Los funcionarios de la Unión Europea (UE) fueron catalogados esta semana de «lentos» y «perezosos» en el abordaje de la discriminación que sufre la comunidad romaní, la más grande minoría transnacional del continente.
En abril de 2005, el Parlamento Europeo, única institución de la UE electa de modo directo, exigió una serie de medidas para mejorar el estatus de esta minoría, a la que popularmente se denomina como gitanos.
Más de dos años y medio después, la Comisión Europea, órgano ejecutivo del bloque, todavía no presentó el plan de acción requerido para hacer frente a los asuntos relacionados.
Se cree que los gitanos —que se calculan entre siete y nueve millones— migraron a Europa desde India a partir del siglo XIV.
En noviembre, cuando un gitano procedente de Rumania fue acusado de asesinato y violación en Italia, una ola de sentimientos antigitanos llevó a que se proclamara un decreto urgente que permitiera expulsiones colectivas de territorio italiano.
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La Corte Europea de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, falló en noviembre contra la práctica checa de destinar a los gitanos a escuelas separadas. Se culpa a esas escuelas de ofrecer una educación de menor calidad que las demás.
Y un informe publicado por el Centro Europeo de Derechos de los Gitanos en Budapest a comienzos de este año concluyó que la discriminación contra esta comunidad en el mercado laboral es "endémica y flagrante" en Bulgaria, la República Checa, Eslovaquia y Rumania.
Pese a hallar evidencias de que a los romaníes se les ha negado sistemáticamente la posibilidad de ocupar puestos de trabajo vacantes, el Centro dijo que los gobiernos no dieron ningún paso visible para asegurarse que se respete la ley antidiscriminación de la UE.
"La Comisión Europea ha sido lenta y perezosa" en el abordaje de temas que atañen a la comunidad romaní, dijo Elly de Groen-Kouwenhoven, parlamentaria europea por Holanda, en un debate el miércoles.
La legisladora urgió a crear una unidad permanente dedicada a los gitanos en la Comisión.
Vera Egenberger, directora del Centro, dijo que "el abandono de los romaníes, siendo una comunidad europea, tiene que parar". Sin embargo, admitió que hacer frente a la tendencia será una tarea ardua, como ilustró el episodio italiano.
"El clima político (en Italia) parece ser tan malo que, se haga lo que se haga, la comunidad romaní parece ser culpada", declaró a IPS.
Aunque los miembros del Parlamento Europeo requirieron que el bloque confiera formalmente a los gitanos el estatus de comunidad transnacional, dar ese paso es legalmente problemático.
Teóricamente, sería posible si todos los países de la UE aceptaran una convención sobre el estatus de las minorías elaborada por el Consejo de Europa, organismo continental separado del bloque. Pero Francia, uno de los estados más grandes del grupo, se negó a ratificar esa convención.
Benita Ferrero-Waldner, de la Comisión Europea, rechazó las críticas a su institución. Aunque reconoció que puede haber sido lenta, insistió en que no fue perezosa, declarando que había iniciado acciones legales contra 22 de los 27 países de la UE por no implementar correctamente las normativas contra la discriminación.
Ferrero-Waldner también prometió que un documento político sería presentado por la Comisión durante el próximo verano boreal y se centrará en mejorar los problemas que enfrentan los gitanos. Agregó que el ejecutivo de la UE está "determinado a usar todos los instrumentos" a su disposición, entre ellos legislación, asistencia financiera y campañas de toma de conciencia.
Viktória Mohácsi, de Hungría, una de los dos integrantes gitanos del Parlamento Europeo —de 785 escaños—, alegó que la discriminación es rampante en 10 estados miembro del bloque.
"Es una práctica común caracterizar a los niños romaníes como mentalmente discapacitados y estigmatizarlos. La expectativa de vida de los romaníes es 15 años menor que el promedio europeo. Y están excesivamente representados entre los desempleados de todos los estados miembro", dijo.
Guillermo Ruiz, funcionario político de la Oficina Europea de Información sobre Romaníes en Bruselas, observó que la segregación todavía no es tratada por la ley antidiscriminatoria de la UE.
También abogó por que sea obligatorio introducir una "acción positiva" para aumentar la proporción de gitanos en la fuerza laboral, "a fin de compensar por la discriminación existente".
Adrian Severin, parlamentario europeo socialista por Rumania, recordó que los nazis enviaron a los gitanos a campos de exterminio durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).
"Hoy, luego que Europa se ha reconciliado consigo misma, ¿no debería reconciliarse con la población romaní también? ¿O debería tratarlos como ciudadanos de segunda clase? La respuesta es: el asunto de los romaníes es un asunto europeo", sostuvo.
Vittorio Agnoletto, un diputado italiano de izquierda, dijo que hay "una clara ola de racismo y estigmatización" en su país. En Milán, a los niños se les niega el derecho a ir a la escuela porque sus padres no poseen documentos que las autoridades consideran necesarios para vivir en Italia.
Su compatriota Roberta Angelilli, también integrante del Parlamento Europeo, citó estimaciones según las cuales 45 por ciento de los romaníes son menores de 16 años.
"Eso significa que no tendrán otro futuro más que necesitar pagos de seguridad social o trabajar en el mercado negro", agregó.
