La próxima visita del enviado especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a Birmania podría convertirse en una farsa si la junta militar gobernante sigue moviendo las piezas del tablero a su antojo.
Ibrahim Gambari viajará a principios de marzo a ese país de Asia sudoriental luego de que la junta gobernante desechó su compromiso con el foro mundial de mantener un diálogo con la líder prodemocrática Aung San Suu Kyi, premio Nobel de la Paz, como parte del proceso de apertura.
El enviado de la ONU tendrá que lidiar con la nueva realidad política instalada por la junta.
A mediados de este mes, los militares anunciaron un referendo para mayo con el fin de aprobar una nueva y polémica Constitución. Además hicieron saber que Suu Kyi no podrá participar en las elecciones legislativas previstas para 2010.
El éxito o el fracaso de la visita de Gambari dependerá de lo que logre frente la determinación de la junta a proseguir con su agenda política, que apunta a consolidar el poder del ejército a expensas de una solución política inclusiva y genuina.
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La forma en que el enviado especial de la ONU lidie con la prohibición que impide a Suu Kyi ser candidata —bajo detención domiciliaria durante 12 de los últimos 18 años— mostrará qué grado de compromiso tiene foro mundial hacia la grave situación que padecen los birmanos.
La respuesta inicial de Gambari tras el anuncio del referendo para mayo no contó con mucho apoyo de las agrupaciones opositoras.
"Es un paso significativo pues es la primera vez que tenemos un plazo establecido para la implementación de la hoja de ruta política de la junta", declaró Gambari en China, país clave que respalda al régimen birmano.
"No creemos que salga nada positivo de su próxima visita. Ya fracasó y su llegada no hará más que confirmar eso", sostuvo Aung Din, director ejecutivo de la Campaña Estadounidense por Birmania, con sede en Washington.
"El régimen rechazó todas sus recomendaciones y decidió seguir su postura unilateral. Irónicamente, él defendió el plan del régimen de actuar de forma unilateral como un avance significativo", remarcó.
Si la ONU quiere ser considerada en serio en Birmania, Gambari y el secretario general, Ban Ki-moon, "deben admitir que fracasaron", sostuvo Aung Din.
"Tienen que evaluar su mandato y su misión y no hacer creer al mundo que hay avances en Birmania. Su falso optimismo e incapacidad para admitir sus fracasos engañan a todos", añadió.
Un buen comienzo sería admitir la renuencia de la junta a aceptar las propuestas de Gambari, propuso Aung Din.
"Deben ser sinceros y decirle al mundo que los generales de Birmania no escuchan sus sugerencias, y que es necesario pedirle al Consejo de Seguridad que intervenga con una resolución que obligue al régimen a escucharlo", señaló.
El papel de Gambari como enviado especial de la ONU obtuvo relevancia el año pasado tras la brutal represión de manifestaciones pacíficas en Birmania.
Las protestas de septiembre de 2007 en Rangún y otras ciudades del país, lideradas por monjes budistas y en las que participaron decenas de miles de personas, fueron las más grandes en casi dos décadas.
El malestar se originó en el aumento del precio del combustible de la noche a la mañana en 500 por ciento a mediados de agosto.
Poco más de 30 personas murieron, según la ONU, cuando soldados y oficiales de la policía antidisturbios abrieron fuego contra manifestantes desarmados.
Pero la oposición sostiene que el número de víctimas, incluidos monjes, fue mucho mayor, alrededor del ciento. Además, casi 700 personas fueron detenidas y encerradas en las prisiones de mala fama que tiene ese país.
El escándalo internacional que siguió obligó a la dictadura a permitir el ingreso de Gambari.
En sus dos visitas, el enviado especial selló un compromiso con el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo (CEPD), nombre que se dio la junta militar, a fin de iniciar un diálogo con Suu Kyi.
Ese avance fue aclamado pues pareció que Gambari lograba apoyo de los generales para iniciar un proceso de reforma política, incluido un papel para la líder principal de la opositora Liga Nacional por la Democracia (LND) en la redacción de un proyecto de ley fundamental.
Pero otra fue la realidad.
En enero, tras una rara reunión con líderes de su partido, Suu Kyi dijo "no estar satisfecha" con los cinco encuentros que tuvo con el oficial de enlace de la junta, el ministro de Trabajo, Aung Kyi.
Las conversaciones no fueron sustanciosas, indicó, pues no hay "ningún tiempo" para los esfuerzos de mediación.
Eso fue confirmado este mes por la junta al anunciar sus planes de aprobar una nueva Constitución en mayo y de llamar a elecciones generales en dos años sin que Suu Kyi pueda participar.
Hubo decisiones que dejaron sin sentido las futuras conversaciones entre Aung Kyi y la premio Nobel de la Paz.
"La junta no tiene ningún derecho a prohibir la participación de Suu Kyi en las elecciones", dijo a IPS un portavoz del gobierno en el exilio, Zin Linn.
El Gobierno de Coalición Nacional para la Unión de Birmania fue elegido en las elecciones de 1990, anuladas por la dictadura.
"Deben escuchar la opinión de la población respecto de si Suu Kyi debe participar o no en las elecciones", añadió.
La prohibición que se cierne sobre la líder de la LND obedece a un artículo de la nueva Constitución que impide a los ciudadanos birmanos casados con extranjeros ser candidatos a la presidencia.
Suu Kyi se casó con Michael Aris, un académico británico que murió en 1999.
La ley fundamental a plebiscitarse en mayo propone otros artículos que cuestionan la noción de democracia del CEPD, como los que apuntan a perpetuar el poder opresivo que se arrogaron los militares tras el golpe de Estado de 1962.
"El jefe del ejército, y no el presidente electo, tendría el poder para preparar una respuesta en caso de declararse un estado de emergencia", indicó Aung Naing Oo, analista político birmano exiliado en Tailandia.
"Si cree que existe una amenaza y quiere dar un golpe de Estado, la Constitución se lo permite. También tendrá control sobre tres importantes ministerios, del Interior, de Defensa y de Áreas fronterizas", añadió.
Si Gambari da el visto bueno a la nueva Constitución quiere decir que el foro mundial aprueba esos artículos que atentan contra la democracia, sostuvo Naing Oo. "El régimen birmano no va a cambiar de mentalidad ahora. No creo que la ONU tenga credibilidad después de eso".
