Los críticos de George W. Bush denuncian que el presidente estadounidense intenta usar una «declaración de firma encubierta» para desbaratar la intención del Congreso legislativo de eliminar el manto de secreto que protegió al gobierno durante los últimos siete años.
En agosto de 2007, el Congreso aprobó la Ley de Gobierno Abierto, que creó la Oficina de Información del Gobierno dentro de la Administración Nacional de Archivos y Registros.
Se trata de una agencia federal independiente que tiene a su cargo preservar y documentar los registros gubernamentales e históricos y aumentar el acceso público a los mismos.
La nueva oficina iba a ser presidida por un ombudsman —defensor del pueblo— que vigilara las disputas en torno a la Ley de Libertad de Información (FOIA), evitara litigios innecesarios y controlara la manera como el Departamento de Justicia implementa esa ley.
Bush firmó la medida en diciembre de 2007. Pero cuando presentó al Congreso, su propuesta de presupuesto de 3,1 billones de dólares, no incluyó ningún fondo para el nuevo programa.
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En cambio, el financiamiento quedó bien oculto dentro del apéndice del presupuesto, bajo el Departamento de Comercio —página 239 del documento de 1.314 páginas— e hizo que la nueva oficina quedara bajo la jurisdicción del Departamento de Justicia.
"Esa medida no sólo es contraria al intento expreso del Congreso, sino que también es contraria al propósito mismo de esta legislación: asegurar la resolución oportuna y justa de los requisitos de los estadounidenses en relación a la FOIA", dijo el senador demócrata Patrick Leahy, presidente del Comité Judicial del Senado y uno de los copatrocinadores originales de la Ley de Gobierno Abierto.
La razón: el Departamento de Justicia es el encargado de defender a las agencias del gobierno acusadas de ocultar documentos requeridos en el marco de la FOIA.
Esto le hace inclinarse a favor de las agencias federales, convirtiéndolo en juez y parte.
"El presidente definitivamente usa su propuesta de presupuesto para intentar reubicar la oficina del ombudsman de la FOIA en la órbita del Departamento de Justicia. Es similar a firmar declaraciones en las que el presidente intenta alterar la implementación de una ley tal como fue diseñada por el Congreso", según Sean Moulton, director de Políticas de Información Federal en OMB Watch, una organización sin fines de lucro que controla a la gubernamental Oficina de Administración y Presupuesto.
Leahy señaló "el abismal registro de cumplimiento de la FOIA" por parte del Departamento de Justicia en los últimos siete años como otra razón por la que la agencia hace una mala opción en cuanto a la ubicación de la oficina del ombudsman.
La FOIA fue aprobada por el presidente Lyndon B. Johnson en 1966 para permitir la revelación total o parcial de información previamente no difundida y de documentos controlados por el gobierno estadounidense.
En 2001, el fiscal general John Ashcroft emitió un memorando declarando que el Departamento de Justicia defendería en tribunales a cualquier agencia federal que retuviera información con motivos justificables.
Durante todo su gobierno, Bush usó las llamadas "declaraciones firmadas", más que el presupuesto, para modificar leyes que consideraba objetables. Tal vez la más conocida de éstas fue emitida luego que firmó la Enmienda McCain a la Ley sobre el Trato a Detenidos, de 2005.
La norma buscaba prohibir el trato inhumano a prisioneros, entre ellos los del centro de detenciones que Estados Unidos posee en la cubana bahía de Guantánamo. Y también requería que los interrogatorios militares se realizaran de acuerdo con el Código de Justicia Militar.
Tras aprobar la ley, Bush emitió una declaración firmada diciendo que la interpretaría "de una manera consistente con la autoridad constitucional del presidente para supervisar a la rama ejecutiva unitaria".
Tales declaraciones se convirtieron en un sello distintivo del gobierno de Bush. Desde el inicio de la República y hasta 2000, los presidentes produjeron menos de 600 declaraciones firmadas. Desde 2001, Bush objetó secciones de más de 750 leyes, alegando motivos constitucionales.
A los críticos del gobierno de Bush no les sorprende que el presidente use el presupuesto para ir contra la voluntad del Congreso. Ven la táctica como parte de un modelo de restricción del acceso a la información. Y citan el aumento de los pedidos públicos de información en el marco de la FOIA, en los últimos seis años. La cantidad total de estos en 2006 superó los 21,4 millones, sustancialmente más que en 2005.
Los atrasos en el procesamiento de estos pedidos son significativos, según una auditoría realizada en junio de 2007 por el Archivo Nacional de Seguridad, un instituto no gubernamental independiente y biblioteca ubicado en la Universidad George Washington que recolecta y publica documentos desclasificados obtenidos a través de la FOIA.
Una solicitud en el marco de la FOIA está pendiente desde hace más de 20 años, según el Archivo Nacional de Seguridad. El tiempo de respuesta establecido en los estatutos es de 20 días hábiles.
El gobierno de Bush se negó a difundir información sobre una amplia gama de asuntos, entre ellos las reuniones secretas del equipo de políticas energéticas del vicepresidente Dick Cheney.
Ordenó que los sitios web federales eliminaran información que el gobierno creía podría ser delicada. En noviembre de 2001 emitió un controvertido memorando que limitó el acceso a los documentos bajo la Ley de Registros Presidenciales, lo que permitió que ex presidentes y vicepresidentes impidieran el acceso a los mismos.
También se negó a revelar los nombres de los arrestados luego de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, que dejaron 3.000 muertos en Nueva York y Washington.
Muchas de las personas a las que se les negó acceso a la información demandaron al gobierno. Entre las más publicitadas estuvo la demanda presentada por un grupo de organizaciones que incluyeron a la Unión por las Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU) y el Centro por los Derechos Constitucionales (CCR), entre otros, para obligar al Departamento de Defensa a entregar documentos relacionados con los severos métodos de interrogatorios usados con los detenidos en Guantánamo.
La demanda arrojó cientos de miles de documentos, entre ellos informes de agentes del FBI (Buró Federal de Investigaciones) que confirmaban esos tratos.
Quienes abogan por una gobernanza transparente expresan variados grados de confianza en la importancia del propuesto ombudsman.
El director del Proyecto sobre Secretismo Gubernamental de la Federación de Científicos Estadounidenses, Steven Aftergood, dijo a IPS que no tiene grandes expectativas en relación a la oficina del ombudsman, independientemente de dónde se ubique.
"¿Acaso un funcionario de los Archivos Nacionales realmente intervendrá en mi nombre cuando la CIA (Agencia Central de Inteligencia) se niegue a procesar uno de mis pedidos?", preguntó.
Moulton opina de modo diferente. "Creo firmemente que el Congreso tenía razón cuando asignó el trabajo a los Archivos Nacionales, que son más objetivos sobre las disputas de la FOIA y tienen más experiencia en el manejo de la revelación de documentos", declaró.
"La influencia directa de la oficina sobre las agencias derivará del grado de apoyo que proporcione el gobierno", agregó.
Ambos coincidieron en la importancia de que la ley se implemente tal como está escrita.
Pero "el Congreso puede desviarse del presupuesto propuesto por el presidente. La cuestión es si el Congreso asignará dinero a los Archivos Nacionales para la oficina aunque el presidente no lo requiera", dijo Moulton a IPS.
