Luego de 30 años de intensa campaña contra la mutilación genital femenina, la ONU destacó que muchos países, incluyendo a Canadá, Bélgica, España e Italia, aprobaron legislaciones para penalizar esa práctica, prevalente en sus comunidades inmigrantes.
"Hay una gran comprensión de esa práctica como violación de los derechos humanos, así como de sus dañinos impactos en la salud", indica un nuevo estudio de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) que será discutido en la sesión de dos semanas de la Comisión sobre el Estatus de las Mujeres, a realizarse entre el 25 de este mes y el 7 de marzo.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que entre 100 millones y 140 millones de adolescentes y mujeres han sufrido la mal llamada "circuncisión femenina" en más de 28 países, en su mayoría de África, Asia y Medio Oriente.
Cada año, unas tres millones de adolescentes y mujeres son sometidas a la mutilación, señala el estudio del foro mundial.
El informe de 18 páginas, titulado "Poniendo fin a la mutilación genital femenina", señala que el impacto de las intervenciones para terminar con esa práctica sólo podrían conseguir su pleno potencial en el contexto de esfuerzos intensificados por la igualdad de género y el fortalecimiento del papel de las mujeres.
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"Los líderes religiosos deben involucrarse en campañas destinadas a toda la comunidad enseñando que la mutilación genital femenina no tiene base en las creencias religiosas", arguye el informe.
Millones de mujeres y niñas africanas son sometidas a esa operación, que consiste en la mayoría de los casos en la extirpación total o parcial del clítoris, en general sin anestesia y en pésimas condiciones sanitarias.
La forma más severa de mutilación, la infibulación, consiste en cercenar los labios menores y mayores de la vagina y suturar gran parte del orificio, dejando apenas una pequeña apertura para la salida del flujo menstrual. En el primer coito, esa sutura es desgarrada. Muchos hombres defienden la práctica arguyendo que disminuye el riesgo de que sus esposas les sean infieles, pues creen erróneamente que reduce el deseo sexual.
Ciertas comunidades ven a la operación como una iniciación a la adultez y también una medida higiénica, en tanto que algunos musulmanes la defienden como un requisito religioso.
Pero las mujeres mutiladas padecen fusión de los labios vaginales, quistes y dolor durante el coito, problemas que suelen permanecer sin diagnóstico ni tratamiento durante años. Además, muchas niñas mueren poco después del procedimiento debido a hemorragias incontrolables o infecciones. En Austria, según el estudio, la mutilación genital es ahora considerada un ataque físico al que una persona no puede dar consentimiento. Asimismo, las leyes de Suecia prohíben la práctica sin importar el contexto de la víctima ni de sus parientes.
Y, según el código penal de Alemania, el consentimiento de los padres es considerado un abuso de la patria potestad. En Finlandia y en Holanda, los profesionales de la salud están obligados a denunciar casos vinculados con la mutilación genital.
Según la ley canadiense, ese tipo de operaciones son consideradas un tipo de persecución por motivos de género y una causal para conceder el estatus de refugiado. Aunque Austria y España no lo señalan explícitamente así en sus leyes, tienen el mismo concepto en la práctica.
En todos estos países, la mutilación es practicada fundamentalmente entre las comunidades de inmigrantes.
Mientras, varios países africanos, incluyendo a Eritrea, Ghana, Marruecos y Uganda, también penalizaron la mutilación.
Aunque en Nigeria no hay ninguna ley federal que la prohíba, 11 de sus estados adoptaron leyes contra "prácticas tradicionales dañinas, incluyendo la mutilación genital femenina", según el informe de la ONU.
Egipto y Yemen también han dado pasos para frenar esa práctica en sus sistemas de atención médica, prohibiendo a los profesionales de la salud que la lleven a cabo.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), que ha tomado un papel activo contra la mutilación genital femenina, promueve programas de sensibilidad cultural para analizar las razones sociales de la práctica.
El UNFPA y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) lanzaron un programa de 44 millones de dólares para reducir los efectos de la mutilación y "ponerle fin en esta generación". La nueva iniciativa estimula a las comunidades en 16 naciones africanas a erradicarla.
Consultado sobre si la mutilación genital había incrementado o decrecido en los últimos años, la directora ejecutiva del UNFPA, Thoraya Ahmed Obaid, dijo a IPS: "El trabajo duro y los esfuerzos de financiación de los activistas y de las organizaciones por los derechos humanos y por el desarrollo internacional, como el UNFPA, han mostrado resultados positivos en las últimas décadas".
La funcionaria destacó que ahora hay una propagada conciencia sobre los dañinos efectos de la mutilación y de que se trata de una violación a los derechos de las mujeres. "Esto está llevando a una creciente desaprobación de la práctica entre las mujeres y los hombres", destacó.
