La estrategia internacional del combate al contrabando de productos del tabaco consistirá básicamente en el fortalecimiento de los controles sobre la producción y distribución de cigarrillos, así como en la imposición de sanciones a los autores del delito, se anunció este viernes en esta ciudad suiza.
El borrador del documento que discuten los 152 Estados parte del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco precisa que ese instrumento jurídico se fundará igualmente en formas de cooperación internacional, como el intercambio de información, y en la asistencia técnica y científica, explicó Ian Walton-George, representante de la Unión Europea, que preside las negociaciones.
El Convenio Marco promovido por la OMS (Organización Mundial de la Salud) y negociado entre 2000 y 2003 en Ginebra, establece como elementos clave de su éxito al fortalecimiento de la legislación para la lucha contra el contrabando de los productos del tabaco.
El tratado, que entró en vigor el 27 de febrero de 2007, reposará también en la adopción de restricciones a la publicidad, el patrocinio y la promoción del tabaco, en nuevas formas de envasado y etiquetado y en el establecimiento de controles para velar por un aire limpio en los ambientes interiores.
Todas ellas son importantes disposiciones del Convenio Marco destinadas a sostener la responsabilidad de las transnacionales tabacaleras por los daños que causan a los pueblos, la sociedad y el ambiente, expuso a IPS la experta independiente Kathy Mulvey, de la organización no gubernamental Corporate Accountability International, con sede en Boston, Estados Unidos.
La prohibición de la publicidad, el patrocinio y la promoción del tabaco se sumará a otras medidas para proteger la salud pública de las interferencias de la industria tabacalera, dijo Mulvey.
Un conjunto de directrices relacionadas con la publicidad transfronteriza debería integrarse en un texto de protocolo que será discutido probablemente en noviembre próximo en Sudáfrica.
Las formas de interferencia de las firmas transnacionales tabacaleras incluyen desde el ejercicio de presiones a la contratación de abogados influyentes y al uso de grupos de agricultores como la Asociación Internacional de Cultivadores de Tabaco, que sirven los intereses de las grandes compañías del sector, describió.
La interferencia se vale así mismo del papel desempeñado por ciertos gobiernos en el proceso de las negociaciones, como en el caso del estado de Japón, que retiene 50 por ciento del paquete accionario de la Japan Tobacco International, la tercera compañía del rubro en el mundo,
Otro ejemplo de intromisión de las tabacaleras referido por Mulvey es una carta enviada por la empresa transnacional Philip Morris al gobierno de Estados Unidos cuando se sostenía la segunda ronda de negociaciones del Convenio Marco.
La misiva de ese consorcio de origen estadounidense demandaba la intervención de Washington para obtener cambios o enmiendas en 11 puntos del texto negociado.
Los representantes oficiales de Estados Unidos retornaron a las negociaciones solicitando la eliminación de 10 de los 11 puntos reclamados por la tabacalera, aseguró la experta.
A pesar de esos obstáculos, el Convenio Marco se encuentra vigente y ha obtenido ya la ratificación de 152 Estados. El gobierno estadounidense firmó hace cuatro años el Convenio Marco, pero todavía no ha enviado su texto al Senado para obtener su ratificación, precisó Mulvey.
En ese contexto se realizó esta semana la primera negociación de un borrador de protocolo para combatir el comercio ilícito del tabaco. Entre 10 y 11 por ciento de los cigarrillos que se encuentran en el mercado tienen un origen ilícito. Al cabo de un año suman unos 600.000 millones los cigarrillos traficados ilegalmente.
Los gobiernos pagan un precio elevado, entre 40.000 millones y 50.000 millones de dólares, que es la cifra anual que dejan de percibir en concepto de gravámenes a la comercialización legal de los productos del tabaco.
Las organizaciones no gubernamentales estiman que las transnacionales tabacaleras se benefician de distintas maneras con el comercio ilegal. Por un lado, eso les permite colocar en el mercado a bajo precio los productos del tabaco.
El activista nigeriano Akinbode Oluwafemi, de la Red por la Responsabilidad de las Transnacionales Tabacaleras, señaló que en su país un paquete de 20 cigarrillos se vende, por los canales legales, a un precio muy económico de 1,50 dólares.
Pero la misma unidad introducida de contrabando se adquiere a menos de medio dólar. Inclusive las golosinas de menor precio son más baratas en Nigeria, remarcó Oluwafemi.
El gobierno nigeriano ha estimado que entre 10 y 16 por ciento de los cigarrillos vendidos en el país ingresan por canales ilegales.
Este aspecto rinde mayores provechos a las compañías tabacaleras transnacionales pues los bajos precios desencadenan el aumento del consumo y la consecuente adicción de legiones de jóvenes que contribuyen a la expansión del mercado.
Otra variante es la oportunidad de penetración en los mercados vírgenes que ofrece el contrabando al permitir la divulgación de las marcas aún antes de que las compañías titulares de esos registros se hayan asentado legalmente en los países.
Mulvey dijo que documentos internos de la industria tabacalera testimonian que en países como Colombia, el tráfico ilícito favoreció el establecimiento de esas compañías en el lugar antes de haberse instalado legalmente en ese mercado.
Los representantes de la sociedad civil sostienen que las firmas tabacaleras son cómplices de las operaciones de contrabando.
La industria del tabaco ha sido denunciada de mantener vínculos con las rutas del contrabando, afirmó Yul Francisco Dorado, coordinador para América Latina de Corporate Accountability International.
Dorado citó el caso de la denuncia presentada por el gobierno de Colombia contra la Philip Morris "al comprobar que era responsable del contrabando de cigarrillos traficados por las rutas del Caribe y de países vecinos", dijo Dorado.
Este litigio se tramita ante tribunales de Estados Unidos y está pendiente de una decisión, precisó. El caso es muy similar a la demanda iniciada por la Unión Europea contra la misma Philip Morris, que terminó en un acuerdo, abundó Dorado.
El experto latinoamericano reclamó que el protocolo sobre contrabando establezca claras obligaciones para que la industria del tabaco asuma la responsabilidad sobre toda la cadena de producción y comercialización.
Un protocolo fuerte cierra también las puertas a posibles acuerdos entre gobiernos e industria, una estrategia que viene utilizando el sector empresarial para presionar a los gobiernos e interferir en la aplicación del Convenio Marco, sostuvo.
Los borradores del protocolo discutidos esta semana incluyen la posibilidad de crear un sistema de expedición de licencias para controlar la producción y distribución del tabaco y sus derivados, con el objetivo de prevenir el comercio ilícito.
Las licencias permitirían identificar y vigilar a todos los actores que intervienen en las diferentes etapas del proceso del tabaco.
A su vez, los productos derivados del tabaco serían sometidos a un proceso de seguimiento y localización, mediante códigos de seguridad, visibles u ocultos, en los paquetes, cartones, cajas y paletas. El empleo de tecnologías de verificación favorecería la identificación inmediata de los productos ilegales.
Walton-Georges, presidente de la negociación del protocolo, deberá presentar un proyecto de acuerdo a los Estados parte a mediados de este año. Ese borrador sería discutido formalmente en una próxima reunión, en octubre venidero.
Mulvey estimó que las negociaciones se desarrollan con rapidez y observó que existe un impulso favorable para la elaboración de "un buen texto".
