientes y a las comunidades castigadas al condenar a los culpables", dijo en Roma, en aquel histórico 17 de julio de 1998, el entonces secretario general de la ONU, Kofi Annan.
"Más importante aún: esperamos que disuada a futuros criminales de guerra y nos acerque al día en que ningún gobernante, ni Estado, ni junta, ni ejército pueda violar los derechos humanos con impunidad", añadió.
Tras la caída del muro de Berlín en 1989, Trinidad y Tobago dio el primer paso hacia un postergado deseo de la comunidad internacional al proponer a la Asamblea General de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) la creación de un tribunal penal permanente.
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Mientras se creaban tribunales especiales para los crímenes de guerra durante la secesión de Yugoslavia en los años 90 y para el genocidio cometido en Ruanda en 1994, se redactó ese año un borrador luego aprobado con el nombre de Estatuto de Roma en 1998.
La Corte Penal Internacional entró en vigor el 1 de julio de 2002 cuando los 60 países necesarios suscribieron el Estatuto. Hasta ahora lo ratificaron 106. Entre los que no lo hicieron figuran China, Estados Unidos, India e Israel.
A principios de este mes, el ex líder rebelde congoleño Jean-Pierre Bemba fue transferido de Bélgica a la sede de la CPI para ser procesado por numerosas acusaciones de crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en República Centroafricana.
El fiscal Luis Moreno Ocampo, de Argentina, pidió el lunes la detención del presidente de Sudán, Omar Hassan Al-Bashir, por cargos de crímenes de guerra, contra la humanidad y genocidio, a causa de la violencia en la occidental región sudanesa de Darfur.
La organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) divulgó el viernes en La Haya una evaluación de 244 páginas de los últimos cinco años de trabajo de la CPI.
El informe "Courting History: The Landmark International Criminal Court's First Years" ("Cortejando a la Historia: Cinco años decisivos de la CPI") analiza los avances considerables y las flaquezas del tribunal.
Hubo avances en términos de investigaciones y cargos penales, así como en la creación de medidas de protección de testigos y funcionarios de campo, remarcó el informe.
La insuficiente capacidad de investigación, en especial contra los que tienen amplia trayectoria, pueden estar en el origen del problema, indicó HRW.
La CPI sólo puede actuar cuando los tribunales nacionales no pueden o no están dispuestos a procesar delitos. Pero carece de un órgano que cumpla con sus órdenes de detención y, por lo tanto, depende extremadamente de la colaboración de los gobiernos.
La CPI debe embarcarse en programas más sólidos y adaptables para aumentar su impacto sobre las comunidades más afectadas, recomendó HRW.
"Es hora de que la institución salga de su caparazón", dijo en la presentación del informe el asesor del programa de justicia internacional de HRW, Parampreet Singh.
"La clave del éxito de la CPI se basa, en gran parte, en su relevancia para las comunidades afectadas", apuntó Géraldine Mattioli, directora del programa internacional de justicia de la organización, que prevé presentar el análisis a funcionarios del tribunal y de los países parte.
"Utilizaremos el informe como base para ejercer más presión a fin de conseguir un apoyo continuo a la CPI", dijo Mattioli a IPS.
La Coalición para la Corte Internacional (CICC), una red de más de 2.500 organizaciones no gubernamentales que respaldan una CPI independiente, justa y efectiva, considera al documento de HRW como una "gran herramienta", dijo a IPS su portavoz en La Haya.
La CICC organizó varios acontecimientos para conmemorar el décimo aniversario de la adopción del Estatuto de Roma.
Uno de los actos se celebró el 3 de este mes en el Palacio de Paz en La Haya y contó con la participación de la princesa Máxima de Holanda.
El ministro de Relaciones Exteriores de Holanda, Maxime Verhagen, declaró ante diplomáticos, integrantes de otros tribunales internacionales, responsables de redactar el Estatuto de Roma y académicos que Holanda estaba orgullosa de ser sede de la CPI.
A diferencia de los tribunales especiales, "la CPI es permanente, está aquí para quedarse. El mundo debe agradecer eso", señaló Verhagen.
Holanda seguirá luchando por la adopción universal del Estatuto de Roma, apuntó.
Este país brinda apoyo técnico, desde la cuestión edilicia hasta el transporte de sospechosos, pero también apoyo político, como asistencia a las naciones en el proceso de suscripción o ratificación del Estatuto, concluyó.
