Sentada en su casa de madera en el asentamiento irregular de Dei Krohome, en las afueras de la capital camboyana, Touch Ratha describe la difusa línea que separa a policías y funcionarios de la empresa constructora privada que intenta expulsarla de allí.
Experiencias como las de Ratha son cada vez más frecuentes en Camboya. El actual auge inmobiliario está cambiando el paisaje de este país. Una de sus consecuencias es el desalojo forzado e ilegal de miles de personas, según activistas.
Muchas familias ya abandonaron Dei Krohome ("tierra roja", en idioma temer). Acosados, aceptaron la oferta de la empresa de reasentarse en otras tierras, también en las afueras de Phnom Penh, según Ratha.
"Les dije que no porque es demasiado lejos. Quiero vivir aquí, cerca de las escuelas, con electricidad, agua y oportunidades de prosperar. Si me voy de aquí caeré en la pobreza", aseguró la mujer.
Nuevos edificios de oficinas y apartamentos miran hacia Dei Krohome, ubicado en la zona ribereña de Phnom Penh con mayor actividad de construcción.
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También linda con un bloque de apartamentos diseñados por el prestigioso arquitecto camboyano Vann Molyvann en los años 60. La ropa a secar está tendida de cuerdas que penden de los apartamentos. En los edificios se ven las marcas de combates de pasadas guerras civiles.
"Muchos creen que, si trasladan la comunidad de Dei Krohome, ese edificio será el próximo en ser vaciado", comentó Bunn Rachana, de la Fuerza de Tareas por los Derechos a la Vivienda.
Los desalojos por proyectos de construcción en Camboya se remontan a los años 80, pero el auge actual carece de precedentes, resultado de los elevados precios del mercado inmobiliario y de la especulación.
Observadores locales y extranjeros creen que el fenómeno, iniciado en 2002, responde a la repatriación de dinero por empresarios vinculados en el pasado con la sanguinaria dictadura del movimiento comunista Jemer Rojo (1975-1979).
Esos ciudadanos camboyanos procuraban escapar del creciente control de la banca internacional sobre las cuentas de ahorro para impedir el lavado de dinero, luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001, que dejaron 3.000 muertos en Nueva York y Washington.
"Comenzamos a ver inversiones de riesgo y con elevado retorno, que ahora llegan a Camboya tras la crisis hipotecaria en Estados Unidos. El aumento de los precios de la tierra en Phnom Penh y en otros centros urbanos se verifica mes a mes", agregó Rachana.
Amnistía Internacional advirtió en febrero que unos 150.000 camboyanos afrontan la amenaza del desalojo, y se trata de "una estimación modesta", según Brittis Edman, investigadora de la organización de derechos humanos con sede en Londres.
Aunque el estudio se concentró en áreas rurales cuyos residentes son desalojadas para abrir espacio a proyectos turísticos y agrícolas de gran escala, establece claramente que también se trata de un fenómeno urbano.
"No es una política del gobierno No está escrito en ninguna parte, pero se está volviendo práctica común que los constructores no tomen en cuenta las normas y procedimientos requeridos si ambicionan un predio. Eso no sucedía en los años 90", dijo Edman.
El informe también subraya casos de activistas humanitarios intimidados y arrestados por los policías y soldados que deberían protegerlos.
"Las autoridades camboyanas no están protegiendo a la población contra los desalojos forzados. A menudo, representantes del gobierno están involucrados o son omisos cuando las leyes son aplicadas selectivamente o incumplidas", agrega el estudio.
Amnistía también constató abusos del sistema judicial por parte de los operadores para silenciar a los activistas. El año pasado, según el informe, se registró un centenar de casos de miembros de la sociedad civil acusados y a veces condenados por "incursión en propiedad privada".
"Nuestro trabajo es peligroso. Nuestra gente ha sido amenazada e intimidada. Las organizaciones de la sociedad civil han sido acusadas", dijo a IPS Yeng Virak, director ejecutivo del Centro Comunitario de Educación Legal, que representa a residentes locales en varios casos.
El gobierno camboyano niega los desalojos ilegales. El secretario del Ministerio de Administración de Tierras, Chhann Saphan, dijo, en una reunión con donantes internacionales, que los desalojados en Phnom Penh ocupaban ilegalmente las tierras en cuestión..
Muchos residentes de Dei Krohome viven en esa comunidad desde los años 80. Originalmente, el gobierno les prometió un esquema según el cual una empresa privada se quedaría con parte de sus tierras para desarrollar proyectos comerciales a cambio de construir nuevas viviendas para ellos.
Pero el acuerdo fue cambiado. Ahora se exige a los residentes que dejaran por completo Dei Krohome en manos de una firma privada, el 7NG Group, y aceptaran nuevos apartamentos a 20 kilómetros de Phnom Penh.
Los habitantes del lugar aseguran que nunca se les consultó y que no estuvieron de acuerdo con mudarse lejos de su comunidad. Además, afirmaron que varios dirigentes comunitarios firmaron en su nombre el contrato ofrecido por la empresa sin su conocimiento ni su consentimiento.
Dei Krohome parece ahora un campo de batalla. Las casas de quienes se quedaron se intercalan entre los espacios vacíos que dejaron los que prefirieron mudarse.
Entre las prácticas intimidatorias del 7NG Group figuran, según Ratha, la contratación de matones para causar problemas y provocar a los residentes, derribar edificios con aplanadoras.
Algunas organizaciones por el derecho a la vivienda señalan que la empresa también recurre a acciones judiciales contra residentes, a los que acusan de varios delitos.
Una oficina del 7NG Group, custodiada por guardias de seguridad, está ubicada muy cerca de Dei Krohome. Un representante de la firma dijo que no había ningún empleado disponible para comentar los reclamos de la comunidad.
Dada la determinación de los pobladores a quedarse, el 7NG Group cambió su estrategia y ofreció comprarles las propiedades por entre 5.000 y 7.000 dólares cada una.
"Los residentes creen que esto no es suficiente, pues los precios de la tierra actualmente ascienden a entre 5.000 y 6.000 dólares por metro cuadrado y, en algunos lugares, a hasta 15.000 dólares", dijo Rachana.
Muchos camboyanos viven del cultivo de la tierra, cuya propiedad está claramente definida, pero muchos otros no poseen un título claro, luego de centurias de ocupación colonial y decenios de guerra. Son esas áreas las que quedan como blanco de la actual ola de confiscaciones de tierras.
La nueva ley agraria, aprobada en 2001, fue aplaudida como un paso adelante, pero aún no fue implementada plenamente.
Como consecuencia, la situación de la propiedad de la tierra en Camboya, ya desigual, está empeorando. El Banco Mundial situó la creciente cantidad de pobres rurales sin tierra en medio millón.
Hace poco, la organización camboyana de derechos humanos Licadho se unió a otros grupos para exigir una moratoria de los desalojos forzados hasta que se implemente un estricto marco legislativo sobre el derecho al reasentamiento.
El primer ministro Hun Sen intervino personalmente en una disputa y amenazó con disolver la Autoridad Nacional para la Resolución de las Disputas Agrarias, considerada por muchos como un fracaso por su falta de actividad.
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