El vicefiscal general de Ghana, Kwame Osei-Bempah, está molesto porque el gobierno no procura abolir la pena de muerte y, en cambio, promovió a la Corte Suprema de Justicia a dos jueces que defienden a ese castigo.
La pena capital es "detestable", dijo Osei-Bempah a IPS. "No hay motivos por los que deba permanecer en nuestras leyes y códigos. Desafortunadamente, ningún gobierno ha tenido la voluntad política de abrir un debate al respecto."
Dos de los cuatro jueces propuestos por el Poder Ejecutivo para integrarse a la Corte suprema y avalados por el parlamento el mes pasado, Rose Owusu y Paul Baffoe-Bonnie, son favorables al mantenimiento de la pena de muerte en Ghana.
Owusu llegó, incluso, a aprobar específicamente el principio de la Ley del Talión, que se sintentiza en la cita bíblica "ojo por ojo y diente por diente". "Quien mata debe ser matado", afirmó la jueza.
La Biblia, según ella, es categórica, pues Jesús sentenció que "el que tome la espada debe morir por la espada".
[related_articles]
Las últimas ejecuciones en Ghana datan de 1993.
Para Owusu, la delincuencia sólo puede combatirse mediante duros castigos, y el Estado está obligado por la Constitución a ejecutar a los condenados.
El juez Baffoe-Bonnie expresó puntos de vista menos categóricos.
Los otros designados, Jones Victor Dotse y Anim Yeboah, se manifestaron a favor de la abolición.
Ambos manifestaron que el castigo es irreversible, lo cual conlleva la posibilidad de que por errores en la investigación policial o judicial se ejecute a quienes no cometieron ningún delito.
"Algunos inocentes han sufrido a causa de la condena para ser absueltos luego", dijo Dotse.
Por su parte, Yeboah, consideró que la pena de muerte no contribuye a "disuadir el delito".
Este castigo tiene connotaciones políticas en Ghana.
Tres generales del ejército y ex jefes de Estado, Akwasi Amankwa Afrifa, Kutu Acheampong y Fred Akuffo, fueron fusilados en 1979 junto con otros oficiales del ejército, luego de ser condenados por un Tribunal Popular instaurado en un golpe de Estado.
Cuando el actual presidente John Agyekum Kufuor llegó al poder en 2001, estableció un comité de siete miembros regido por el mariscal M.A. Otu para revisar el caso, el cual recomendó darle un entierro digno a los generales como reivindicación.
Los legisladores consultados por IPS sobre la opinión de los nuevos miembros de la Corte Suprema prefirieron guardar silencio. "Es un asunto muy controvertido", dijo uno que pidió mantener su identidad en reserva.
Nana Oye Lithur, coordinadora regional para África de la Iniciativa de Derechos Humanos de la Mancomunidad Británica de Naciones (CHRI), se mostró sorprendida por las escasas reacciones públicas ante las declaraciones de la jueza Owusu.
Lithur lo atribuyó al hecho de que la pena de muerte no figura entre las prioridades del gobierno y a que "nadie habla sobre ella".
La CHRI tampoco prestó mucha atención a este castigo, admitió la activista. Pero esto va a cambiar. La Iniciativa está "se comprometió a sensibilizar al público sobre el significado de la pena de muerte y por qué no debería permanecer en los códigos", dijo a IPS.
La organización de derechos humanos Amnistía Internacional realizó planteamientos públicos sobre el asunto, pero con escasos resultados, señaló.
Bonsu dijo que la población de Ghana debe tomar conciencia de que, a pesar de que no se lleven a cabo ejecuciones, la pena capital sigue vigente.
Funcionarios del Departamento de Justicia no pudieron detallar a IPS cuántos condenados a muerte esperan la ejecución en las cárceles de Ghana, ni cuántos aspiran a la conmutación de la pena.
Los registros de la policía y entregados a la oficina del fiscal general no fueron los mejores, explicó un funcionario que se negó a ser identificado.
Ghana todavía mantiene la pena de muerte para tres delitos: robo a mano armada, traición y asesinato intencional.
Las últimas ejecuciones se realizaron en julio de 1993, con el fusilamiento de 12 condenados por robo a mano armada y asesinato.
Ghana se abstuvo en la votación de la moratoria mundial de ejecuciones aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en diciembre pasado.