Son intensas las versiones de que el Tribunal Constitucional (TC) de Chile acogió un recurso para cancelar la distribución gratuita de la píldora del día después y de algunos métodos anticonceptivos tradicionales en la salud pública.
El recurso interpuesto por parlamentarios opositores de derecha habría contado con el voto favorable de cinco magistrados, contra cuatro que se pronunciaron en contra, según versiones publicadas desde el miércoles.
El TC ha reiterado que el fallo no está aún redactado y que se pronunciará este mes.
a En marzo de 2007, una treintena de diputados de la alianza opositora de derecha presentó un recurso de inaplicabilidad contra el decreto supremo que autoriza la aplicación de las Normas Nacionales de Regulación de la Fertilidad, dictadas por el gobierno de Michelle Bachelet en septiembre de 2006.
La disposición más conflictiva de la nueva normativa ordena a los consultorios públicos de salud prescribir y entregar de forma gratuita anticonceptivos tradicionales y de emergencia —conocidos como "píldora del día después"— a todas las mujeres que los soliciten, incluidas las jóvenes desde 14 años de edad sin necesidad de autorización de sus padres.
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Antes de la publicación de estas disposiciones, la píldora del día después sólo se vendía en farmacias y se entregaba en los servicios públicos de salud en caso de violación.
Los integrantes del TC analizaron los antecedentes recabados durante un año en tres sesiones privadas efectuadas los días 26, 27 y 28 de marzo, después de las cuales no hubo pronunciamiento oficial.
El miércoles la radioemisora Cooperativa informó —basándose en fuentes judiciales no identificadas— que el TC había acogido en votación dividida cuatro solicitudes contenidas en el recurso, fallo que sería dado a conocer el día 22.
Este jueves, todos los diarios titularon con esa noticia.
De acuerdo a lo señalado por la emisora, el TC prohibiría la distribución gratuita de la píldora del día después y del dispositivo intrauterino conocido como "T de cobre", que utilizan más de un millón de chilenas.
También se suprimiría la provisión del denominado "método de Yuspe", la combinación de píldoras anticonceptivas tradicionales con el mismo efecto que la de emergencia. Tampoco, según la radio Cooperativa, se permitiría la confidencialidad en la atención a adolescentes.
Pero la oficial primera del TC, Marta de la Fuente, señaló a IPS que esas informaciones de radio Cooperativa eran sólo "especulaciones" de prensa, ya que la sentencia del organismo, que es inapelable, aún no está redactada, aunque se oficializará este mes.
Esto fue confirmado más tarde por la ministra de Salud, María Soledad Barría, quien señaló en conferencia de prensa que "no hay fallo" todavía. No obstante, en entrevista con la radio Bío-Bío, la funcionaria reconoció su preocupación porque la información difundida terminara siendo cierta.
Los anticonceptivos de emergencia son píldoras que se toman en dosis especiales dentro de los primeros cinco días o 120 horas después de una relación sexual no protegida para prevenir un embarazo.
Estos compuestos pueden impedir o retrasar la liberación del óvulo y afectar el transporte de los espermatozoides, interfiriendo en la fecundación. La Organización Mundial de la Salud estableció que no eran abortivos, ni afectaban un embarazo ya iniciado.
Pero los parlamentarios que presentaron el recurso argumentaron que la píldora del día después, fabricada con el principio activo Levonorgestrel 0,75 miligramos, y los dispositivos intrauterinos eran abortivos, y por tanto las normas dictadas por Bachelet violaban el derecho a la vida.
Apoyan esta postura diversas agrupaciones ciudadanas de perfil conservador y la Iglesia Católica.
De la decisión del tribunal depende el futuro de todas las mujeres que se atienden en el sistema público de salud, planteó a IPS la abogada Helena Olea, de la no gubernamental Corporación Humanas, quien participó en las audiencias públicas que el organismo celebró a fines del año pasado.
Según datos contenidos en la nueva normativa, la población de usuarias de anticonceptivos en el Sistema Nacional de Servicios de Salud pasó de 600.374 mujeres en 1990 a 1.087.743 en el año 2004, un aumento de 81 por ciento en 14 años.
El TC está integrado por 10 miembros, pero uno de ellos, Enrique Navarro, se inhabilitó en este caso porque hace un par de años suscribió un documento que criticaba la píldora del día después. Otro magistrado del TC, que también había firmado aquel texto, decidió entender en el caso, lo que fue aceptado por sus pares en votación dividida.
La ministra de Salud señaló a la radio Bío-Bío que no podía adelantar las medidas que tomaría el gobierno en caso de un fallo adverso del TC porque todo depende de su contenido.
Pero si resulta verídica la noticia, Chile retrocedería 50 años en materia de planificación familiar, ya que ni siquiera se podrían entregar los anticonceptivos orales tradicionales, impactando en las cifras de aborto, embarazo adolescente y no deseado, mortalidad materna e infantil.
La peor alternativa, a juicio de la abogada Olea, es que el TC diga que la presidenta no tiene facultades para regular la fertilidad a través de un decreto supremo y que esto es materia de ley, lo que dejaría sin efecto las normas de 2007.
Una segunda opción es que se declare inconstitucional el uso de la píldora del día después y de los dispositivos intrauterinos, y no todas las normas, pero Olea se preguntó cómo el TC argumentará jurídicamente el efecto abortivo de la píldora en contraposición a los informes científicos que hay en la materia.
La duda, en este escenario, es si los magistrados cuestionarán sólo los fármacos fabricados con Levonorgestrel 0,75, o todos los anticonceptivos de emergencia.
Un mejor escenario sería que el TC planteara que el fondo del asunto ya fue objeto de procesos anteriores —como el fallo de la Corte Suprema de 2005 que permitió que se vendiera la píldora en las farmacias— y que no se pronunciara respecto del fondo del recurso, explicó Olea.
En medio de este debate, el presidente del Instituto Chileno de Medicina Reproductiva, Horacio Croxatto, que participó en la redacción de las cuestionadas normas, anunció que se estaba probando un nuevo anticonceptivo de emergencia que podría comercializarse en dos años más.
La píldora no utilizaría Levonorgestrel 0,75 sino un fármaco de uso común, cuyo nombre no quiso adelantar.
En tanto, el Movimiento por la Defensa de la Anticoncepción, integrado por organizaciones de mujeres, realizará una manifestación este jueves frente a la sede del TC para reclamar que no acoja el recurso.
