La política exterior de Estados Unidos es cada vez más dominada por el Pentágono en vez del Departamento de Estado (cancillería), y el Congreso legislativo no hace nada para detenerlo, alertaron organizaciones de derechos humanos.
El Departamento de Defensa no sólo logra más dominio con la creación de sus nuevos programas de ayuda militar, en el marco de su "guerra contra el terrorismo", sino también a través del creciente poder de los "comandantes combatientes", altos mandos que supervisan las operaciones militares en todo el mundo, según el informe titulado "Preparen, apunten, política exterior", divulgado el jueves por una coalición de organizaciones no gubernamentales.
De hecho, un documento de estrategia preparado el año pasado por el Comando Sur, que supervisa todas las operaciones en el Caribe y América Latina al sur de México, proponía que esa oficina militar coordinara además a todas las agencias estadounidenses relevantes, incluyendo las civiles, "para cubrir toda la gama de desafíos regionales".
"Queremos ser como un gran velcro en el que estas otras agencias se puedan enganchar para que podamos hacer colectivamente lo que se necesita en esta región", dijo el jefe del Comando Sur, James Stavridis.
El informe, elaborado por la Oficina de Washington sobre América Latina (WOLA), el Centro para Política Internacional (CIP) y el Fondo de Educación del Grupo de Trabajo sobre América Latina (LAWGEF), principalmente analiza el equilibrio de poder entre el Pentágono y las agencias civiles que trabajan en América Latina.
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Pero los tres grupos, que han divulgado informes anuales sobre las tendencias de la ayuda militar estadounidense a la región durante la última década, concluyeron que lo que ocurre en América Latina es un indicio de lo que sucede en otras regiones también.
"Nuestra organización se concentra en América Latina, y por eso nuestros ejemplos son de esa región, donde algunos programas de asistencia militar del Departamento de Defensa fueron pioneros", indica el informe, citando cambios en las leyes sobre seguridad que le permitieron al Pentágono liderar esfuerzos antidrogas.
"Pero esta tendencia afecta la política exterior estadounidense en todo el mundo", añade el estudio, que llamó al Congreso y a la administración que suceda a la del presidente George W. Bush a reafirmar el control civil.
Si se permite que continúe, la actual tendencia "disminuirá el control congresal, público e incluso diplomático" sobre la política exterior. Además, "socavará los valores de derechos humanos en nuestras relaciones con el resto del mundo, e incrementará la proyección de Estados Unidos como una potencia mundial basada principalmente en el poder militar", alertaron las organizaciones.
Este informe es el último de una serie que han alertado sobre la creciente militarización de la política exterior estadounidense, sobre todo bajo el gobierno de Bush.
En mayo de 2007, por ejemplo, el organismo independiente de control Centro por la Integridad Pública, divulgó en su sitio web información sobre el flujo de miles de millones de dólares del Pentágono a gobiernos represivos como los de Djibouti, Etiopía, Pakistán y Uzbekistán, fondos que el Departamento de Estado muy probablemente no habría aprobado siguiendo las provisiones sobre derechos humanos incluidas en las leyes estadounidenses sobre ayuda exterior.
El proyecto de investigación del CPI, titulado "Daño colateral", concluyó que el Congreso ejerció poca o ninguna vigilancia sobre el desembolso de esa ayuda.
Informes de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental del Congreso, e incluso del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, han reflejado también la preocupación de que la influencia y las operaciones en el exterior del Departamento de Estado y de otras agencias civiles están siendo eclipsadas por los mayores recursos del Pentágono y sus comandantes combatientes.
"La sangría de responsabilidades civiles hacia las agencias militares amenaza con debilitar la primacía del Departamento de Estado en fijar la agenda de las relaciones de Estados Unidos con otros países y con el deber del Departamento de Defensa de concentrarse en los asuntos bélicos", indicó el Comité del Senado en un informe divulgado en diciembre de 2006.
El cambio entre el equilibrio de poder entre civiles y militares ha sido facilitado por tres vías principales, según el nuevo estudio.
Una de ellas es el intento de expandir el programa de ayuda militar del Pentágono conocido como "Sección 1206", por 300 millones de dólares al año, para convertirlo en un fondo mundial permanente de casi 1.000 millones de dólares.
Otra es la propuesta de la secretaria de Estado (canciller), Condoleezza Rice, para reestructurar la ayuda extranjera de manera de transferir la administración de la asistencia militar al Pentágono y consecuentemente reducir la supervisión del Congreso.
La tercera es el objetivo de los comandantes combatientes de asumir un mayor papel de coordinación de todas las agencias de Estados Unidos, como señalan en la Estrategia 2016 del Comando Sur.
Parte del problema deriva del gran desequilibrio de recursos entre el Pentágono, cuyo presupuesto anual de unos 600.000 millones de dólares supera a los de todas las fuerzas militares del mundo, y el Departamento de Estado que, con 30.000 millones de dólares, según una estimación, tiene un número menor de funcionarios que el de músicos empleados en todas las bandas militares de Estados Unidos.
Ese desequilibrio ha quedado muy claro en Iraq, donde el Pentágono se ha quejado reiteradamente de que el Departamento de Estado y otras agencias civiles no han podido llevar adelante la reconstrucción por falta de personal y experiencia.
Como consecuencia, miles de millones de dólares han sido canalizados a través de los Cuerpos de Ingenieros del Ejército, en vez de la Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid).
En otros campos de batalla de la "guerra contra el terrorismo", particularmente en África y Asia, los militares están cada vez más involucrados en el trabajo humanitario y de desarrollo, como cavar pozos o construir escuelas, actividades tradicionalmente bajo control civil.
"No es aceptable decir que el Estado está arruinado y trasladar las responsabilidades al Departamento de Defensa", dijo el director de la WOLA, Joy Olson. "Si el Estado está arruinado, entonces arréglenlo", añadió.
Pero, a pesar de que Rice y el propio secretario de Defensa, Robert Gates, han pedido al Congreso que destine más dinero a la diplomacia y a Usaid Gates incluso dedicó todo un discurso el año pasado a subrayar la necesidad de gastar más en el "poder suave" de Estados Unidos en contraposición con el "poder duro" de los militaresla respuesta ha sido casi nula.
