El gobierno del presidente estadounidense George W. Bush promociona la aprobación de una serie de leyes en el parlamento iraquí como un signo de que su estrategia militar está creando las bases para la reconciliación política de ese país de Medio Oriente.
El paquete de tres leyes —sobre poderes provinciales, amnistía para algunos prisioneros y el presupuesto 2008— presenta serios desafíos para ser aplicado, lo que ilustra las dificultades del débil gobierno nacional iraquí.
Votarlas en conjunto fue un paso crucial para lograr su aprobación. Los tres mayores grupos de la sociedad iraquí, los musulmanes chiitas, los musulmanes sunitas y los kurdos están representados en diversos subgrupos en el parlamento. Cada ley tenía algo en particular que les interesaba y por lo tanto aceptaron el "paquete" completo.
"Se trata de alianzas tácticas. No hemos visto ningún acuerdo estratégico en los que considero temas fundamentales", dijo Rend Al-Rahim, miembro del no gubernamental Instituto Estadounidense para la Paz (USIP, por sus siglas en inglés) y fundador de un grupo de exilados iraquíes con sede en Washington.
De todas formas, la aprobación de las leyes no debe tomarse a la ligera, considerando que lograr quórum en esta legislatura es ya un hecho casi excepcional. Ahora deben ser ratificadas por el Poder Ejecutivo.
El gobierno de Bush y los partidarios de mantener la guerra en Iraq, iniciada en 2003 contra el luego derrocado y ejecutado Saddam Hussein, saludaron la sanción del paquete legislativo como un gran paso adelante.
Fred Barnes escribió en el semanario neoconservador The Weekly Standard que "el parlamento iraquí aprobó tres leyes para alcanzar la reconciliación política. En conjunto, incorporarán a la minoría sunita al proceso político que antes había boicoteado y pueden producir un nuevo tipo de líderes políticos".
Pero la convivencia pacífica entre chiitas y sunitas y, fundamentalmente, su completa integración a la vida política, se encuentra todavía muy lejos. La aprobación de las leyes no está acompañada por la reconciliación entre los grupos en el conjunto de la sociedad.
Un ejemplo lo ofrecen las llamadas Fuerzas del Despertar (Sahwa), integradas por decenas de miles de ex insurgentes sunitas, ahora a sueldo de Estados Unidos para combatir a la organización terrorista Al Qaeda en Iraq.
Aunque han jugado sin duda un papel importante en la reducción de la violencia, estos grupos son apenas frágiles aliados tácticos del gobierno y las fuerzas de ocupación estadounidenses.
Las leyes aprobadas podrían ayudar a incorporarlos al juego político..
Una de las leyes contempla llamar a elecciones provinciales en otoño, pero los Sahwa de la occidental provincia de Anbar insisten en que deben ser convocadas antes. Demandan, asimismo, que el sunita Partido Islámico Iraquí, que participó en los comicios de 2005, abandone los cargos que ocupa en 30 días o se enfrente a la resistencia armada.
Además, las dificultades para organizar las elecciones obligan a ratificar e implementar la ley prácticamente sin demora para cumplir con el plazo establecido en su texto.
Aunque los comicios pueden ser un paso importante para incorporar a los sunitas al proceso político, es difícil que esos grupos se conformen con quedar relegados a ese papel tras haber ayudado a controlar la violencia.
"Realmente me sorprende que algunas personas, asesores clave del primer ministro chiita Nouri Al Maliki, digan que los sunitas estarán felices de gobernar sus pequeñas provincias", señaló Al-Rahim.
"Cuando uno escucha a los sunitas, descubre que esa no es su idea. Quieren participar en la política nacional", agregó.
Al-Rahim comentó que se planteó la idea de otorgarles puestos en el gabinete, pero eso implica que otros deberían dejarles lugar, algo altamente improbable si se considera la realidad política de Iraq.
Asimismo, enfatizó, la desconfianza entre chiitas y sunitas todavía existe. "No nos engañemos", dijo.
Otro punto importante será poner en vigor la ley de amnistía para algunos de los 26.000 detenidos en prisiones iraquíes. Está dirigida a una cantidad de presos no condenados por ningún delito, en su mayoría sunitas, sino arrestados a causa de los "abusos de poder" de los chiitas, alegan.
Pero el texto no es muy claro y su puesta en práctica dificultosa. No menciona un plazo para la liberación de los detenidos. Jason Gluck, asesor legal del USIP, afirma que es necesario hacerlo en los próximos cuatro meses y que será completamente inútil si se demora más de un año.
Otro gran desafío con vistas a la reconciliación será aplicar la ley aprobada este mes que permitiría el retorno a puestos gubernamentales de alrededor de 38.000 miembros del Partido Baath del ex presidente Saddam Hussein (1979-2003).
Gluck advirtió que esos cargos ya han sido ocupados y que el gobierno no ha creado nuevos puestos de trabajo.
"Si no es capaz de hacerlo habrá un impacto negativo", concluyó, "porque demostrará el fracaso del gobierno nacional y erosionará la confianza de los ciudadanos comunes".
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