Según el gobierno de Egipto, la ley marcial que ya lleva 27 años, y que regirá por al menos dos más, se aplicará contra el terrorismo y el crimen organizado. Pero activistas advierten que sólo ha servido para reprimir a la oposición legítima.
No hay números precisos. "Entre 16.000 y 50.000 presos políticos están ahora encarcelados por el estado de emergencia", dijo a IPS Ayman Aqeel, director del Centro Maat para los Derechos Legales y Constitucionales con sede en El Cairo.
"El gobierno asegura que la ley apunta exclusivamente al tráfico ilegal de drogas y al terrorismo", advirtió Aqeel. "En la actualidad, es habitualmente utilizado contra la oposición política."
El legislador independiente Gamal Zahran coincidió. "La afirmación de que el estado de emergencia se usa sólo contra terroristas es totalmente inválida", dijo a IPS.
"La verdad es que el régimen, corrompido desde sus cimientos, necesita esta ley para protegerse de la creciente ira popular", sostuvo Zahran, también profesor de ciencias políticas de la Universidad del Canal de Suez.
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El parlamento aprobó el lunes, a instancias del gobierno, la extensión por dos años de la ley de emergencia, vigente desde el asesinato en 1981 del entonces presidente Anwar Sadat.
"La tormenta del terrorismo arrecia alrededor de nosotros, y nuestros enemigos están al acecho", dijo a los legisladores el primer ministro Ahmed Nazif. "La ley ordinaria no es suficiente para detenerlos."
El lunes 26 de mayo, el presidente Hosni Mubarak solicitó abruptamente al parlamento la extensión de la ley marcial hasta el 1 de junio de 2010. Horas más tarde, sin mayor debate, la asamblea dominada por el gobernante Partido Nacional Democrático accedió al pedido.
La ley de emergencia faculta a los gobiernos a arrestar a personas sin acusación, a censurar a los medios de comunicación, a prohibir manifestaciones públicas y a vigilar a ciudadanos sospechosos de representar un "peligro para la seguridad nacional".
La última vez que el parlamento amplió la vigencia de la norma fue en mayo de 2006, días después de una serie de atentados con explosivos en el centro turístico de Dahab, sobre el mar Rojo.
A falta de cifras oficiales, activistas calcularon que decenas de miles de opositores están detenidos bajo la ley de emergencia. Organizaciones internacionales de derechos humanos condenaron la decisión de prolongar la vigencia de la ley por otros dos años.
"Al ampliar la ley de emergencia, El Cairo arrasó brutalmente otra vez sobre el estado de derecho", indicó Human Rights Watch el 28 de mayo.
La organización con sede en Nueva York acusó al gobierno de "recurrir rutinariamente a medidas extremas que privan al pueblo de sus libertades básicas".
La vigencia de la ley —hasta ahora, de 27 años— contradice directamente la noción de un "estado de emergencia", según sus críticos.
"¿Cómo puede aplicarse una ley por más de un cuarto de siglo cuando, desde su propio nombre, se supone que debe regir en situaciones de 'emergencia'", se preguntó Aqeel.
"La constitución dice que el estado de emergencia puede aplicarse cuando el país afronta una amenaza directa, como una invasión extranjera o un desastre natural", dijo Zahran. "¿Cómo es posible que Egipto haya estado ante una amenaza directa por los últimos 27 años?"
La ley marcial ha sido usada con un efecto particularmente devastador contra la Hermandad Musulmana, movimiento islamista y opositor proscripto, aunque tolerado.
A pesar de que sus actividades están oficialmente prohibidas, la Hermandad Musulmana constituye hoy el mayor bloque opositor en el parlamento, pues controla la quinta parte de los escaños.
En los últimos años, miles de miembros de la Hermandad han sido detenidos al amparo de la ley de emergencia.
El presidente Mubarak se comprometió, en la campaña electoral de 2005, a derogar la ley. Pero no propuso entonces una fecha al respecto. Mubarak afirmó que la norma debería ser sustituida por una legislación antiterrorista más convencional.
Pero esa legislación aún está por redactarse, y, desde 2005, la vigencia de la ley de emergencia se amplió dos veces.
El primer ministro Nazif informó en el parlamento, el 26 de mayo, que el gobierno aún no había finalizado el proceso de elaboración del proyecto prometido.
Pero una legislación antiterrorista también podría, en definitiva, representar una cortapisa a las libertades civiles, según activistas de derechos humanos.
"Egipto no necesita una ley de emergencia ni una nueva legislación antiterrorista, que sólo será otro mecanismo para restringir nuestras libertades. Las leyes normales y los castigos que éstas fijan deberían ser suficientes para enfrentarnos con cualquier delito", dijo Aqeel.
La última ampliación del estado de emergencia acaba con cualquier esperanza de una reforma política significativa, según Zahran.
"El estado de emergencia pasó de ser una medida excepcional a un hecho permanente de la vida", afirmó. "Nadie espera ya que este régimen emprenda pasos serios hacia la democracia."
