En el sexto aniversario de la llegada de los primeros prisioneros a la cárcel de la base naval estadounidense en Guantánamo, Cuba, activistas de derechos humanos intentan atraer la atención sobre lo que algunos de ellos han comenzado a llamar «la otra Guantánamo».
Se trata de un centro de detención en una base militar estadounidense ubicada en la oriental ciudad de Bagram. Comenzó a funcionar en 2001, luego de la invasión que desplazó del poder al régimen del movimiento islamista Talibán. Actualmente alberga a 630 prisioneros, casi tres veces más que los aún confinados en Guantánamo.
En 2005, luego de documentadas denuncias sobre muertes de detenidos, torturas y desaparición de prisioneros, Washington intentó transferir el control de la prisión al gobierno afgano. Pero, como consecuencia de una serie de errores legales, burocráticos y administrativos, sigue bajo la órbita de los militares estadounidenses.
La Cruz Roja Internacional denunció en un informe confidencial que el abuso de prisioneros continúa.
El estudio hace referencia a condiciones de hacinamiento, tratamiento "severo", ausencia de claridad sobre los fundamentos legales de las detenciones, la existencia de un pabellón de celdas de aislamiento donde los detenidos permanecen incomunicados y resultan víctimas de prácticas que violan las Convenciones de Ginebra, que rigen el derecho humanitario internacional.
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Algunos llevan presos más de cinco años, sin que se les haya formulado cargos e imposibilitados de acceder a la asistencia de un abogado.
Según Hina Shamsi, de la Unión Americana de Libertades Civiles, "Bagram es aún peor que Guantánamo. Cuando un prisionero se encuentra bajo custodia y control de Estados Unidos, nuestros valores están en juego y nuestro compromiso con el estado de derecho se encuentra a prueba".
"Los abusos denunciados por la Cruz Roja nos hacen pensar que no estamos pasando esa prueba", agregó. El gobierno del presidente estadounidense, George W. Bush, señaló la activista, "no se confirma con limitar a Guantánamo su régimen de detenciones ilegales y lo ha extendido a Afganistán".
La situación en la prisión llegó a los titulares de los diarios en 2005, cuando el periódico The New York Times obtuvo un informe del ejército de Estados Unidos sobre la muerte de dos civiles afganos que se encontraban bajo custodia desde 2002.
Oficiales estadounidenses dijeron inicialmente que las muertes tuvieron causas naturales. El comandante de las fuerzas en Afganistán, teniente general Daniel K. McNeill, negó que los prisioneros hubieran sido encadenados al techo o que las condiciones en la prisión pusieran en peligro la vida de los detenidos.
Pero luego de la investigación de The New York Times, el ejército reconoció que se trató de asesinatos bajo tortura. Los dos afganos fueron encadenados al techo y golpeados hasta morir. Forenses militares confirmaron que esa fue la causa de las muertes.
Las autopsias revelaron traumas severos en las piernas de ambos prisioneros, equivalentes a los causados en el caso de ser arrollados por un autobús. Investigadores militares implicaron a 28 soldados y reservistas. Recomendaron que se les formularan cargos criminales, entre ellos homicidio por "negligencia".
Estados Unidos destinó más de 30 millones de dólares para construir una prisión afgana en las afueras de Kabul, que respetara los estándares internacionales sobre tratamiento humanitario. También entrenó a los guardias afganos.
Pero el número de prisioneros continuó en aumento a causa de la escalada en los combates. Como consecuencia, sólo hay espacio allí para la mitad de las personas detenidas por las fuerzas de ocupación y que Estados Unidos pensaba enviar a esa cárcel.
Los esfuerzos para transferir a las autoridades locales a los más de 630 prisioneros de Bagram chocaron contra otra serie de inconvenientes. Hubo diferencias entre diferentes ministerios del gobierno afgano. Luego, las autoridades locales rechazaron el concepto jurídico de "combatiente enemigo" adoptado por el gobierno de Bush, con la creación de comités militares como en Guantánamo.
"Las condiciones en Bagram han mejorado, desde el revuelo provocado por las revelaciones sobre lo que ocurría en la prisión iraquí de Abu Ghraib y la aprobación por el Congreso legislativo de la Ley de Tratamiento de Detenidos en 2005. Pero existe el riesgo de que se repitan los trágicos errores del pasado", advirtió Shamsi.
La activista también señaló que podría haber en Afganistán prisioneros que no están bajo el control de los militares, sino de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) u otros organismos civiles.
"Sabemos que la CIA mantiene 'detenidos fantasma', a los que la Cruz Roja no tiene acceso, en un lugar secreto llamado 'Salt Pint', en Afganistán", afirmó.
Según Shamsi, "resulta claro que otra lección sobre el escándalo de las torturas parece haber sido ignorado: diferentes reglas para diferentes agencias, aplicadas a diferentes prisioneros, son una invitación al abuso".
La situación en Bagram ha sido colocada en segundo plano por la permanente controversia sobre Guantánamo. La semana pasada, un tribunal de apelaciones de Estados Unidos dictaminó que cuatro ex prisioneros, todos británicos, no tienen derecho a demandar los más altos funcionarios del Departamento (ministerio) de Defensa y oficiales militares por abuso, tortura y violación de sus derechos religiosos.
Los ex detenidos afirman que fueron víctimas de varias formas de tortura, hostigamiento mientras realizaban sus prácticas religiosas musulmanas y que fueron obligados a afeitarse la barba, que tiene un significado religioso. Denunciaron que, en una ocasión, un guardia arrojó un ejemplar del Corán a un inodoro.
El tribunal de apelaciones concluyó que carecía de jurisdicción para tratar el caso, que los acusados gozaban de inmunidad "calificada" por actos realizados dentro del marco de sus trabajos para el gobierno y que la ley sobre derechos religiosos no se aplicaba a los detenidos.
El abogado de los ex prisioneros, Eric Lewis, aseguró que apelaría ante la Corte Suprema de Estados Unidos.
"Es un día trágico para el estado de derecho y la decencia más elemental cuando un tribunal decide que la tortura es parte del día de trabajo del secretario (ministro) de Defensa y varios generales", afirmó.
Bush dijo que cerraría Guantánamo, pero no hizo nada al respecto. Su ex secretario de Estado (canciller) Colin Powell afirmó: "Si fuera por mí la cerraría, no mañana sino esta misma tarde. Hemos destruido la confianza que el mundo tenía en el sistema de justicia estadounidense manteniendo abierto un lugar como Guantánamo".
El actual secretario de Defensa, Robert Gates, también quiere cerrar la prisión de la base naval, porque "está tan manchada internacionalmente que los procedimientos legales que se realicen allí serán vistos como ilegítimos".
