El Congreso legislativo de Guatemala aprobó este martes una ley que regula los procedimientos administrativos y judiciales de las adopciones en el marco de un convenio internacional que entrará en vigor el 31 de diciembre.
"Estamos muy contentos y satisfechos por la aprobación de esta iniciativa que va a transparentar el proceso de las adopciones", dijo a IPS el procurador general de la República, Mario Estuardo Gordillo.
El Convenio Relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional, firmado en La Haya el 29 de mayo de 1993 y ratificado por el Congreso guatemalteco el 21 de mayo, pretende prevenir la sustracción, venta o tráfico de menores y garantizar más transparencia en los trámites.
En lo que va de este año, 3.406 niñas y niños han sido dados en adopción, pero apenas 36 fueron acogidos por familias guatemaltecas. El resto fueron a parejas extranjeras, según fuentes de la Procuraduría, que autoriza los trámites. En 2006, se registraron 4.496 adopciones, 10 por ciento más que en 2005.
Los trámites, que no demoran más de un año, son efectuados en su mayoría por parejas estadounidenses que deben disponer de sumas de entre 25.000 y 30.000 dólares, para financiar el viaje, el papeleo y los honorarios de abogados.
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En este país, el proceso de adopción se lleva a cabo por vía notarial y no judicial, lo que acelera los plazos frente a largas y engorrosas esperas habituales en otros países.
"Hoy es un día histórico para el país. Hoy se sientan las bases para que desaparezca el robo de niños con el fin de entregarles en adopción", afirmó el diputado Edgard Alfredo Rodríguez, de la centroizquierdista Unión Nacional de la Esperanza (UNE), después de que más de las dos terceras partes del pleno se inclinó a favor de la ley.
Asociaciones de la sociedad civil han denunciado casos de robo de niños para nutrir el lucrativo mercado de la adopción, en el que están involucradas "jaladoras" (buscadoras) que convencen a las jóvenes de escasos recursos de entregar a sus hijos, "casas de engorde", que corren con los gastos de los embarazos y partos, registros civiles, casas cuna y médicos.
Héctor Dionisio, representante legal de la no gubernamental Casa Alianza, valoró la aprobación de la ley tras más de un década de esfuerzos porque, según dijo a IPS, "la adopción se ha convertido en un negocio. Se producen niños para la exportación desvirtuando el objetivo de la institución, que es beneficiar a los niños que no pueden tener una familia".
Dionisio aseguró que la no gubernamental Casa Alianza ha conocido casos de "parejas que provocan embarazos para dar a sus hijos en adopción o que propician (la gestación) de sus hijas adolescentes para disponer del dinero".
El artículo 10 de la ley aprobada prohíbe "la obtención de beneficios indebidos, materiales o de otra clase para las personas, instituciones y autoridades involucradas en el proceso de adopción".
Además, establece la creación de una entidad reguladora autónoma denominada Consejo Nacional de Adopciones, integrada por representantes de varias instituciones estatales encargadas de asegurar la protección de los niños en proceso de adopción, promover la adopción nacional y asignar a cada menor la familia adecuada.
"La asignación de una autoridad central le dará certeza a las adopciones", opinó Gordillo en declaraciones a IPS.
El presidente de la Comisión del Menor y la Familia del Congreso, diputado Francisco Rolando Morales, dijo a IPS que "el negocio de los niños en Guatemala para automáticamente con la ley de adopciones y el Convenio de La Haya. Es cierto que se reducirá el número de adopciones, pero también su robo para ese fin".
Activistas y organizaciones no gubernamentales han criticado duramente a los abogados que se dedican a tramitar adopciones en este país centroamericano describiéndolos como "mafiosos" que se lucran del "negocio".
Letrados consultados por IPS rechazaron esas críticas y se preguntaron qué sucederá a partir de ahora con miles de niños desfavorecidos que no podrán ser adoptados, ya que una vez entre en vigor el Convenio de La Haya los trámites serán más lentos y desanimarán, a su juicio, a las parejas adoptantes.
Los abogados con los que habló IPS, que prefirieron no dar sus nombres, coincidieron en afirmar que la excesiva burocracia que impone el Convenio de La Haya va en perjuicio de niños huérfanos o abandonados que podrían tener un mejor futuro.
De los 13 millones de habitantes de Guatemala, 51 por ciento viven en condiciones de pobreza y 15,2 por ciento en la indigencia, siendo el área rural, las mujeres y los indígenas los más desfavorecidos, según datos del Instituto Nacional de Estadística correspondientes a 2006.
La mortalidad materna fue de 121 por cada 100.000 nacidos vivos en 2005, afirma el II Informe de Avances de las Metas del Milenio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Pero Nidia Aguilar, de la Defensoría de los Derechos de la Niñez de la estatal Procuraduría de los Derechos Humanos, indicó que muchos de los niños adoptados —más de 20.000 en los últimos 10 años— no lo necesitaban realmente porque tenían familias.
"La adopción es necesaria para el país, pero se ha convertido en trata de personas, ya que no tiene que haber dinero de por medio", enfatizó Aguilar, quien aseveró que se ha fomentado que las madres reciban dinero a cambio de entregar a sus hijos, si bien la suma que reciben es mínima comparada con las ganancias de abogados y notarios, dijo.
En el artículo 6 de la recién aprobada ley se establece que "la situación de pobreza o extrema pobreza de los padres no constituye motivo suficiente para dar en adopción a un niño".
"Hoy se le ha quitado la inseguridad a todos esos niños que tenían la posibilidad de ser vendidos como mercancías", manifestó Morales ante el pleno del Congreso minutos después de la aprobación de la ley, que entrará en vigor el 31 de diciembre.
Nineth Montenegro, diputada del centroizquierdista Encuentro por Guatemala (EG), pidió sus pares "fiscalizar a aquéllos que han usado casas de engorde" para "comerciar" con niñas y niños. El 15 de octubre, asociaciones no gubernamentales y representantes del gobierno de Guatemala expusieron en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la problemática de las adopciones internacionales. Hasta ahora, el proceso para adoptar a un menor se regía por el Código Civil, la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, pero no existía una normativa específica ni una autoridad central reguladora.
El gobierno de Estados Unidos, nación receptora de casi todas las adopciones internacionales de niños guatemaltecos, espera ratificar el Convenio de La Haya en el primer semestre de 2008, dijo a IPS una fuente diplomática de ese país en Guatemala.
Ese tratado, en vigor desde 1995, tiene 71 países partes, entre ellos Guatemala.
Sin embargo, no se pudo aplicar en este país centroamericano, pues en agosto de 2003 la Corte Constitucional declaró inconstitucional el decreto ratificatorio que había sido aprobado por el parlamento.
Además, cinco países partes —Alemania, Canadá, España, Holanda y Gran Bretaña—objetaron la adhesión guatemalteca, pues no aceptaban negociar adopciones internacionales con este país.
Desde el 6 de agosto, y "en respuesta a las preocupaciones sobre el proceso de adopción sin regulación en Guatemala", la embajada estadounidense exige una segunda prueba de ADN "para verificar que el niño adoptado para quien se solicita la visa de inmigrante es el mismo vinculado al inicio del proceso de adopción con la madre biológica", informa la legación diplomática en su sitio en Internet.
