Aunque existen docenas de denuncias de abusos cometidos por contratistas privados de Estados Unidos en Iraq, sólo un caso llegó a la instancia judicial.
Esto, según la organización de derechos humanos Human Rights First, ejemplifica la falta de respuesta por parte del gobierno estadounidense para hacer que esos contratistas rindan cuentas por su conducta con los civiles de esas naciones ocupadas.
El informe de la entidad destaca que "hacer responsables a los contratistas por sus delitos no ha sido una prioridad para el gobierno" del presidente George W. Bush. "En muchos casos, ha demostrado una alarmante indiferencia", señaló el estudio que se basa en entrevistas, informes oficiales, evidencias judiciales y documentos desclasificados, entre otras fuentes.
"No se prestó atención a estándares básicos para la contratación y entrenamiento de contratistas de seguridad. No hubo supervisión de sus actividades y, mucho peor, no ha existido ninguna responsabilidad legal por sus tropelías", dijo el diputado por el estado de Carolina del Norte David Price.
El informe señala que aunque existe el marco legal para tratar esos abusos de los contratistas de seguridad, el Departamento (ministerio) de Justicia y, en algunos casos, el de Defensa, han hecho poco para responder a las denuncias, dejando de lado no sólo el inicio de juicios sino también las investigaciones previas.
[related_articles]
El Departamento de Justicia es el principal responsable por la inacción, denuncia el informe. "La mayoría de los contratistas de seguridad opera en un ambiente en el que los sistemas de rendición de cuentas son raramente aplicados. Esto ha creado una cultura de impunidad", advirtió.
Aunque las normas establecidas por las autoridades de ocupación otorgaron a los contratistas inmunidad frente al sistema judicial iraquí, esto no afectó la capacidad del gobierno de Estados Unidos para enjuiciar a sus propios ciudadanos.
El estudio apunta que los militares tomaron algunas medidas para reducir las actividades delictivas en Iraq. Más de 60 soldados fueron llevados ante una corte marcial por las muertes de ciudadanos de ese país.
Sin embargo, sólo un contratista debió enfrentar una causa judicial por casos de violencia o abuso, durante un período de nueve meses que cubre el informe, entre 2004 y 2005.
Los contratistas de seguridad se han convertido en los últimos años en actores principales del esfuerzo bélico en Iraq.
Luego de la "escalada" dispuesta por Bush, que incrementó en 30.000 soldados el número de las fuerzas de ocupación, los agentes privados de seguridad superaban en número a los miembros de las fuerzas armadas: 160.000 tropas convivían con 180.000 "contratistas".
La explicación se encuentra en la doctrina del ex secretario (ministro) de Defensa de Bush, Donald Rumsfeld, de pelear guerras con menos soldados en el terreno, y tiene sus orígenes en el "dividendo de la paz" de principios de los años 90, cuando la disolución de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría permitió una reducción en el presupuesto de defensa.
Pero el elevado número de "contratistas" no ha sido acompañado por la puesta a punto de un sistema burocrático de asunción de responsabilidades. El Código de Justicia Militar de Estados Unidos, la Unidad de Investigaciones Criminales del Departamento de Defensa y la cadena de mando militar no existen para ellos.
Las denuncias sobre sus prácticas abusivas saltaron a la primera plana de los diarios con los relatos sobre las prácticas de "interrogatorios" realizadas en la prisión de Abu Ghraib. Rumsfeld dijo que los contratistas eran en buena parte responsables para ejercer su propia supervisión y autocontrol.
Sin embargo, el experto en derecho Scott Horton, de la Universidad de Columbia, con sede en Nueva York, remarcó que las empresas privadas de seguridad "no deben ser responsables por el cumplimiento de la ley", que constituye una tarea primaria del Departamento de Justicia.
A causa de la inacción del Ejecutivo para tomar medidas en este tema, la indignación pública frente a los informes de abusos llevó al Congreso legislativo a dar pasos para reforzar la supervisión de los contratistas.
Un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes (diputados), reforzó la jurisdicción del Departamento de Justicia sobre los contratistas en Iraq y otro, prácticamente idéntico, está a punto de ser tratado por el Senado. Pero el informe destaca que la cuestión de la "jurisdicción" no ha sido un gran obstáculo, aunque sí la ausencia de "voluntad política y recursos".
El análisis recomienda la adopción de controles legislativos obligatorios sobre los contratistas privados, junto con la creación y financiamiento de una sección específica en el marco de la División de Delitos del Departamento de Justicia.
"Se trata de una cuestión de asignación de recursos", dijo Horton, quien destacó que ninguno de los miembros del Departamento de Justicia enviados a Iraq se ocupa del cumplimiento de las leyes.
Blackwater, una de las compañías privadas más conocidas, por la cantidad de contratos que obtuvo y las denuncias sobre los abusos perpetrados por su personal, ha contratado a una tercera agencia de cabilderos en Washington para que maneje los coletazos de varios incidentes violentos.
En septiembre de 2007, en un caso que atrajo amplia atención, empleados de Blackwater que custodiaban a funcionarios estadounidenses abrieron fuego, sin ninguna provocación, sobre un grupo de civiles, matando por lo menos a 17.
Horton dijo que a IPS que los militares desplegados en Iraq llaman a los contratistas "imbéciles con armas".
