La escasez mundial de agua es, fundamentalmente, un problema de gobernanza que se arraiga, entre otros factores, en la corrupción, según un nuevo informe de la red Transparencia Internacional.
Casi 1.200 millones de personas carecen de un abastecimiento constante de agua. Más de 2.600 millones viven sin instalaciones sanitarias adecuadas.
Según el Informe Global sobre la Corrupción 2008, elaborado por Transparencia, el uso excesivo y la contaminación han convertido a los ecosistemas acuáticos en el recurso natural más degradado del mundo.
El estudio, difundido este miércoles, pronostica que más de 3.000 millones de personas podrían vivir en países que sufren escasez de agua para 2025.
Las consecuencias humanas de la crisis son devastadoras, y afectan fundamentalmente a mujeres y a pobres, agrega.
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Según el informe, alrededor de 80 por ciento de los problemas de salud se relacionan con la calidad del agua o con instalaciones sanitarias inapropiadas, y provocan la muerte de casi 1,8 millones de niños cada año, así como la pérdida de 443 millones de días de clase a quienes los sufren.
Los Objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas para el Milenio, adoptadas por la Asamblea General del foro mundial en 2000, contemplan entre sus objetivos reducir a la mitad la proporción de personas que viven sin instalaciones sanitarias adecuadas, para 2015 respecto de los valores de 1990.
Sin embargo, expertos opinan que esa meta y otros objetivos planteados no podrán alcanzarse si no se encara el problema de la corrupción.
«No sólo afecta los objetivos referidos directamente al agua, sino otros aspectos como la tasa de alfabetismo», dijo Hakan Tropp, de la Red de Integridad del Agua. «Las niñas que deben caminar 10 kilómetros para obtenerla pierden tiempo que podrían dedicar a sus estudios.»
El estudio de Transparencia presta atención a varios sectores clave, el primero de los cuales es el manejo de los recursos hídricos, que contempla la preservación, sustentabilidad y uso equitativo de un elemento que carece de sustitutos.
El informe destaca que la corrupción frecuentemente queda impune por la colusión entre el sector privado y elites poderosas.
«Apenas 15 años atrás era legal en muchos países que una gran empresa dedujera de sus impuestos el costo de los sobornos pagados para obtener un contrato», dijo Donal O’Leary, asesor de Transparencia.
En China, el empleo de sobornos para evitar el cumplimiento de las regulaciones ambientales determinó la contaminación de acuíferos en 90 por ciento de las ciudades, mientras que el agua de 75 por ciento de los ríos que atraviesan zonas urbanas no es apta para beber ni para la pesca.
El estudio señala que la corrupción se encuentra a todo lo largo de la cadena de suministro de agua, desde el diseño de políticas y las asignaciones presupuestarias hasta los sistemas de facturación del servicio. Afecta a todos los países, ricos o pobres, y tanto al sector privado como a las empresas públicas.
En los países ricos, la mayoría de los casos de corrupción se vinculan con la adjudicación de contratos para construir y operar la infraestructura municipal del servicio de agua, un mercado de 210.000 millones de dólares al año en América del Norte, Europa occidental y Japón.
En el caso de las naciones en desarrollo, se estima que la corrupción eleva hasta 30 por ciento el costo de la conexión de una vivienda a la red de agua.
«Tomando en cuenta la corrupción en el sector del agua y los costos asociados con el cambio climático, se estima que alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio demandará 50.000 millones de dólares adicionales», afirmó la directora de Transparencia Internacional, Huguette Labelle.
El informe también analiza el problema de la irrigación, que representa 70 por ciento del consumo mundial de agua y ayuda a producir 40 por ciento de los alimentos.
Los sistemas de irrigación pueden ser monopolizados por grandes consumidores, advierte. En México, 20 por ciento de los productores rurales, los más ricos, reciben más de 70 por ciento de los subsidios para irrigación. La corrupción en esta área agrava la pobreza y la inseguridad alimentaria.
Los proyectos hidroeléctricos, que requieren enormes volúmenes de inversión, estimados entre 50.000 y 60.000 millones de dólares anuales durante las próximas décadas, pueden ser un campo fértil para la corrupción en el diseño y ejecución de grandes represas en todo el mundo.
El manejo del agua está considerado un tema eminentemente técnico en la mayoría de los países, señala el estudio, e involucra una gran cantidad de fondos públicos, lo que plantea un alto riesgo de corrupción.
La inversión privada en el sector está en aumento en países que ya eran conocidos por su exposición a la corrupción. Proveedores informales continúan desempeñando un papel fundamental en el suministro de agua a los pobres y la corrupción en este servicio esencial afecta más a los más débiles.
Sin embargo, cuando los gobiernos establecen mecanismos de rendición de cuentas la situación puede mejorar, indica el estudio.
«En la ciudad india de Bangalore, en los últimos 10 años, se ha permitido a la población evaluar los servicios públicos y esto llevó a mejoras en el abastecimiento de agua y los servicios sanitarios. Esto demuestra que los ciudadanos pueden hacer algo, realizar acciones a nivel local», dijo Tropp.
El informe advierte que la lucha contra la corrupción no debe alterar el estilo de vida de los pobres. Por ejemplo, erradicar a los proveedores informales eliminar una alternativa importante para que las personas de menores recursos tengan acceso al agua.
En cambio, recomienda fortalecer la regulación del manejo y uso del agua, asegurando una competencia justa y sistemas de rendición de cuentas en la adjudicación de contratos. Asimismo, propone que se adopten mecanismos transparentes y participativos como principios rectores de la gobernanza en este sector.
