Uno de los testigos citados por la defensa de un supuesto terrorista detenido en la base naval en Guantánamo, Cuba, será el ex jefe de los fiscales militares de Estados Unidos. La instancia judicial se cumplirá el mes próximo.
Se trata de la audiencia preliminar del juicio contra Salim Ahmed Hamdan, supuesto chofer y guardaespaldas del líder terrorista Osama bin Laden, en una de las comisiones militares previstas por una ley de 2006 para procesar a detenidos en la "guerra contra el terror".
El coronel Morris Davis renunció en octubre pasado al cargo de Fiscal en Jefe de la Oficina de Comisiones Militares del Departamento (ministerio) de Defensa porque rechazaba la interferencia política en las cortes marciales estadounidenses.
Davis trabaja hoy al frente del sistema judicial de la Fuerza Aérea.
A menos que el Departamento de Defensa (Pentágono) bloquee su comparecencia, Davis prestará testimonio ante los magistrados. Hamdan podría ser condenado a cadena perpetua si lo hallan culpable de conspiración y asistencia al terrorismo.
La defensa de Hamdan pretende que Davis confirme que, según el consejero general del Pentágono, William Haynes, cualquier absolución de sospechosos de terrorismo detenidos en Guantánamo dañaría la imagen de Estados Unidos.
Entrevistado por la revista The Nation en febrero, Morris aseguró que Haynes le dijo, en agosto de 2005: "No podemos tener absoluciones, debemos tener condenas." Esa declaración sembró muchas dudas sobre la transparencia de los procesos en Guantánamo.
La renuncia de Morris se precipitó porque Haynes, al ser promovido en el Pentágono, pasó a integrar su propia cadena de comando como su superior. "Todos tenemos opiniones, pero cuando lo pusieron encima mío, las suyas pasaron a ser órdenes", explicó.
La defensa de Hamdan prevé argumentar que la acusación debe ser levantada porque la interferencia política denunciada por Davis viola la Ley de Comisiones Militares de 2006.
"El problema es que se inyecten designaciones políticas en el sistema. Buscan un resultado político, no justicia", afirmó el militar.
Haynes renunció como principal funcionario legal del Pentágono a fines de febrero. Se lo considera uno de los principales diseñadores de las políticas de detención e interrogatorio de prisioneros en la "guerra contra el terror" declarada por el presidente Bush.
El funcionario redactó memorandos y declaraciones públicas que defienden la tortura y niegan el derecho de hábeas corpus para los prisioneros.
En un memorando de 2002, recomendó técnicas como "interrogatorios de 20 horas, aislamiento por hasta 30 días, privación de luz y de estímulos auditivos y posiciones incómodas por cuatro horas".
Además, recomendó "técnicas de interrogatorio mejoradas" como amenazas de muerte, submarinos (simulación de ahogamiento con agua) y exposición a temperaturas extremas. Y argumentó que los detenidos en Guantánamo no están protegidos por las Convenciones de Ginebra, que establecen garantías para los prisioneros de guerra.
Estas posiciones desataron una ola internacional de condenas al gobierno estadounidense y un bloqueo en el proceso de acusación de los detenidos en la base. Un solo caso, hasta ahora, ha sido atendido en seis años: el del australiano David Hicks.
Haynes también fue nominado por Bush a integrar una corte de apelaciones, pero la designación fue rechazada por el Comité Judicial del Senado. Varias figuras militares de renombre se alinearon en su contra en esa ocasión.
El contraalmirante retirado John Hutson, por ejemplo, escribió en una carta a un legislador que Haynes "estaba en una posición que le permitía asegurar" que no se cometieran interrogatorios abusivos, pero "no lo hizo".
A pedido del Pentágono, varios cientos de agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) debieron repetir interrogatorios en los últimos dos años para "recrear" la evidencia recogida en los anteriores, pues corre el riesgo de ser invalidada por el uso de varias formas de coerción.
Expertos en derecho advierten que esa evidencia es inadmisible por tratarse de "fruto del árbol envenenado", es decir, producida por un acto inconstitucional o ilegal.
"La evidencia obtenida en tales circunstancias no puede usarse en un juicio, según el derecho nacional e internacional, y por buenas razones", dijo a IPS Gabor Rona, director de la organización de derechos humanos Human Rights First.
"Es absurdo creer que un detenido en poder de los mismos captores puede ser interrogado de nuevo sin uso de técnicas coercitivas para lograr una confesión incontaminada", añadió.
El coronel Davis sostuvo que el caso de Hamdan no es el primero en que los procesos en Guantánamo se vieron afectados por presiones políticas.
En marzo del año pasado, altos funcionarios pidieron regatear para que David Hicks, el "talibán australiano", que se le permitiera cumplir una condena de nueve meses de prisión en su país por haber asistido al régimen islamista que controló Kabul entre 1996 y 2001.
Davis consideró que el acuerdo fue orquestado para apuntalar la posición electoral del Partido Conservador del entonces primer ministro John Howard, objeto de muchas críticas por su apoyo a la política exterior estadounidense y a las invasiones de Afganistán e Iraq.
El gobierno estadounidense pide la pena de muerte para los seis "detenidos de alto valor", transferidos a Guantánamo desde prisiones secretas de la CIA en Europa occidental donde fueron sometidos a duros interrogatorios.
Entre ellos figura Khalid Shaik Mohammed, supuesto colaborador de Osama bin Laden, quien, según diversas versiones, admitió ser el principal planificador de los atentados que acabaron con 3.000 vidas en Nueva York y Washington el 11 de septiembre de 2001.
Estados Unidos mantiene hoy unos 275 prisioneros en Guantánamo, y las autoridades aseguran que acusará a unos 80 ante las Comisiones Militares.
