El informe oficial israelí sobre la guerra de Líbano de 2006, que tuvo esta semana en vilo al gobierno de Ehud Olmert por el fracaso bélico, deja de lado la masacre de civiles, cuestionaron activistas y expertos.
El informe de la Comisión Winograd, presentado el miércoles luego de una investigación de un año que incluyó numerosas audiencias sobre la conducción de la guerra se caracterizó por "fallas y defectos" y que Israel careció de estrategia clara.
Pero la Comisión, presidida por el juez retirado Eliahu Winograd, no explicó por qué las fuerzas armadas israelíes atacaron sin discriminar entre combatientes del islamista Partido de Dios (Hezbolá) y la población civil libanesa, un hecho constatado, incluso, por la Organización de las Naciones Unidas.
Israel niega haber cometido crímenes de guerra en Líbano, y atribuye el origen del conflicto desarrollado en julio y agosto de 2006 a los ataques indiscriminados de Hezbolá contra objetivos civiles en su territorio.
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En las 72 horas anteriores al cese del fuego, formalizado el 14 de agosto de ese año, las fuerzas armadas israelíes arrojaron desde el aire sobre el sur de Líbano 1.800 bombas de racimo con 1,2 millones de submuniciones, muchas de las cuales siguen vivas.
Amnistía registró la muerte de 40 personas —27 civiles y 13 trabajadores a cargo de la desactivación de minas y municiones— por la explosión de estas armas desde el fin del confilcto, y más de 240 heridos por la misma causa.
De las 629 páginas del informe de la Comisión Winograd, apenas seis están dedicadas a las bombas de racimo, cuyo uso, aseguró el grupo, fue legal. Sin embargo, cuestionó la falta de disciplina operacional, supervisión y control en el bombardeo de estos artefactos.
"Recomendamos una reevaluación de las reglas y principios del ejército en el uso de bombas de racimo", indica el estudio, en una apreciación considerada demasiado tímida por observadores.
"La Comisión cumplió con el rol que se esperaba de ella: el de encubrir el desastre y disculpar a los políticos", dijo el profesor de ciencias políticas de la Universidad de Tel Aviv Yoav Peled.
El informe final podría aplastar el reanudado diálogo de paz de Israel con la Autoridad Nacional Palestina, el cual, en la evaluación de Peled, "es una farsa dirigida a darle a Olmert apoyo desde izquierda" en caso de que la Comisión Winograd fuera desfavorable para el primer ministro israelí.
"Ahora que Olmert no necesita ese respaldo, puede olvidarse de la farsa" del diálogo, consideró Peled.
Luego del impacto inicial del informe, el primer ministro se dedicó esta semana a ampliar la base de sustento político de su gabinete en el Knesset (parlamento), que incluiría a sectores ultraortodoxos judíos.
Sin embargo, el informe no alteró la estabilidad del gobierno, dada la mayoría parlamentaria de la que goza.
Mientras, la oposición continúa reclamando su renuncia, al igual que 57 por ciento de los encuestados para un sondeo publicado por el diario Mahariv. Sin embargo, esa proporción se elevaba a 73 por ciento en abril pasado.
"Fue otra oportunidad perdida de atender las políticas que determinaron graves violaciones al derecho internacional humanitario —incluidos crímenes de guerracometidas por las fuerzas israelíes", dijo, por su parte, el director del programa de Amnistía para Medio Oriente, Malcolm Smart.
"La matanza indiscriminada de muchos civiles libaneses no se enmarcó en las hostilidades (contra Hezbolá), y la destrucción deliberada y al azar de propiedades e infraestructura civiles a escala masiva no fue considerada por la Comisión más que como un gesto simbólico", agregó.
Amnistía reclamó a Israel una investigación indepndiente de las acciones de sus soldados y la prohibición del uso de bombas de racimo, así como ayuda para los trabajos de desminado en Líbano.
También cuestionó a la Comisión Winograd por no hacer uso de sus potestades de convocar forzosamente a testigos y de recomendar una acusación judicial contra los responsables.
La Comisión "no hizo intentos serios de investigar violaciones al derecho internacional humanitario, incluidos crímenes de guerra, cometidas por las fuerzas israelíes", advirtió Amnistía en una declaración pública.
En cambio, advirtió, el grupo "esencialmente dejó de lado" evidencias disponibles de esas violaciones, con la excusa de las controversias entre expertos sobre interpretaciones del derecho internacional humanitario.
Además, la Comisión recordó que esas violaciones ya eran objeto de estudio de otras instituciones, y que se las usaba como propaganda contra Israel.
Basada sobre investigación en el terreno, Amnistía concluyó que la población civil libanesa, y no los combatientes de Hezbolá, fue la que pagó "el mayor costo" de los ataques israelíes.
Durante los ataques, murieron unos 1.190 habitantes de Líbano. Según Amnistía, la amplia mayoría eran civiles, incluidos cientos de niños. Muchas viviendas, propiedades e instalaciones de infraestructura fueron destruidas en los bombardeos. El ataque contra una central eléctrica derivó en un derrame masivo de combustible.
Una comisión investigadora de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) llegó a conclusiones similares en noviembre de 2006.
Esta comisión constató "un patrón significativo de excesivo, indiscriminado y desproporcionado uso de la fuerza por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel contra civiles y objetivos civiles, sin distinguirlos de los combatientes y objetivos militares", aseguró la ONU.
