Cerca de las ocho de la noche, un autobús parte de un templo evangélico con unos 40 feligreses. Llueve intensamente. Tras dejar a varias personas en sus hogares, el vehículo es arrastrado sin remedio por la correntada de un riachuelo desbordado en el sur de San Salvador, junto con sus 32 pasajeros.
En medio de la desesperación, dos jóvenes trepan al techo del autobús y tratan de amarrarlo con una cuerda que les han lanzado algunos vecinos. Pero la cuerda se rompe. Fabricio Hernández salta sobre el borde de una casa segundos antes de que el vehículo sea arrastrado por el torrente y lanzado sobre el río Arenal, de unos cuatro metros de profundidad. Será el único sobreviviente.
Unos 150 metros río abajo, el autobús se parte en dos contra la columna de un puente, cuando el reloj marca las 8:50 del jueves 3 de julio. Los cuerpos de los pasajeros, entre ellos muchos niños, son arrastrados por el agua de varios afluentes hasta llegar al río Lempa, en el norteño departamento de Chalatenango, a unos 70 kilómetros de la capital. Dos de ellos aún continúan desaparecidos.
"A nosotros se nos ocurrió salir por la ventana (del autobús) para ver qué podíamos hacer, pero cuando actuamos fue demasiado tarde… Sólo yo pude saltar", relató a la prensa Hernández, de 16 años.
El desastre pudo haberse evitado, afirman ambientalistas, líderes religiosos y la Procuraduría de Derechos Humanos de El Salvador.
Por ejemplo, si el Ministerio de Obras Públicas (MOP) hubiese terminado "las obras de mitigación" que realizó en esa zona en 2005 pero que, de forma inexplicable, dejó inconclusas en el lugar del siniestro, dijo a IPS el pastor general Mario Vega, de la iglesia Elim, a la que pertenecían las víctimas.
Se trata del dragado y ampliación del cauce del río, la limpieza y la construcción de bóvedas y muros de contención, para evitar el desborde de las aguas. Según fuentes del MOP, se concluyeron las labores en 22 "sitios identificados de riesgo" en toda la capital, con una inversión de 80 millones de dólares, y sólo en el lugar de la tragedia se invirtieron unos 25 millones.
Pero las comunidades de la zona, Vega y arquitectos e ingenieros aseguran que ese sector quedó desprotegido.
El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Óscar Luna, demandó una investigación exhaustiva de responsabilidades y aseguró que las autoridades no cumplen con la ley de protección civil, prevención y mitigación de desastres, vigente desde 2005, que incluye el anuncio de alertas tempranas en circunstancias como la del 3 de julio.
La norma establece en su artículo uno el objetivo de "prevenir, mitigar y atender en forma efectiva los desastres naturales y antrópicos, y desplegar en su eventualidad, el servicio de protección civil, el cual debe caracterizarse por su obligatoriedad, continuidad y regularidad, para garantizar la vida e integridad física de las personas (…) y bienes privados y públicos".
El titular del MOP, Jorge Nieto, justificó la ausencia de alertas en que la cantidad de lluvia estimada para esa noche no excedía la capacidad de las obras de mitigación efectuadas unos metros arriba de donde sucedió la tragedia.
Los ríos llevan también aguas servidas.
La capital salvadoreña tiene 316.000 habitantes, según el censo de 2007. El Ministerio de Economía no pudo aclarar a IPS cuántos de ellos cuentan con servicio de alcantarillado. Unos 550.000 hogares tienen saneamiento en todo el país, en un total de casi 1,4 millones de viviendas.
Las "obras de mitigación" aunque muy bien hechas, no son "suficientes", dijo el ingeniero Francisco Romero en un artículo publicado en la revista virtual Raíces.
En la temporada lluviosa (de mayo a noviembre) San Salvador ha sido afectada históricamente por inundaciones causadas por los cinco ríos y riachuelos que lo atraviesan, sostuvo Romero. Miles de familias pobres han construido sus viviendas en sus riberas, formando cinturones de pobreza a lo largo y ancho de la ciudad.
En los últimos años, los populosos barrios Modelo, Candelaria, La Vega y Colonia Málaga, donde sucedió la tragedia, fueron inundados y evacuados. Varios residentes murieron y muchos perdieron todas sus pertenencias.
Residentes de esos barrios protestaron contra "el desinterés del gobierno por estas comunidades" y demandaron "la protección del ambiente y la construcción de más obras de mitigación" ya que estas zonas ahora son mucho más vulnerables.
Los cinco afluentes trasladan también residuos, incluso llantas y partes de refrigeradores.
Según Nieto, un "tapón de basura" obstruyó el paso de las aguas, provocando el desborde del Arenal. La población debe cesar la práctica de lanzar desechos a los afluentes, agregó.
Aunque los camiones recolectores de desechos domiciliarios recorren todos los distritos de San Salvador tres veces por semana, persiste el hábito de arrojar la basura en calles y arroyos, una práctica que no está penada.
Desde hace ocho años, los residuos del llamado gran San Salvador, conformado por 14 municipios, van a un relleno sanitario ubicado en Nejapa, a unos 10 kilómetros de la ciudad, que funciona de manera aceptable, según los técnicos.
Para el presidente del Centro de Tecnología Apropiada, Ricardo Navarro, el gobierno de Antonio Saca no ha actuado para prevenir los efectos del cambio climático, profundizando la vulnerabilidad ambiental de este país.
"La deforestación de las partes altas de San Salvador" donde se han construido proyectos urbanísticos gigantescos, ha reducido la capacidad de absorción de los suelos, permitiendo que las aguas de lluvia bajen con gran fuerza y en mayores cantidades, explicó.
En los últimos 15 años, se han construido varios centros comerciales y residenciales y de educación superior que han hecho desaparecer bosques y fincas de café en las zonas altas, áreas de recarga hídrica de todo el gran San Salvador.
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales no cuenta todavía con un estudio para precisar los daños que ha sufrido El Salvador por el cambio climático. Apenas se "comienza" a estudiar el fenómeno y a "revisar los escenarios y metodologías" que permitan identificar los efectos en este país y en América Central, dijeron a IPS fuentes de esa cartera.
El ambientalista Navarro también reclamó obras en la zona costera del departamento de La Libertad, donde el mismo día del desastre otras cuatro personas murieron y una desapareció en las aguas de los ríos Huiza y Chilama.
Las muertes son parte de la "crónica de una tragedia anunciada", concluyó Navarro.
