Activistas del sudoriental estado estadounidense de Georgia comenzaron una campaña para garantizar los derechos de los condenados a muerte, antes de que sea levantada la actual moratoria nacional sobre el uso de la inyección letal.
Las ejecuciones en este país están suspendidas desde fines de septiembre de 2007, cuando la Corte Suprema de Justicia comenzó a estudiar un cuestionamiento legal sobre la inyección, el principal método utilizado en este país.
Sin embargo, es muy poco probable que los magistrados del alto tribunal declaren inconstitucional ese tipo de ejecución en su dictamen dentro de unos meses. De todas formas, es posible que fijen estándares a fin de evaluar errores en la práctica, según el periódico The New York Times.
Las ejecuciones disminuyen en la mayor parte del territorio nacional, aunque prevalecen en el sur. Los estados meridionales son responsables de 86 por ciento de las 42 muertes legales practicadas en 2007. Sólo Texas ejecutó a 26 convictos.
Georgia estudia un proyecto de la Cámara de Representantes estadual a fin de acelerar el proceso de condena a muerte.
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Activistas, abogados y algunos legisladores estaduales concentran sus esfuerzos en bloquear el proyecto que permitiría al jurado dictaminar el máximo castigo con tan sólo una mayoría de votos.
La Cámara de Representantes estadual aprobó la iniciativa por 106 votos a 65 en 2007. El proyecto quedó estancado en una comisión del Senado.
Quienes se oponen a la iniciativa alertaron que podría volver a ser presentada ante la Asamblea General de Georgia en esta sesión legislativa.
"Esto es muy problemático", dijo a IPS Sara Totonchi, del Centro de Derechos Humanos de Sur (SCHR, por sus siglas en inglés).
"Mientras el resto del país quiere ser más cauto y aplica cada vez menos la pena de muerte, Georgia da un paso atrás. Va contra la tendencia nacional", apuntó.
El SCHR hace campaña contra el proyecto junto a la Asociación de Abogados Penales Defensores de Georgia (GACDL, en inglés).
"Ningún otro estado tiene un sistema no unánime para dictar veredictos en casos de pena de muerte", reza una declaración conjunta de ambas organizaciones.
La Corte Suprema de Estados Unidos concluyó en el caso de Gregg versus Georgia en 1976 que el procedimiento para dictar la máxima pena en este estado era constitucional, incluido entonces el requisito de un veredicto unánime del jurado.
El SCHR y la Asociación de Abogados arguyeron que de ser sancionado el proyecto, la ley no sería constitucional.
"Nos preocupa mucho", dijo a IPS la legisladora demócrata Stephanie Stuckey Benfield, de la central ciudad de Decatur, una de las opositoras a esa iniciativa. "Es una vergüenza teniendo en cuenta la moratoria impuesta en el ámbito nacional".
Ambas organizaciones, también contrarias a otro proyecto similar para que el jurado decida por mayoría en casos de delito grave, arguyen que las últimas exoneraciones mediante análisis de ADN son una advertencia de que los errores judiciales ocurren.
"Como el sistema no es infalible, es necesario ser más cautos a la hora de condenar a muerte y no facilitar el proceso", arguyeron. "La unanimidad del jurado ayuda a evitar los problemas inherentes" de la justicia.
"La eliminación del requisito de unanimidad muestra una total falta de respeto a los miembros del jurado que toman quizá una de las decisiones más importantes de su vida", añadió.
Georgia es uno de los varios estados que debieron pagar grandes indemnizaciones a personas condenadas por error.
El años pasado, Georgia pagó 1,2 millones de dólares a Robert Clark, condenado por violación en 1982. Fue reivindicado gracias al análisis de ADN.
Desde 1973, 127 convictos fueron liberados del pabellón de condenados a muerte tras probarse su inocencia, según el Centro de Información sobre Pena de Muerte.
Testimonios erróneos de testigos presenciales desempeñaron un papel importante en 45 de los 86 casos de presos exonerados y liberados, analizados en 2001 por el Centro de Sentencias Injustas de la Facultad Noroccidental de Derecho.
Benfield presentó un proyecto en esta sesión de la Asamblea General de Georgia a fin de que las fuerzas del orden sigan un procedimiento escrito estricto en las instancias de identificación de sospechosos.
Las nuevas normas prevén que el oficial encargado del reconocimiento desconozca la identidad del sospechoso. Tampoco debe saber si, de hecho, el presunto culpable está en la sala.
Además, sólo debe haber un sospechoso en cada sesión de identificación y los testigos no deben saber si realmente está presente en la sala.
Los responsables del proyecto sostienen que con esas medidas se evita que el oficial a cargo dé pistas verbales o no verbales que puedan inducir al testigo a identificar a alguna de las personas presentes en la sala.
En uno de los casos de indemnización más grandes por fallo injusto, un jurado federal otorgó a Alejandro Domínguez nueve millones de dólares en 2006, tras concluir que la policía indujo a una víctima de violación a identificarlo como responsable pese a no concordar con la descripción del agresor.
Benfield presidió una comisión especial en 2007 que se reunió con especialistas en identificación de sospechosos, además de policías y fiscales.
"Avanzamos mucho con la comisión de estudio", subrayó Benfield. "Las fuerzas del orden realmente quieren hacer lo correcto. No quieren un inocente en prisión y un culpable libre delinquiendo".
El proyecto prevé que este año comience la capacitación policial y la creación de lineamientos y procedimientos para la identificación de sospechosos. La reforma puede quedar terminada para mediados de 2011, así como los cursos de formación.
La Comisión de Justicia no Civil de la Cámara de Representantes de Georgia aprobó el proyecto de Benfield el 6 de este mes. El propio órgano legislativo puede votarlo antes de marzo.
Los esfuerzos de Georgia para disminuir las posibilidades de ejecución de inocentes coinciden con una renovada campaña contra la pena capital en Estados Unidos.
Numerosos estados no lograron abolir el máximo castigo en 2007 por escaso margen. Las legislaturas de Colorado, Maryland, Montana, Nebraska y Nuevo México no aprobaron la abolición por pocos votos.
La Corte Suprema de Nebraska dictaminó el 8 de este mes que el uso de la silla eléctrica viola la constitución estadual. Ese fue el último estado de Estados Unidos en que ése fue el único método de ejecución disponible.
Actualmente no se condena a la máxima pena en 14 de los 50 estados.
California, Carolina del Norte y Tennessee siguen condenado a muerte, pero crearon comisiones para estudiar el asunto.
