La impaciencia del Congreso legislativo de Estados Unidos por los enormes costos de la guerra en Iraq y la convicción del Pentágono de que se necesitan más tropas en Afganistán para contener la insurgencia están poniendo en jaque la estrategia militar del gobierno conocida como «embate» (surge).
Aunque la Cámara de Representantes parecía dispuesta a aprobar este jueves un presupuesto adicional de 163.000 millones de dólares para operaciones militares tanto en Afganistán como en Iraq hasta fines de este año, la mayoría de los observadores creen que el Congreso impondrá condiciones sin precedentes a ese gasto.
Esto podría incluir el requisito de que el gobierno del primer ministro iraquí Nouri al-Maliki invierta sustancialmente más en proyectos de reconstrucción y en gastos relacionados.
El argumento de que Bagdad debe llevar más de la gran carga económica ganó apoyo la semana pasada, cuando el Inspector Especial General del Pentágono para la Reconstrucción de Iraq informó que las ganancias de ese país por las ventas de petróleo deberían exceder los 70.000 millones de dólares este año, el doble de lo pronosticado unos meses atrás.
El informe, divulgado en medio de una creciente preocupación por la débil economía interna estadounidense, impulsó los esfuerzos de un grupo de senadores, tanto del opositor Partido Demócrata como del gobernante Partido Republicano, para detener todos los fondos estadounidenses destinados a proyectos de reconstrucción e infraestructura en Iraq.
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De hecho, el Comité de Servicios Armados del Senado votó por unanimidad la semana pasada a favor de proyecto de ley que prohíbe al Pentágono financiar cualquier proyecto de reconstrucción o infraestructura en Iraq que cueste más de dos millones de dólares. Se espera que los representantes hagan algo similar.
"Éste es el primer cambio significativo bipartidista en nuestra política en relación a Iraq", declaró la senadora republicana Susan Collins, una de las patrocinadoras de la legislación, luego de la votación la semana pasada, en tanto que el presidente del Comité, el demócrata Carl Levin, dijo que el hecho de que Iraq no esté pagando los costos de la reconstrucción era" inexcusable" dadas las altas ganancias inesperadas que tuvo por los altos precios internacionales del petróleo.
Otra provisión del mismo proyecto de ley exigiría al gobierno de Iraq que pague los salarios y los costos de capacitación a las milicias sunitas, llamadas "sahwa" o "Consejos del Despertar", en las cuales Estados Unidos, por ser colaboradoras, han invertido unos 27 millones de dólares mensuales.
A pesar de la presión de Washington, la administración de al-Maliki se ha resistido a integrar a la mayoría de los estimados 90.000 miembros de estas milicias —la mayoría de los cuales fueron antes parte de la insurgencia sunitaal ejército o a la policía, por temor a que eventualmente tornen sus armas contra el gobierno.
El resultado ha sido una creciente frustración de parte de las milicias, frustración que habría sido impulsada aun más el mes pasado, luego de que el primer ministro alistó a miles de miembros de la chiita Organización Badr en las fuerzas de seguridad para combatir al insurgente Ejército Mahdi, del clérigo Moqtada al-Sadr, en Basora, Bagdad y Ciudad Badr.
La Organización Badr es el ala armada del chiita Consejo Supremo Islámico de Iraq (SIIC), el mayor partido de la coalición.
Tanto el conflicto entre los sadristas y el gobierno como el creciente malestar en las milicias sahwa manifestado recientemente en una serie de huelgas y protestas públicas, así como por un creciente número de ataques contra las fuerzas estadounidenses e iraquíeshan derivado en un incremento de las bajas militares en los últimos dos meses, amenazando las supuestos avances de seguridad exaltados por Washington gracias a su estrategia de "embate".
Esa iniciativa de seguridad, iniciada en febrero de 2007, tenía el objetivo de pacificar tanto la central provincia de al-Anbar como la capital iraquí, añadiendo unos 30.000 soldados a los 140.000 ya desplegados para frenar la guerra civil entre sunitas y varias milicias chiitas. Su fin estratégico era fomentar un clima de paz y estabilidad que pudiera estimular a todas las facciones a realizar los compromisos políticos necesarios para la reconciliación nacional.
Mientras el embate logró sustanciales avances de seguridad con la ayuda clave de las milicias sahwa, que casi han desarticulado a la red extremista Al Qaeda en Iraq—, su fin de reconciliación política está aun muy lejos de ser alcanzadas.
Además, el éxito de seguridad de la estrategia no se ha traducido en apoyo popular o del Congreso en Estados Unidos. Como consecuencia, el gobierno del presidente George W. Bush, que prometió meses atrás retirar los 30.000 solados enviados para el "embate" a fines de julio, está cumpliendo con sus promesas, dejando menos uniformados pero los suficientes para que no estalle una nueva ola de violencia.
Al mismo tiempo, los líderes del Pentágono presionan a la Casa Blanca para que continúe reduciendo las tropas más allá de julio para así poder desplegar las tres brigadas entre 10.000 y 12.000 soldadosque dice necesitar para frenar al renaciente movimiento extremista islámico Talibán en Afganistán.
Aunque Bush anunció que habrá al menos una pausa de 45 días para evaluar el impacto del repliegue del "embate" después de julio, la presión sobre él para que reanude el proceso de retiro, no sólo del Pentágono sino también de los republicanos en vísperas de las elecciones, se espera sea intensa.
* Se puede visitar el blog de Jim Lobe sobre política exterior, y particularmente sobre la influencia neoconservadora en la administración de Bush, en esta dirección: http://www.ips.org/blog/jimlobe/
