La Unión Europea (UE) debe hacer las inversiones mínimas para atender las causas de la pobreza infantil en el bloque, concluyó un equipo parlamentario.
Unos 19 millones de niños y niñas viven en la pobreza en la UE, esto es, una quinta parte de los ciudadanos menores de 18 años.
La europarlamentaria izquierdista Gabriele Zimmer señaló que la estadística era "casi increíble" y advirtió que podría sería mayor si se incluyera a los niños que solicitan asilo y a los inmigrantes indocumentados. Zimmer prepara un informe oficial para el Parlamento Europeo sobre pobreza infantil.
La inversión para el bienestar de los niños varía considerablemente entre los 27 países del bloque. Zimmer propuso establecer metas comunes, para lo cual los presupuestos en educación, salud y vivienda destinados a la infancia deben ser reexaminados.
"Necesitamos una discusión sobre el nivel de mínima subsistencia. Esto es necesario", dijo a IPS.
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Al menos ocho por ciento del ingreso nacional de cada país debe ser invertido en educación. Hoy, el promedio en los países industrializados es de 6,2 por ciento, indicó Zimmer.
"No puedes tratar a la pobreza sin atender las cuestiones de ingresos y salarios mínimos. Siempre tienes que saber cuáles son las consecuencias si a las personas no se les paga lo suficiente", añadió.
La UE como un todo siempre ha evitado decirle a sus estados miembro cuánto deben destinar de sus presupuestos para sus servicios sociales
Aunque los principales acuerdos sobre los que se basan las leyes de la UE no hacen ninguna referencia a los derechos de la infancia, esto habría sido rectificado en el nuevo tratado de Lisboa, que actualmente atraviesa un proceso de ratificación.
Ya que ese tratado compromete a los países del boque a promover "la protección de los derechos de la infancia", sus partidarios confían en que hará que los líderes políticos consideren cómo sus decisiones afectan a niños y niñas.
Sin embargo, otros advierten que los esfuerzos para garantizar que cada familia tenga ingresos adecuados para atender las necesidades de sus niños podrían ser socavados por cláusulas sobre políticas económicas que consideran neoliberales.
Por ejemplo, el tratado señala que la libre competencia no debe ser "distorsionada", y algunas empresas arguyen que establecer salarios mínimos son un tipo de distorsión.
El europarlamentario laborista irlandés Proinsias de Rossa, quien realiza campaña a favor del "Sí" al tratado de Lisboa en un referendo en su país, dijo que las políticas de libre mercado de la UE son las que crean los estándares sociales.
Un fallo de diciembre de 2007 de la Corte Europea de Justicia, que afectaba a los salarios mínimos en Suecia, podría "arrastrar a Europa al desorden", alertó. Ese tribunal falló a favor de Laval, compañía letona que ganó un contrato para la construcción de una escuela en la localidad sueca de Vaxholm.
Laval quiso retirarse del proyecto luego de que se desató una disputa con los sindicatos suecos que protestaban porque la compañía pretendía pagarles de acuerdo con los salarios en Letonia, que eran de entre una décima y una quinta parte de los pagados en Suecia.
Según el tribunal, la pretensión de los sindicatos violaba la libertad a proveer servicios.
De Rossa alertó que el veredicto sobre Laval podría conducir a un "dumping (prácticas de competencia desleal) de carácter social", en el que las compañías se trasladarían a países donde pueden pagar salarios más bajos.
"Si tenemos dumping social, no podremos afrontar la pobreza infantil", sostuvo.
En un estudio publicado el año pasado, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) examinó la pobreza infantil en 21 países del Norte industrializado, en su mayoría de Europa. La situación era mejor en Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, pero más comprometida en Portugal, España, Italia, Irlanda y Gran Bretaña.
