La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad) debe prestar atención a los daños que le ocasiona la liberalización del intercambio a los pobres, y en especial a las mujeres, según la sindicalista Esther Busser.
Busser, que asiste en representación de la Confederación Sindical Internacional (CSI) a la reunión de la Unctad en curso en la capital de Ghana que finalizará este viernes, postuló mejorar los términos del comercio internacional asegurando que los desequilibrios de poder sean atendidos.
En diálogo con IPS, Busser, asesora de políticas comercial de la CSI, dijo que la conducción de la Unctad no ha tenido voluntad política para tomar decisiones que beneficien a los pobres, especialmente a las mujeres.
Esta agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) "debe abandonar el enfoque que se centra exclusivamente en temas de comercio e inversión", afirmó.
La subsecretaria general de la ONU y asesora especial en temas de género, Rachel Mayanja, señaló que la Unctad debe ayudar a los gobiernos a poner en práctica programas que aseguren la equidad social en una época de "globalización desequilibrada".
[related_articles]
Esto es necesario para liberar a los pobres, las mujeres y otros grupos marginados de las restricciones que sufren en materia de empleo, toma de decisiones y acceso al financiamiento, agregó.
"Si la comunidad internacional no modifica sus políticas para atender el impacto negativo de la globalización y la desigualdad económica sobre el desarrollo y la reducción de la pobreza, los pobres y los privilegiados continuarán viviendo en mundos separados", dijo Mayanja.
Pocos países, ya sean ricos o pobres, advirtió, son inmunes a la creciente ola de desigualdad, lo que hace imperativo reducir las disparidades sociales y de género.
"A pesar de algunos ejemplos positivos, en los que la globalización aumentó las oportunidades de empleo para las mujeres y fortaleció sus redes y grupos de apoyo, también ha reforzado o exacerbado las desigualdades de género que ya existían", afirmó Mayanja.
Las mujeres sobrellevan una carga desproporcionada de la pobreza mundial y, en algunos casos, la globalización ha ensanchado la brecha, provocando una mayor pérdida en la participación femenina en el empleo, los beneficios y los derechos laborales, señaló.
"En consecuencia, la igualdad de género, como objetivo en sí mismo y como medio para alcanzar metas acordadas internacionalmente, resulta de vital importancia y debe ser abordada con urgencia", aseguró Mayanja.
El secretario general de la Unctad, Supachai Panitchpakdi, reclamó que se incluya el género como una categoría en las estadísticas laborales que miden el impacto de la liberalización del comercio.
"En muchos países no se reconoce a los trabajadores el derecho a la sindicalización, lo cual causa abusos y salarios muy bajos", señaló Busser, quien agregó las mujeres llevan la peor parte, porque no están organizadas y no tienen voz.
Bernice Chenge, una trabajadora textil de Zambia, relató: "Cuando una compañía extranjera se instaló en Lusaka, las mujeres, que constituían la mayoría del personal, tenían una paga inferior al salario mínimo".
"Cuando tratamos de protestar ante las autoridades algunas de nosotras fuimos señaladas como rebeldes y nos despidieron", recordó.
Según Busser, la CSI comprobó que mientras la Unctad promueve la eliminación de barreras al comercio no crea, al mismo tiempo, mecanismos para proteger a los trabajadores, lo que deja en manos de las grandes empresas los beneficios de la liberalización, como se ha comprobado en los casos del café, cereales y bananas.
El coordinador de políticas de la organización no gubernamental ActionAid, Aftab Alam Khan, destacó que las multinacionales "dominan el mercado de materias primas, dictan los términos del comercio y afectan a los países que dependen de su exportación, extrayendo injustas ganancias".
Una investigación de ActionAid reveló que las seis mayores compañías cafetaleras dominaban la mitad del mercado mundial en 1998, mientras que en 2002 sólo dos empresas controlaban 75 por ciento del comercio internacional de granos y otras dos 50 por ciento de las exportaciones de bananas.
Frente a esta situación, "los gobiernos están perdiendo el control político y ya no pueden ofrecer la protección social que garantice los derechos de los trabajadores", dijo Busser.
La presidenta de Finlandia, Tarja Halonen, afirmó, sin embargo, que los gobiernos no están obligados a optar entre el crecimiento económico y la justicia social, ya que ambos avances pueden coexistir.
"Un camino seguro para consolidar los progresos sociales y mejorar la competitividad es el empoderamiento de las mujeres, para que tengan un papel activo en la toma de decisiones y sean socias en términos igualitarios en la fuerza laboral y el mundo de los negocios", señaló.
Los gobiernos, destacó Halonen, "deben hacer más para animar a las mujeres jóvenes y a asumir papeles activos en todas las esferas sociales, a través de mayores oportunidades educativas".
