Indígenas del pueblo enxet siguen esperando en una miseria abrumadora la restitución de sus tierras ancestrales, casi tres años después de una condena impuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado paraguayo por usurpación de territorio y violación de derechos fundamentales.
Sus precarias chozas de madera están frente a las 15.000 hectáreas que por derecho les corresponden, pero que siguen en poder de la empresa agroganadera Loma Verde, que se dedica a la cría de ganado.
"Todo esto era nuestro", dice el anciano cacique Tomás Galeano, señalando el gran predio cercado por alambrados.
En tiempos precolombinos, los enxet poblaban gran parte de la rivera occidental del río Paraguay y las tierras adyacentes. Su territorio tradicional comprendía aproximadamente 7.000 kilómetros cuadrados.
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Galeano, líder histórico de la comunidad y uno de los principales propulsores de la lucha de los enxet, no recuerda su edad, pero mantiene vívidas las anécdotas de cuando salía a cazar con su padre y otros miembros de la tribu por el vasto territorio.
La caza sigue siendo uno de los medios de sustento de los aborígenes, pero se practica cada vez menos, porque no pueden ingresar a sus tierras.
El Estado paraguayo fue sentenciado en 2005 por la Corte Interamericana a devolver en un plazo máximo de tres años las tierras reivindicadas, pagar una indemnización por daños materiales, pedir disculpas públicas a los indígenas y brindar asistencia sanitaria y alimentaria permanente hasta tanto éstos volvieran a hacer uso de su territorio.
La sentencia estableció también la creación de un fondo especial de 950.000 dólares para proyectos educacionales, habitacionales, agrícolas y de salud, así como el suministro de agua potable y la construcción de infraestructura sanitaria.
El 13 de julio se cumplirá el plazo establecido por la Corte para la restitución de las tierras, pero "poco se ha hecho", admite a IPS el director del gubernamental Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), Amado Alvarenga.
"Hemos avanzado, pero de acuerdo a nuestro presupuesto", pues la Corte quería que cumpliéramos con "seguridad alimentaria, seguridad productiva y tierra propia, pero, como la capacidad del INDI no da para todo eso, lo que hacemos es demostrar que por lo menos tenemos interés", dijo.
Ese interés se expresó en la creación, este año, de un fondo de unos 600.000 dólares para la compra de la propiedad, según Alvarenga. Pero ese monto es la mitad del valor del predio, agrega.
Además, la empresa que ocupa las tierras se niega a venderlas, por lo que el único camino es la expropiación, que requiere una ley, alega. Se está elaborando un proyecto que será presentado ante la nueva legislatura que comenzará el 1 de julio, dice.
Sí se cumplió el pago de la indemnización, 45.000 dólares entregados en tres cuotas desde agosto de 2006. En asamblea, la comunidad decidió invertir el dinero en alimentos, medicamentos, vestimenta y otros artículos, como camas y sillas. Una parte se repartió equitativamente a cada uno de los miembros para uso personal.
En un hecho sin precedentes en la historia paraguaya, representantes del INDI, la cancillería y los ministerios de Salud y Educación reconocieron en diciembre de 2006 su responsabilidad en el abandono de estos indígenas, les pidieron disculpas y se comprometieron a cumplir la sentencia.
"Fue un acto lindo, pero quedó en puras promesas", dice Galeano a IPS.
Hoy las familias reciben alimentos, agua potable y atención sanitaria en forma esporádica e insuficiente.
La vivienda de Galeano fue construida con madera de palmera y chapas de zinc. No cuenta con agua corriente ni energía eléctrica. Para conseguir agua hay que caminar varios kilómetros hasta una laguna.
Abundan los problemas sanitarios, principalmente diarrea y otros males estomacales atribuibles al consumo de agua no potable.
En el idioma de los enxet, Yakye Axa significa "bosque de palmares", una especie endémica de la región chaqueña.
La suya es "la historia repetida que se da con las comunidades indígenas de nuestro país", cuenta a IPS Óscar Ayala, director de la organización no gubernamental Tierraviva, que asiste a los enxet en sus reivindicaciones territoriales.
"Eran tierras sobre las cuales no tenían título escrito de propiedad, y que fueron transferidas de mano en mano desde hace 100 años, cuando el Estado las privatizó", agrega.
Los enxet vivieron en este territorio hasta 1984, cuando persuadidos por la Iglesia Anglicana emigraron hasta una propiedad adquirida por los misioneros a unos 300 kilómetros más al norte de la región chaqueña.
"La gente salió de la mano de la Iglesia Anglicana, que en aquel tiempo tenía por política crear algunas colonias. La familia de Yakye Axa, luego de estar un tiempo, no se adaptó y decidió volver a su antiguo hábitat", recuerda Ayala.
Galeano fue uno de los primeros en regresar en 1993, pero los entonces "propietarios" ya no le permitieron el ingreso. Decidió entonces acampar a la vera de la ruta e iniciar las gestiones ante el gobierno para la recuperación del terreno.
Poco a poco se fueron sumando otros a su cruzada. Una década después y tras infructuosas gestiones, con ayuda de Tierraviva y el no gubernamental Centro por la Justicia y el Derecho Internacional acudieron al sistema interamericano para iniciar la demanda contra el Estado.
"Vamos a continuar con la lucha. El Chaco es de los indígenas, así que no podemos perder. No nos vamos a cansar tampoco", dice Freddy Flores, miembro de la comunidad.
Más allá del idioma y la organización comunitaria, el rasgo que más resalta al recorrer la comunidad es la apabullante lista de carencias.
Reducidos a la más absoluta pobreza, muchos de estos indígenas se vieron obligados a desempeñar el papel de mano de obra barata en las fincas.
La escuela es un aula de madera con techo de zinc, donde cuarenta niñas y niños toman clases en dos turnos.
"Enseñamos preescolar, primero y segundo grado", cuenta la profesora Rodika Mabel. Los alumnos deben compartir los pocos pupitres donados o sentarse en el suelo. Tampoco hay elementos didácticos.
Según Tierraviva, el analfabetismo llega a 90 por ciento.
Los niños, cuenta Mabel, tienen dificultades de aprendizaje debido a la mala alimentación. "No se concentran porque no comen bien", explica.
El Ministerio de Educación y Culto jamás prestó asistencia y la gobernación de Presidente Hayes, departamento al que pertenece la aldea, sólo entregó una vez, este año, la merienda escolar: pan y leche.
La asistencia alimentaria mensual que reciben del Estado consiste en un paquete familiar de cinco kilogramos de arroz, yerba mate (una popular infusión en esta región sudamericana), fideos, aceite y sal.
Esos alimentos "no son de valor nutricional importante. Un estudio en niños y niñas hecho por enfermeras voluntarias de la Universidad de Virginia (Estados Unidos) reveló que la mayoría de los niños padecen desnutrición grave", apunta Julia Cabello, asesora legal de Tierraviva.
Este es uno de los muchos casos de abandono en la región occidental de Paraguay. Según un informe de Tierraviva, las comunidades enxet, que suman unas 12.000 personas, luchan por recuperar 176.057 hectáreas en Presidente Hayes, donde más de siete millones de hectáreas corresponden a explotaciones ganaderas.
En 1992, en virtud de la nueva Constitución y del reconocimiento de los pueblos indígenas como grupos de culturas anteriores a la formación del Estado, el gobierno asumió la obligación de restituir una parte de las tierras a las comunidades nativas.
En Paraguay, subsisten 87.000 indígenas de 17 etnias, que constituyen 1,6 por ciento de la población nacional de casi seis millones, según el último censo, de 2002.
De 182 comunidades, 85 (casi 45 por ciento) no tienen tierras y viven confinadas, en la pobreza y marginación.
