Tras cuatro años de batalla legal, un juez federal de Estados Unidos desestimó todos los cargos contra un artista de vanguardia al que funcionarios públicos acusaron de bioterrorista, en un caso que muchos consideraron una persecución.
El artista es Steven Kurtz, profesor de Estudios Visuales en la Universidad de Buffalo y miembro fundador del premiado Ensamble de Arte Crítico (CAE, por sus siglas en inglés).
El caso estalló en mayo de 2004. Kurtz se preparaba para exponer una instalación artística en el MASS MoCA, museo de North Adams, en el noroccidental estado de Massachusetts. Pero su esposa, de 20 años, falleció misteriosamente mientras dormía. Cuando la policía respondió al llamado que Kurtz hizo al 911, encontró un pequeño laboratorio de pruebas en alimentos y placas de Petri (pequeños recipientes de cristal) conteniendo cultivos de bacterias.
El laboratorio era parte de la instalación programada, que habría permitido a los visitantes del museo ver si sus alimentos comprados en almacenes contenían organismos genéticamente modificados.
Los cultivos fueron parte de un proyecto encargado por la iniciativa artístico-científica El Catalizador de Artes, con sede en Gran Bretaña, y producido en consulta con científicos del Programa Harvard-Sussex.
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El proyecto utilizó las bacterias Bacillus subtilis y Serratia marcescens en una instalación, acompañada de una película dedicada a desmitificar asuntos relativos a los programas de guerra bacteriológica y su costo para la salud pública mundial.
Parte de las obras del CAE están diseñada para protestar contra los potenciales riesgos de los alimentos genéticamente modificados.
La policía local llamó al Buró Federal de Investigaciones (FBI). Mientras los políticos y fiscales federales se apresuraban a pregonar que se había desbaratado una amenaza importante, Kurtz fue detenido en el marco de la Ley Patriótica, bajo sospecha de bioterrorismo.
La calle donde vivía Kurtz fue acordonada, su hogar revisado y su propiedad confiscada.
Agentes federales confiscaron proyectos artísticos de Kurtz, así como computadoras, y todas las copias del manuscrito de un estudio en el que estaba trabajando, además de sus libros y notas de referencia.
El libro, "Marching Plague: Germ Warfare and Global Public Health" ("Plaga en marcha: Guerra bacteriológica y salud pública mundial", Nueva York, Autonomedia), tuvo que ser enteramente reconstruido y finalmente fue publicado en 2006.
El entonces gobernador de Nueva York George Pataki elogió el trabajo del FBI por desbaratar una importante amenaza bioterrorista. Y el entonces fiscal estadounidense en la nororiental ciudad de Buffalo, Michael A. Battle —abogado que luego se convertiría en empleado del Departamento de Justicia — alabó el trabajo de la Fuerza de Tareas Conjunta de Buffalo contra el Terrorismo.
Pero tras una investigación de varios meses, el FBI y el Departamento de Seguridad Interna (DHS) no lograron proporcionar ninguna evidencia de "bioterrorismo". Por el contrario, las pruebas del FBI revelaron pocos días después del incidente que no había agentes biológicos dañinos en la casa de Kurtz y que su esposa había muerto en realidad por una falla cardiaca.
Obligado a retirar sus cargos de fabricación de armas, el gobierno acusó en cambio a Kurtz y a su colega Robert Ferrell de fraude postal. El gobierno señaló que cuando Ferrell dio los cultivos a Kurtz se violó un contrato entre la Universidad de Pittsburgh y el proveedor, la American Type Culture Collection (ATCC).
Ni la universidad ni la ATCC presentaron ninguna demanda, y algunos observadores destacaron que los científicos rutinariamente comparten cultivos que no son peligrosos. El Departamento de Justicia alegó que esta presunta discrepancia de contratos constituía fraude federal de correo y medios de comunicación.
Como los cargos contra los dos académicos fueron presentados en el marco de la Ley Patriótica, la pena máxima fue aumentada de cinco a 20 años.
Antes, Ferrell se declaró culpable de un cargo por un delito menor, en vez de enfrentar un juicio prolongado por los fraudes. Durante la disputa legal, el científico sufrió dos derrames cerebrales menores y uno importante, que le insumieron meses de rehabilitación. Su orden de arresto se emitió cuando se preparaba para ser sometido a un implante de células madre, el segundo en siete años.
Kurtz reclamó un juicio público. La mayor parte del mundo artístico se congregó detrás suyo. Sus colegas del Ensamble crearon un sitio web y un fondo de defensa legal, y Kurtz continuó dando clases en la Universidad de Buffalo.
Cuando el caso finalmente llegó a tribunales este mes, el juez federal Richard J. Arcara falló a favor de desestimar la orden de arresto. No está claro si el gobierno apelará el veredicto.
La decisión del juez "es más testamento ante nuestras declaraciones originales de que el doctor Kurtz es completamente inocente y nunca debería haber sido acusado en primer lugar", dijo a IPS Lucía Sommer, coordinadora del Fondo de Defensa del CAE.
Los favorables a Kurtz señalaron que "el gobierno ha acometido este caso implacablemente, gastando enormes cantidades de recursos públicos. La batalla legal agotó los recursos financieros, emocionales y físicos de Ferrell y Kurtz, así como los de sus familias y simpatizantes. Las vidas profesionales y personales de ambos acusados han sufrido de un modo tremendo".
La demanda contra Kurtz y Ferrell sobrevino cuando todavía el país estaba conmocionado por los ataques terroristas que el 11 de septiembre de 2001, que dejaron 3.000 muertos en Nueva York y Washington, y por los ataques con ántrax de ese mismo año.
En esa ocasión, cartas conteniendo esporas de ántrax fueron enviadas a varias oficinas de medios de comunicación y a dos senadores demócratas, matando a cinco personas e infectando a otras 17. Pese a una investigación masiva del gobierno, que costó millones y abarcó varios continentes, el delito sigue sin resolver.
El FBI nombró a un funcionario del gobierno, Steven Hatfill, como "persona de interés" en la investigación. Su nombre fue ampliamente publicitado en los medios durante meses, pero él nunca fue acusado de ningún delito. Hatfill demandó a The New York Times por difamación, sosteniendo que el periódico lo había vinculado erróneamente con los ataques con ántrax.
En una maniobra legal inusual, el diario neoyorquino invocó la doctrina de los "secretos de Estado" en una moción por desestimar la demanda, lo que se concretó en enero de 2007.
El juicio a Kurtz y Ferrell generó críticas tanto en el mundo del arte como entre expertos legales. La Unión de Nueva York por las Libertades Civiles cuestionó lo adecuado de una investigación del gran jurado sobre las obras de Kurtz.
Por su parte, Patricia J. Williams, profesora de derecho en la Universidad de Columbia, puso en duda que el juicio sea parte de una reacción mayor del gobierno contra la expresión antigubernamental en las artes.
"Hace poco, eruditos de todo el mundo fueron prohibidos en Estados Unidos por razones declaradas y no declaradas, pero todo en nombre del Departamento de Seguridad Interna. Entre ellos hay un pacifista sudafricano, un activista canadiense contra la pobreza, un epidemiólogo iraquí, la mayoría de los académicos cubanos, un economista griego, un músico británico y un historiador boliviano", escribió.
El Ensamble de Arte Crítico, que Kurtz cofundó en 1987 con Steven Barnes, ganó numerosos premios por su bio-arte, entre ellos, en 2007, el prestigioso Wynn Kramarsky a la Libertad de la Expresión Artística, otorgado por la Fundación Andy Warhol.
