La quinta semana de negociaciones para resolver el caos político de Kenia se inició este lunes con la discusión sobre las atribuciones que tendrá el futuro cargo de primer ministro.
La creación del puesto de jefe de gobierno, no contemplado en la Constitución, forma parte del acuerdo para compartir el poder entre el presidente Mwai Kibaki y el líder del opositor Movimiento Democrático Naranja (ODM, por sus siglas en inglés), Raila Odinga, quien denunció fraude en las elecciones del 27 de diciembre.
Luego de coincidir en la creación del puesto de primer ministro, que sería ocupado por Odinga, los negociadores ahora discuten el grado de autoridad que se le otorgará.
"Los delegados de Kibaki no quieren que se diluyan sus atribuciones, mientras que el ODM reclama que el primer ministro tenga poderes ejecutivos y no pueda ser afectado por un veto presidencial", dijo a IPS el analista político Paul Genchu.
Los observadores creen que el nudo de la cuestión se encuentra en el control de los ministerios y departamentos del gobierno.
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El legislador Ababu Namwamba, del ODM, dijo que el mínimo requerimiento era una jefatura de gobierno poderosa y la devolución de poder a las regiones.
"Debe haber una clara separación entre Estado y gobierno", señaló a los periodistas. El ODM también aspira a ocupar los dos cargos de viceprimer ministro y posiciones claves en el gabinete.
Si los negociadores llegan finalmente a un acuerdo, tendrán que encarar la cuestión no menos dificultosa de cómo compatibilizar el cargo de primer ministro con la Constitución.
Aunque Kenia tuvo primer ministro durante un breve período cuando obtuvo la independencia en 1963, el puesto fue abolido por el "padre fundador" Jomo Kenyatta en 1964.
"Se han propuesto dos alternativas: una ley del parlamento, que es la favorecida por el gobierno, o una reforma constitucional, deseada por el ODM", dijo Genchu. "Las negociaciones podrían naufragar a causa de esta discrepancia", advirtió.
Los keniatas han comenzado a contemplar las posibles consecuencias de un fracaso en las conversaciones entre la oposición y el oficialista Partido de Unidad Nacional (PNU, por sus siglas en inglés), fundamentalmente un resurgimiento de la violencia, que provocó más de 1.000 muertos y alrededor de 600.000 desplazados.
Los enfrentamientos tuvieron en muchos casos un componente étnico. Kibaki es un kikuyo, la mayor tribu de Kenia, que además controla el poder político y económico del país, mientras que Odinga es un luo.
Un informe del no gubernamental Comité Internacional de Crisis (ICG, por sus siglas en inglés), con sede en Bruselas, señaló el 21 de febrero que "grupos armados se encuentran aún movilizados en ambos bandos. El ODM está bajo presión de su 'núcleo duro', que demanda nada menos que la presidencia, y sus seguidores podrían retomar la confrontación si el PNU se muestra inflexible".
El gobierno de Kibaki, agregó el estudio, "está ganando tiempo para desgastar a la oposición y la determinación de la comunidad internacional".
Según el ICG, "se beneficia de los amplios poderes de la presidencia, incluyendo su ilimitado acceso a los recursos públicos. Insiste que la situación está bajo control y que no existe vacío de poder, busca que los países vecinos reconozcan el triunfo de Kibaki en las elecciones, se resiste a compartir genuinamente el poder y busca procesos de reconciliación alternativos" a la mediación encabezada por el ex secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Kofi Annan.
La semana pasada, la secretaria de Estado (canciller) de Estados Unidos, Condoleezza Rice, realizó una breve visita a Nairobi para reclamar una pronta resolución de la crisis.
Un fracaso en las negociaciones "debilitará la autoridad política de los organismos internacionales y las potencias occidentales", advirtió el activista de derechos humanos Zafar Rajan.
"Si alguien tan respetado como Annan y alguien tan ponderosa como Rice no logran que se forme un gobierno de gran coalición, no existirá mucha esperanza de tener una paz y estabilidad duraderas", dijo Winnie Wanjara, una empresaria local que admitió estar "muy cansada".
Annan señaló que el acuerdo político debía ir acompañado de amplias reformas que dieran respuesta a las causas profundas de la violencia, como la marcada desigualdad económica.
Según el ICG, "ni el ODM ni el PNU controlan la violencia local. Existe una posibilidad de restaurar la autoridad del Estado y prevenir nuevos combates, pero sólo si los líderes locales entienden que sus quejas serán atendidas y que medidas concretas serán rápidamente implementadas".
