Valdelice Verón lamenta hasta ahora no haber acompañado a su padre, pero él le ordenó que fuera a la ciudad. Temprano, aquel domingo 12 de enero de 2003, su hija le alertó: «madre, el abuelo en la televisión». Era la noticia de que su padre estaba gravemente herido en un hospital.
Marcos Verón, de 70 años, lideró en esa ocasión el segundo intento de recuperar un área que consideraba tierra guaraní, porque allí vivieron sus antepasados y su tía fue "quemada viva en 1953".
En 2001, su grupo tampoco había logrado mantenerse en la hacienda, en el municipio de Juti, pero el líder no soportó ver a su gente acampada a un costado de la carretera con "desnutrición y agua sucia" y encabezó la nueva la "retomada" (recuperación de tierras), recuerda su hija.
En estas tierras ubicadas al sur del estado, en la frontera con Paraguay, también en 2007 fueron asesinados a tiros Julite Lopes, de 73 años, y Ortiz Lopes, durante tres intentos de recuperar la tierra que los guaraníes denominan Kurusú Ambá. Varios indígenas fueron heridos y otros detenidos, insólitamente acusados de tirar contra sus propios parientes.
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Estas muertes reflejan los numerosos conflictos agrarios entre indígenas y hacendados, aunque son minoría en el total de asesinatos de nativos, que aumentaron mucho en los últimos años. La mayoría a causa de la violencia interna en las aldeas, especialmente en Mato Grosso del Sur.
De los 81 indígenas brasileños muertos el año pasado, según cifras del Consejo Indigenista Misionero aún bajo revisión, 53 eran de ese estado, donde las etnias autóctonas suman una población estimada en 65.000 personas, la mayoría guaraníes. En 2006, de 48 nativos muertos, 20 eran guaraníes.
LA MUERTE COTIDIANA
Ante esta dramática realidad, la sección estadual de la Orden (colegio) de Abogados de Brasil (OAB), promovió una campaña con la consigna "Respete el indígena, genocidio no".
"Tenemos una posición: estamos al lado de los indígenas", aseguró su presidente, Fabio Trad, al lanzar la campaña el 18 de enero en Campo Grande, capital de Mato Grosso del Sur.
No es una posición consensual, porque hay más abogados defendiendo hacendados que indígenas en los conflictos que se intensificaron en las dos últimas décadas, ante las "retomadas" en las disputas por tierras y en casos criminales.
El número de muertos se acentúa en el Parque Indígena de Dourados, un área de 3.561 hectáreas apretada entre la ciudad del mismo nombre y extensos cultivos de soja. Allí viven cerca de 12.000 indígenas, la mayoría guaraníes del grupo kaiwoá. En 2007 fueron asesinados por lo menos 21, un índice de 175 por cada 100.000 habitantes, siete veces superior al promedio nacional.
Además, en ese lugar se registran más suicidios de adolescentes que en otras zonas del país, una tragedia que concita especial atención desde inicios de la década pasada. En los últimos años también hubo crisis de desnutrición con muchas muertes de niños y la muerte se hizo presencia cotidiana.
Son "indígenas matando indígenas", gran parte a golpes de machete, usados en la cosecha de caña. Víctimas y autores son mayoritariamente jóvenes.
La raíz de tanta violencia es la tierra limitada —0,3 hectáreas por persona— que configura un "confinamiento", según los antropólogos.
"Los indígenas no están preparados para tan poca tierra", dijo a IPS Anastacio Peralta, coordinador de Políticas Públicas en la Cuestión Indígena de la Alcaldía de Dourados.
Hay muchos otros factores que generan violencia, entre ellos "el alcohol, las drogas, la prostitución", además de la pérdida de la cultura tradicional por parte de los jóvenes y mucha influencia externa, especialmente por televisión, evaluó Peralta, un kaiwoá que anduvo "tumbando bosques" en haciendas y trabajó en transporte de cargas y en la industria maderera, antes de volver en 1994, "invitado por parientes".
"El problema es la bebida (alcohólica) y ahora empieza a entrar la droga; sin esas cosas el indígena no pelea", resume Renato Souza, el "capitán" de la aldea Jaguapirú, que comparte el Parque Indígena de Dourados con la aldea Bororó.
"Capitán" es un cargo creado por el órgano indigenista oficial para regular las relaciones de cada aldea con la sociedad circundante, especialmente con el gobierno, aunque últimamente ha perdido autoridad y reconocimiento. "Pero la comunidad me reconoce", sostuvo Souza, elegido por su aldea.
Los suicidios se deben a la "falta de tierra y de trabajo, pero también al "abandono de la cultura tradicional", opinó Jorge da Silva, "rezador" (líder religioso) que construyó una gran "casa de rezo" donde recibe a su gente para bautismos de niños, del maíz y de la tierra, con los utensilios típicos.
"Rescatar la cultura guaraní" es la solución para que los niños no "sigan otra carretera" equivocada, porque además las aldeas fueron invadidas por "iglesias de fuera", dijo, refiriéndose a las religiones pentecostales de fuerte actividad en Dourados y en otras tierras indígenas.
La violencia dentro de las aldeas es "el más grave problema" entre los guaraníes, evaluó Antonio Brand, historiador y profesor de la Universidad Católica Don Bosco dedicado a investigar y promover la educación indígena.
El hambre se soluciona con distribución de alimentos, como se está haciendo con las canastas básicas del gobierno. Pero la violencia que afecta a la organización interna compleja de las aldeas, conduce a un "callejón sin salida", al incrementar la tensión y deseos de venganza ante cada muerte, explicó. "La causa original es el confinamiento", coincidió.
Como dejan de lado a sus líderes y recurren a la policía, actualmente hay "una cantidad impresionante de indígenas presos", destacó Brand, apuntando otro tipo de violencia que sufren los guaraníes, especialmente los del grupo kaiwoá.
DISCRIMINACIÓN Y CÁRCEL
En Mato Grosso del Sur hay "casi 500 indígenas presos", informó a IPS Wilton Matos, quien vive en la aldea Jaguapirú. Hijo "de padre guaraní y madre terena", dirige la Comisión de Asuntos Indígenas creada por la OAB de ese estado para cuidar los derechos nativos en el área judicial y en las prisiones.
"La violencia interna en las aldeas es por desesperación y protesta", evaluó. Los indígenas son encarcelados por discriminación y muchos son acusados de estupro, porque es más fácil culparlos de un "crimen sin testigos". Cuando falla, los acusan de "atentado violento al pudor", menos grave, pero castigado con la misma pena, señaló.
Muchas veces se convierten en reos confesos porque, "cuando no comprenden una pregunta, los kaiwoá la responden afirmativamente", situación común para la mayoría que usa casi solamente su lengua y conoce poco o nada del portugués, acotó.
Luego de la entrevista con IPS, Matos tuvo que socorrer a un kaiwoá encarcelado por el robo de un caballo. Denunciado por un blanco, al ser interrogado por la policía el indígena dio versiones confusas sobre el origen del caballo. El comisario entregó entonces el animal al acusador en custodia temporal.
En la noche, el indígena fue a la casa del blanco, se llevó el caballo y fue detenido. Matos discutió con el comisario porque no le dio explicación del significado de "custodia", a la que hubiera tenido derecho el acusado y éste interpretó la decisión como definitiva y simplemente trató de recuperar lo que consideraba legítimamente suyo. Tras aclarar el concepto provisional de custodia con el indígena, el abogado logró su libertad.
Las prisiones arbitrarias y la violación de los derechos indígenas al confinarlos con los demás presos son usuales en el estado, según Matos, cuya vida ejemplifica las dificultades de su pueblo.
Cortador de caña desde los 13 años de edad, fue alcohólico durante 14 años y dejó su adicción hace apenas cuatro años. Pudo concluir su enseñanza básica y entrar a la universidad sólo después de convertirse en conductor radial con excelente audiencia en Dourados, a los 37 años, 10 años atrás.
Son pocos los abogados indígenas y menos aún los que se dedican a la causa de su pueblo, lamentó. Pero la situación está cambiando. De los 500 estudiantes universitarios aborígenes en Mato Grosso del Sur, se estima que 180 estudian Derecho, buena parte interesados en defender los derechos de sus parientes.
