Un organismo especializado de la ONU expresó preocupación por la persistente vigencia en Estados Unidos de legislaciones, políticas de gobierno y costumbres que obstaculizan la erradicación de la discriminación racial.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) también expresó inquietud por la situación de miembros de distintas comunidades minoritarias en Estados Unidos, como la árabe, la musulmana y las originarias de Asia meridional.
Estas minorías han sido sometidas a la práctica policial y de inteligencia denominada "racial profiling" o "perfil racial" (elaboración de "perfiles criminales" o vigilancia selectiva sobre la base de la raza) después de los atentados terroristas que acabaron con 3.000 vidas el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y en Washington.
Este Comité con sede en Ginebra recomendó a Estados Unidos fortalecer sus esfuerzos por combatir el empleo del "perfil racial", tanto en el área federal como en la de los estados. También demandó, en el plazo de un año, la presentación de un informe sobre el seguimiento de este caso.
El organismo, que supervisa el acatamiento de los países a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, se declaró asimismo profundamente preocupado por la concentración desproporcionada de minorías raciales, étnicas y nacionales en áreas residenciales pobres y con deficientes condiciones de vivienda.
El cuerpo se refería, especialmente, a las personas de origen latinoamericano y los negros, que afrontan, además, un acceso inadecuado a los servicios de salud, asisten a escuelas precarias y están expuestos a los delitos y a la violencia, dijo el cuerpo de la ONU.
El Comité concluyó este viernes la primera de sus dos sesiones anuales dedicadas al examen de los informes sobre la situación en los países que han ratificado el tratado.
El activista estadounidense Ajamu Baraka opinó en Ginebra, donde sesionó el comité, que estas observaciones "exponen ante el mundo hasta qué punto la discriminación racial resulta normal y lícita en muchas áreas de la vida de Estados Unidos, como consecuencia de las leyes y las prácticas" del país.
Baraka, director ejecutivo de la Red de Derechos Humanos de Estados Unidos, coalición que reúne a 250 organizaciones no gubernamentales, comentó a IPS que las observaciones del Comité "respaldan los cuestionamientos" según los cuales el sistema jurídico estadounidense es inadecuado para afrontar la discriminación.
El comité, integrado por 18 expertos independientes y presidido actualmente por el francés Regis de Gouttes, volvió a reclamar a Estados Unidos, como ya lo hizo en 2001, que reconsidere la definición de discriminación racial utilizada en las leyes y en el Poder Judicial.
La Convención prohíbe la discriminación racial en todas sus formas, incluso en casos de prácticas judiciales o de leyes que no tengan propósitos discriminatorios pero sí efectos de ese carácter, explicó el Comité.
Baraka reclamó a Estados Unidos tomar en cuenta las recomendaciones y modificar esas definiciones, que requiere una prueba de intención de discriminación y entra en conflicto con la definición consagrada por el tratado. El cuerpo de expertos reconoció que en Estados Unidos está prohibida toda discriminación racial por parte del gobierno, pero advirtió que ese impedimento no rige de manera absoluta paraa individuos, grupos e instituciones privadas.
En ese sentido, el Comité recomendó que Estados Unidos retire su reserva al artículo segundo de la Convención, que le permite limitar ese alcance de la prohibición total de la discriminación racial.
Por otro lado, el Comité demandó al país que considere el establecimiento de una institución nacional independiente en materia de derechos humanos, como propicia la ONU y existen en otras naciones.
Baraka estimó que la creación de ese órgano "ayudaría mucho en la comprensión del racismo y de la discriminación racial como una negación de los derechos humanos y no únicamente, de los derechos civiles".
El Comité reconoció los esfuerzos del sector estatal y de organizaciones de la sociedad civil en la asistencia a los desplazados por los efectos del huracán Katrina, que azotó en 2005 la meridional ciudad de Nueva Orleans y zonas aledañas.
Sin embargo, el organismo se declaró preocupado por las consecuencias dispares que ese desastre natural continúa ejerciendo sobre residentes afroestadounidenses de bajos ingresos, muchos de los cuales siguen desplazados más de dos años después del huracán.
El Estado debería incrementar sus esfuerzos para favorecer el retorno de los desplazados y, en lo posible, garantizarles el acceso a una vivienda en sus lugares de su residencia habitual.
El Comité lamentó enérgicamente que Estados Unidos no haya adoptado sus recomendaciones acerca de la situación de los pueblos indígenas shoshone occidentales, y le reclamó al gobierno que presente un informe sobre el caso dentro de un año.
Un emplazamiento similar efectuó respecto de las normas que permiten la condena a prisión perpetua de acusados menores de edad, e incluso de niños.
La persistencia de esas sentencias es incompatible con la Convención, dijo el Comité, que demandó la eliminación de esas condenas para menores de 18 años y la revisión de las ya dictadas.
El organismo de la ONU pidió a Estados Unidos, además, la implantación de programas de formación para agentes gubernamentales y judiciales, en los ámbitos federal y de los estados, para divulgar el conocimiento de la Convención y de las obligaciones asumidas por el país en su condición de Estado firmante.
Washington deberá informar al respecto también dentro de un año.
El caso de Estados Unidos fue discutido por el comité en sus sesiones del 20 y 21 de febrero pasado, con participación de una delegación del gobierno de George W. Bush y en presencia de más de 120 activistas y expertos miembros de la Red de Derechos Humanos de ese país.
