Estados Unidos debe implementar cuanto antes grandes cambios en sus políticas de desarrollo y de ayuda de emergencia para afrontar la crisis internacional de los precios de los granos, que pone en riesgo los recientes avances en la reducción de la pobreza de muchos países del Sur.
Así lo sugiere un trabajo elaborado por un grupo de estudio del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, que además propone por lo menos duplicar la ayuda alimentaria estadounidense a 3.200 millones de dólares al año y revisar la forma en que esta asistencia es entregada, como parte de una estrategia que pueda recibir fuerte respaldo tanto del gobernante Partido Republicano como del opositor Partido Demócrata.
Asimismo, colocar al desarrollo rural y a la productividad agrícola de los países pobres al tope de la lista de la agenda de ayuda exterior, revisando el continuo apoyo con subsidios a los biocombustibles para mitigar su impacto en la disponibilidad de cultivos clave, y hacer que la promoción de la agricultura de un país en desarrollo sea el principal objetivo de la política comercial de Washington.
"El costo de no hacer nada, de sentarse a un costado, es inaceptable y podría provocar que 100 millones de personas más sean arrastradas al hambre", alertó el senador demócrata Robert Casey, quien encabezó el grupo de estudio.
"Este es el momento para el liderazgo estadounidense en el escenario mundial. En un tiempo en que el liderazgo estadounidense es considerado débil y en bancarrota moral en el exterior, es nuestra oportunidad para demostrar la fuerza de Estados Unidos y su compromiso moral", indicó.
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El estudio, titulado "Una llamada para un enfoque estadounidense estratégico a la crisis alimentaria mundial", llega en medio de una alarma internacional por el aumento récord en los precios de los granos.
Junto a la comparable alza en los precios de la energía, la crisis alimentaria amenaza con llevar a por lo menos 100 millones de personas a la absoluta pobreza, según la Organización de las Naciones Unidas.
Muchos gobiernos se han visto obligados a incrementar drásticamente sus subsidios alimentarios para contener el descontento popular, mientras que otros 30 países limitaron o prohibieron las exportaciones de granos para mantener los precios internos lo más bajo posible.
De hecho, la crisis alimentaria es considerada la causa del colapso el martes de la última ronda de negociaciones de la Organización Mundial del Comercio en Ginebra. Los países pobres resistieron las presiones de Estados Unidos y de otros grandes exportadores de granos para que dejen de aplicar aranceles y otras medidas destinadas a proteger a su propia producción.
En una carta a los líderes del Grupo de los Ocho (G-8) países más poderosos, en vísperas de su cumbre celebrada a comienzos de este mes en Japón, el presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, alertó que ese organismo y su institución hermana, el Fondo Monetario Internacional, necesitaban al menos unos 10.000 millones de dólares para proveer créditos de corto plazo a los países necesitados para afrontar lo que ellos calificaron de "catástrofe causada por el hombre".
El estudio citó media docena de causas de la crisis, incluyendo el drástico incremento en los precios de la energía y de los biocoumbustibles en base a maíz, la creciente demanda de cereales, particularmente en las economías de rápida expansión como China e India, la disminución de la producción debido al "mal tiempo, vinculado posiblemente al cambio climático", y la falta de inversiones las décadas pasadas para la agricultura y la tecnología del Sur.
También señaló "graves distorsiones" en la producción agrícola mundial y en el sistema comercial, que "estructuralmente favorece la producción de los países ricos y perjudica a los productores en las naciones pobres".
Asimismo, indicó que, en caso de emergencia alimentaria, Estados Unidos tardaría por lo menos seis meses para alcanzar a los afectados debido al requisito de que toda la ayuda tiene que ser producida internamente y transportada en barcos estadounidenses.
Para resolver esos problemas, el informe propuso reformar el programa de asistencia estadounidense, y que Washington aumente a 3.200 millones de dólares su presupuesto de asistencia alimentaria anual, de los cuales por lo menos 50 por ciento deben ser destinados a agencias multilaterales, como el Programa Mundial de Alimentos, y a instituciones privadas de caridad que estén lo más cerca posible de las áreas necesitadas.
Dentro de cinco años, al menos 75 por ciento de la ayuda debería ser provista de esta manera, propone el informe.
