La Comisión de Justicia del Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que autoriza a los magistrados a evaluar la validez de los argumentos del gobierno cuando intenta detener un juicio por temor a que se revelen secretos de Estado o se comprometa la seguridad nacional.
La iniciativa, presentada por los senadores Edward Kennedy, del opositor Partido Demócrata, y su par Arlen Specter, del oficialista Partido Republicano, fue aprobada por 11 votos contra ocho. Specter fue el único de los nueve miembros republicanos de la comisión que votó a favor de la medida.
El director del Programa sobre Secretos Gubernamentales de la Federación de Científicos Estadounidenses, Steven Aftergood, dijo a IPS que "el argumento de la seguridad nacional ha sido utilizado para evitar que se cuestionen ante la justicia las políticas de detención, interrogación y traslado a prisiones en el exterior de personas acusadas de terrorismo".
El proyecto deberá ser considerado ahora por el Senado en sesión plenaria, aunque no existe una fecha y el resultado de la votación no aparece claro. Una iniciativa similar fue presentada en la Cámara de Representantes (diputados) por el demócrata Jerrold Nadler y el republicano Tom Petri.
La Casa Blanca ya anunció que el presidente George W. Bush usará su poder de veto si el proyecto se convierte en ley.
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Según la iniciativa, cuando el gobierno declare que determinada información constituye un secreto de Estado, deberá enviar a la justicia una explicación de las razones por las cuales no puede ser revelada.
Si el tribunal encuentra que ciertas evidencias deben permanecer en secreto, tendrá la facultad de ordenar al gobierno que ofrezca versiones "desclasificadas" o con partes censuradas de esa información "delicada", si no se pone en riesgo la seguridad nacional. Si se niega a entregar esa documentación, los jueces podrán emitir un fallo contra el gobierno.
El fiscal general de Estados Unidos —principal abogado de la Casa Blanca y cabeza del Departamento (ministerio) de Justicia— deberá informar a las comisiones de Inteligencia y Justicia de ambas cámaras legislativas cada vez que el gobierno plantee que determinada información constituye un secreto de Estado, según el proyecto.
La tradición legal permitió durante años que el Ejecutivo se negara a que se usara como evidencia en un juicio documentación que, a su entender, comprometería la seguridad nacional si tomaba estado público.
Ese privilegio fue aceptado por primera vez en 1953 por la Corte Suprema y desde entonces fue utilizado por todos los presidentes, tanto demócratas como republicanos. Pero ninguno recurrió a esta herramienta tan frecuentemente como Bush.
Fue utilizada para bloquear demandas judiciales por casos de escuchas telefónicas ilegales, así como arrestos y torturas, argumentando que se podría causar un daño "inaceptable" a la seguridad nacional.
Expertos legales han reclamado desde hace tiempo que el Congreso legislativo regulara el empleo de este privilegio del Ejecutivo.
El no gubernamental y bipartidista Project Constitution señaló que se trata de una medida "esencial para restablecer y reforzar los derechos y libertades básicas garantizados por nuestro sistema constitucional de gobierno".
El gobierno de Bush utilizó el argumento de la seguridad nacional para bloquear diversas demandas judiciales. En una de ellas, el ciudadano alemán Khaled el-Masri denunció que fue secuestrado y torturado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), pero la causa fue desechada ya que el uso de evidencia "protegida" era la única forma de probar la validez de sus alegatos.
Otro tanto ocurrió con el juicio iniciado por Maher Arar, ciudadano canadiense nacido en Siria, arrestado en 2002 en Nueva York y enviado a Damasco, donde permaneció detenido durante un año y fue víctima de torturas. Pero el gobierno canadiense, luego de una investigación de dos años, encontró que no tenía ninguna conexión con terroristas y le concedió una compensación de 10 millones de dólares.
Activistas de derechos humanos y expertos legales han señalado que el gobierno de Bush utiliza el argumento de los secretos de Estado como cortina para esconder virtualmente cualquier acción que decida emprender.
El constitucionalista David Cole, de la Universidad de Georgetown, dijo a IPS que "según el gobierno, el presidente tiene el poder unilateral, en la 'guerra contra el terrorismo', de violar la legislación penal y argumenta que los tribunales no pueden pronunciarse sobre el tema porque esos delitos constituyen un secreto de Estado".
Peter Shane, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Ohio, afirmó que la docilidad de la Corte Suprema frente al presidente "no ofrece ninguna posibilidad de una reforma real que provenga de la justicia. Es el Congreso el que puede cambiar las cosas".
El fiscal general Michael Mukasey cree que los legisladores no cuentan con el poder para modificar la ley sobre secretos de Estado, ya que tiene sus "raíces en la Constitución".
El proyecto que se está debatiendo actualmente, señaló, buscar transferir la responsabilidad de la evaluación de los temas de seguridad nacional del Ejecutivo a los tribunales. Los jueces federales, agregó, "no tienen la autoridad constitucional ni la experiencia institucional para asumir esa función".
