El acalorado debate sobre la pena de muerte, que dividió a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en diciembre de 2007, se niega a perecer.
Un grupo de 58 países a favor del máximo castigo se dirigieron al secretario general del foro mundial, Ban Ki-moon, para "dejar constancia de que siguen objetando todo intento de imponer una moratoria sobre la aplicación de la pena de muerte o su abolición".
Todo intento de instalar una moratoria o abolir la pena capital viola las normas existentes bajo el derecho internacional, según la misiva, llamada "note verbale" en la jerga de la ONU.
La declaración se entregó en vísperas del Día Internacional por la Abolición de la Pena de Muerte, que se conmemorará este sábado.
Los 58 países de los 192 miembros de la ONU— que tratan de mantener ese castigo extremo reforzaron sus argumentos a favor de la pena de muerte mediante una nota conjunta.
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Entre ellos se encuentran los miembros de la Organización de la Conferencia Islámica, además de Bahamas, Birmania, China, Corea del Norte, Japón, Tailandia, Uganda, Singapur y Zimbabwe.
"Esta note verbale, suscrita por 58 delegaciones pone de relieve una vez más la falta de consenso internacional acerca de la aplicación de la pena de muerte", dijo a IPS el embajador de Singapur, Vanu Gopala Menon.
La polémica resolución pidiendo una moratoria se puso a consideración de la Asamblea General en diciembre de 2007 y recogió 104 votos a favor, 54 en contra y 29 abstenciones.
Pero una resolución de la Asamblea General, a diferencia de una del Consejo de Seguridad, no es obligatoria y no tiene consecuencias legales.
Al menos cuatro países, Belice, Chad, Estados Unidos e India, que votaron contra la resolución en diciembre, no firmaron la "note verbale" por alguna razón.
Ocho de los países que se abstuvieron, República Centroafricana, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Fiji, Guinea, Guinea Ecuatorial, Laos y Swazilandia, firmaron la declaración, uniéndose a los antiabolicionistas.
"La declaración conjunta se propone aclararle al otro bando que no aceptamos el resultado de la votación de la Asamblea General. Esperamos que el debate se reanude", dijo a IPS un diplomático signatario de la misiva que pidió reserva de su identidad.
El asunto volverá a tratarse en la 63 sesión de la Asamblea General que comenzará en septiembre.
"Quedó casi establecido en la resolución adoptada, que puso el asunto en la agenda de la 63 sesión", añadió el diplomático. "Nosotros nos opusimos porque debemos evitar otra vez la acrimonia, al menos no tan pronto".
Pero los patrocinadores de la resolución de diciembre, explicó, rechazaron ese argumento e insistieron en colocarlo en la agenda de la siguiente Asamblea General.
Los 58 signatarios sostienen que suele referirse a la pena capital como un asunto de derechos humanos en el marco del derecho a la vida de los presos.
"Pero es, antes que nada, un asunto del sistema de justicia penal y un importante elemento de disuasión de delitos graves. Debe ser considerada desde una perspectiva mucho más amplia y considerar el derecho de las víctimas y de la comunidad a vivir en paz y seguridad", reza la declaración.
"Todo estado tiene el derecho inalienable de elegir su sistema político, económico, social, cultural y legal sin ningún tipo de interferencia de otro país", prosigue. "No hay nada en la carta de la ONU que autorice a las Naciones Unidas a intervenir en asuntos que son importantes para la jurisdicción de cualquier nación".
La campaña abolicionista fue encabezada por la Unión Europea, de 27 miembros, que se adjudicó una victoria moral en la votación de la Asamblea General.
Singapur, uno de los más fervientes opositores a la moratoria, se opuso rotundamente a la UE.
"Es una lástima que los promotores de la iniciativa hayan manejado el asunto como una clase y no como un debate, su perspectiva y su opinión son las únicas legítimas", señaló Menon, de Singapur, a la Asamblea General tras la votación.
"Pueden haber hecho declaraciones distintas, pero nunca hubo un verdadero intento de buscar consenso o convencer con argumentos", sostuvo.
"Los principales patrocinadores reconocieron un artículo de la Carta de la ONU que señala que nada allí debe autorizar a las Naciones Unidas a intervenir en asuntos que son importantes en la jurisdicción de ningún Estado", apuntó Menon.
"Se opusieron a lo que calificaron de citas selectivas y luego ellos seleccionaron textos", añadió.
"También votaron en masa contra enmiendas que ninguna personas razonable cuestionaría, por ejemplo, que hay gran diversidad legal, social, económicas y cultural en el mundo", declaró.
