El pobre historial del gobierno de Estados Unidos en sus intentos de lograr que se condene a personas acusadas de ofrecer «ayuda material» a organizaciones terroristas está impulsando la búsqueda de cambios sustanciales en la legislación.
El último fracaso se produjo a fines de 2007 en el meridional estado de Texas, cuando un jurado no encontró culpables en el juicio contra la Fundación Tierra Santa (HLF, por sus siglas en inglés), una de las mayores organizaciones de caridad que brindan apoyo a causas palestinas y musulmanas.
Varios de sus integrantes fueron acusados de entregar dinero al palestino Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas), al que Estados Unidos calificó de "organización terrorista" en 1995. El juicio finalizó con una mezcla de absoluciones y ausencias de condenas.
El Buró Federal de Investigaciones (FBI), comenzó a investigar a la HLF en 1993. En diciembre de 2001, el Departamento del Tesoro confiscó los activos y libros contables de la fundación, con lo que de hecho puso fin a sus actividades.
Por este motivo, algunos expertos legales se preguntaron por qué el gobierno buscó llevar el caso a juicio, que comenzó a mediados de 2007.
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William Neal, uno de los jurados, dijo a la prensa que la evidencia del gobierno "se fue construyendo en el curso de una década: un llamado telefónico un año, un mensaje en otro".
Los fiscales, en lugar de intentar probar que los acusados sabían que estaban ayudando a terroristas, agregó Neal, "se quedaron dando vueltas en torno a las transferencias de dinero y nos mostraron vídeos de niños pequeños que tenían puestos cinturones con explosivos y de gente cantando consignas de Hamas, cosas que no estaban directamente relacionadas con el caso".
Defensores de las libertades civiles señalaron que se trató del último de una serie de procesos judiciales mal encaminados. Uno de esos grupos, OMB Watch, denunció que la ley antiterrorista (Patriot Act), otorga al gobierno "un gran poder no controlado para designar a cualquier organización como terrorista".
Cuando una entidad de beneficencia recibe ese calificativo, agregó, "su propiedad puede ser confiscada y sus activos congelados. La institución no tiene acceso a la evidencia del gobierno y no puede conocer los fundamentos de los cargos. Y como sus fondos están congelados, carece de recursos para pagar su defensa".
OMB Watch señaló asimismo que "su derecho a apelar ante un tribunal es limitado. Por lo tanto el gobierno puede tomar como blanco a una organización, confiscar sus bienes, poner fin a su actividad, procesar a sus líderes y, luego, demorar el juicio casi indefinidamente".
Una consecuencia de esto, afirman los críticos de la política gubernamental, es que las contribuciones a las instituciones de beneficencia musulmanas han caído en picada. Las donaciones que continúan recibiendo se realizan frecuentemente en forma anónima y en efectivo. Y muchas personas de ascendencia musulmana han optado por dar dinero a las organizaciones internacionales más conocidas, como Oxfam o Save the Children.
Uno de los constitucionalistas más respetados de Estados Unidos, David Cole, de la Universidad de Georgetown, dijo a IPS que el principio de "ayuda material" equivale a "culpable por asociación" y presenta los mismos problemas que, durante los años de la Guerra Fría, planteaba la penalización a la pertenencia a ciertas organizaciones consideradas "comunistas".
Cole considera que se requieren cambios fundamentales en la ley sobre financiamiento de actividades terroristas.
Una de sus recomendaciones es que se permita a las instituciones clausuradas transferir sus fondos a otra organización de beneficencia que cuente con su aprobación y la del gobierno.
El Congreso legislativo, agregó Cole, debería definir a través de una ley el concepto de "terrorista". Actualmente, el Ejecutivo lo hace a través de un decreto, lo que significa que los legisladores le han dado al presidente "un cheque en blanco".
Asimismo, señaló, se debería permitir a las instituciones acusadas utilizar sus propios fondos para pagar los gastos de su defensa en juicio. La legislación que se refiere al concepto de "ayuda material" al terrorismo también debería ser modificada, para que sea necesario ofrecer pruebas de que una persona apoya a un grupo determinado con la intención de contribuir a sus actividades ilegales.
Actualmente, incluso fondos que se dedican a actividades para desalentar el terrorismo pueden llevar a quienes los otorgan ante un tribunal, agregó Cole.
Puso como ejemplo un caso que está manejando con el Proyecto de Ley Humanitaria (HLP, por sus siglas en inglés) del Centro para los Derechos Constitucionales.
"Mis clientes han estado brindando asesoramiento en material de derechos humanos al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) en Turquía, para animarlo a emplear medios pacíficos para resolver sus disputas con el gobierno relacionadas con el tratamiento que recibe la minoría kurda", relató.
"Al promover vías legales para llegar a una solución, esta ayuda presumiblemente desalienta el terrorismo. Sin embargo, bajo la legislación actual, se trata de un delito incluso si el HLP prueba que la intención y el efecto de su apoyo fue disminuir el recurso a la violencia por parte del PKK", agregó Cole.
OMB Watch señaló que como consecuencia del principio de "ayuda material" los musulmanes no tienen forma de saber cuáles son las organizaciones que el gobierno considera sospechosas de tener vínculos con terroristas. "Son culpables hasta que se pruebe lo contrario", destacó el grupo de derechos civiles.
Una institución puede cumplir con todas las disposiciones y, de todas formas, resultar clausurada "mientras se realiza una investigación", agregó.
Los casos en que se invoca el principio de "ayuda material" son sólo una pequeña fracción del total de juicios por terrorismo iniciados por el Departamento (ministerio) de Justicia. Pero algunos observadores creen que marcan un cambio de estrategia del gobierno, desde el castigo hacia la prevención.
Los casos judiciales anteriores giraron en torno a actos de violencia que se habían cometido o que estuvieron a punto de realizarse pero fueron evitados.
El gobierno ha sido razonablemente exitoso en los juicios que inició bajo cargos de financiar al terrorismo. Desde septiembre de 2001 hasta julio de 2007, inició 108 procesos y completó 62. Los jurados condenaron a nueve acusados, 30 se declararon culpables y 11 admitieron su responsabilidad por otros cargos. Hubo tres fallos de inocencia y cuatro casos fueron desechados.
El historial en casos en los que se cometieron hechos de violencia, o estuvieron a punto de cometerse, muestra un panorama menos exitoso. Según el Centro para la Ley y la Seguridad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, la tasa de condenas ha sido de 29 por ciento, frente a 92 por ciento en el área de los delitos comunes.
El último fracaso del gobierno fue el caso en el que acusó a siete personas de Miami de planear unirse a la organización terrorista Al Qaeda para volar la Torre Sears de la ciudad de Chicago. Una de ellas fue declarada inocente y el jurado no pudo llegar a un veredicto respecto de las otras seis. Los fiscales reconocieron que el ataque no era inminente.
En ocasiones, los acusados son condenados por la opinión pública antes que por los tribunales. Un ejemplo es el de Rafil Dhafir, un ciudadano estadounidense nacido en Iraq, quien recaudó dinero para una institución que ofrecía ayuda humanitaria a los niños de ese país. Nunca se le formularon cargos relacionados con el terrorismo y se prohibió usar este término en el juicio.
Muchos políticos, sin embargo, señalaron su arresto como una victoria en la "guerra contra el terrorismo". Dhafir fue finalmente condenado en 2005 a 25 años en prisión por 59 delitos, entre ellos violar las sanciones de Estados Unidos contra Iraq.
