La gente que usa el transporte público en El Salvador quedó atrapada entre la carestía del combustible, los reclamos de mayores subsidios de las empresas y el silencio del gobierno.
"El incremento de tarifa nos ha caído como un balde de agua fría", dijo Cecilia de Guevara y culpó al gobierno por "no hacer nada" ante la crisis del transporte público, que se agudizó a inicios de esta semana, cuando dos autobuses fueron quemados, supuestamente por estudiantes, en aparente represalia por el aumento del precio del servicio, resuelto sin aval de las autoridades.
Mientras esperaba abordar el autobús en el populoso barrio Zacamil, en el norte de la capital salvadoreña, Guevara señaló que si bien el precio del petróleo afecta a todo el mundo, "el gobierno se lava las manos y permite que las petroleras impongan el precio que se les antoja".
Estos aumentos nos obligan a "dejar de comprar otras cosas para pagar la nueva tarifa", aseguró Guevara, una secretaria que percibe un salario de 180 dólares mensuales.
A mediados de mayo, los empresarios aumentaron el precio del billete para varias rutas del gran San Salvador (zona suburbana), de 25 a 35 centavos de dólar y de hasta 40 por ciento para los trayectos de autobuses interdepartamentales (de media distancia), sin autorización del Viceministerio de Transporte, encargado de regular el transporte público.
El lunes, ocho encapuchados armados con pistolas y machetes interceptaron a dos autobuses, obligaron a los pasajeros y a los conductores a apearse y procedieron a incendiarlos frente a la estatal Universidad de El Salvador (UES), según informó la policía.
Al día siguiente, miembros de la Brigada Revolucionaria de Estudiantes de El Salvador quemaron llantas cerca de la UES, en protesta por la suba de precios.
Algo similar había ocurrido en 2006 y en 2004, con los transportistas decretando aumentos ante la actitud pasiva de las autoridades, aseguran especialistas. En ambas ocasiones, las empresas recibieron cientos de multas, pero, al final, un decreto legislativo las dejó sin efecto.
El gobierno y los transportistas, en tanto, continúan negociando un aumento del subsidio que recibe el sector, destinado a absorber el aumento del precio del gasóleo, que ha rebasado los cinco dólares por galón (3,7 litros).
Economistas, empresarios y gasolineras han acusado a las empresas petroleras de excederse en el traslado de los precios internacionales al mercado local y de prácticas monopólicas que les permiten controlar 80 por ciento del mercado: importación, venta mayorista, distribución y venta al detalle en las estaciones de servicio.
El Salvador depende de la importación de crudo y productos refinados.
Julio Villagrán, director la Asociación Salvadoreña de Distribuidores de Productos del Petróleo, concede que "el escenario internacional" de los hidrocarburos no puede cambiarse mucho, pero en el "ámbito local, el Estado tiene una gran deuda por no implementar acciones concretas para paliar la crisis".
Hay "abusos por parte de las transnacionales y bastante permisividad del gobierno" frente a estas prácticas, aseveró.
Mientras, el presidente de la Cámara Salvadoreña de la Industria del Transporte (Casit), Rodrigo Contreras sostuvo que la entidad "acordó que si la quema de unidades" continúa y no se logra "un acuerdo con el gobierno", se "irán a paro".
"Ya no podemos seguir soportando estos costos sin que el gobierno tome acciones" y la única forma de "seguir brindando el servicio es incrementar de hecho la tarifa", dijo Contreras, también portavoz de la Coordinadora Nacional del Transporte, que aglutina a la mayoría de los transportistas del país.
La entidad presentó tres semanas atrás al gobierno una propuesta integral para resolver la situación, pero todavía no ha recibido respuesta, por "falta de voluntad política", dijo.
La iniciativa de los transportistas incluye "triplicar la compensación económica actual" o conjugar varias medidas, como "establecer un precio tope al gasóleo de entre 2,50 y 3,50 dólares por galón, aplicación parcial o eliminación del Impuesto al Valor Agregado y del Fondo para Conservación Vial (Fovial) después un determinado precio del combustible y el incremento moderado de la tarifa".
En diciembre de 2007, el gobierno introdujo un nuevo impuesto al combustible de 10 centavos de dólar por galón para brindar una "compensación económica" mensual a los empresarios del transporte, que es de 400 dólares para los autobuses y de 200 dólares para microbuses.
En virtud de esa compensación, entre diciembre de 2007 y este mes, los transportistas recibieron 3,3 millones de dólares, pero los empresarios se quejan de que el subsidio se paga de forma "irregular y arbitraria".
Además, los salvadoreños pagan otros cuatro impuestos cargados al precio de los combustibles, uno de ellos el Fovial, fijado en 20 centavos de dólar por galón y destinado al mantenimiento y reparación de carreteras.
El viceministro de Transporte, Felipe Moreno, "condenó" la quema de autobuses, prometió que "pronto oficializará" una oferta a los transportistas en materia de subsidios, y rechazó cualquier otra medida compensatoria.
La semana pasada, la gobernante y derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), del presidente Antonio Saca, y los Partidos de Conciliación Nacional (PCN) y Demócrata Cristiano (PDC) aprobaron un nuevo impuesto a las llamadas telefónicas internacionales entrantes para financiar "programas sociales" e "incrementar el subsidio" al transporte, sin que hasta ahora se sepan los montos que se destinarán a cada rubro.
Según la policía, los transportistas adeudan al Estado más de medio millón de dólares correspondientes a unas 9.300 multas por aumentos no autorizados de tarifas y otras faltas. Esta vez las autoridades han prometido que "no serán perdonadas".
Óscar Luna, procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, que gestiona una mediación entre el gobierno y los transportistas, dijo a la prensa que "urge que las partes se pongan de acuerdo para encontrar una solución, de lo contrario la crisis social se agudizará aún más".
Los propios empresarios han reconocido que el servicio de transporte público es deficiente, los usuarios son maltratados por los conductores, muchos vehículos están en mal estado y superaron su vida útil, e incluso han provocado cientos de accidentes con miles de muertos y lesionados.
La semana pasada, el conductor de un autobús agredió a un pasajero que se negaba a pagar el aumento no autorizado.
"El gobierno tiene gran parte de la culpa" por no implementar "una política para el transporte público", dijo a IPS un usuario, Alberto Lucero, auxiliar docente que viaja a diario en autobús.
Por más de 10 años, muchos viceministros de Transporte han prometido en vano ordenar el servicio, marcado por el caos.
Según el Viceministerio, circulan de forma legal 7.260 autobuses y 3.982 microbuses en todo el territorio. Pero se sabe poco de los servicios no autorizados.
