Las tierras del antiguo pueblo guarayo se pierden a manos de grandes hacendados y, a las puertas de una batalla que parece inevitable, una mujer indígena lidera un movimiento social para contener la voracidad de madereros y terratenientes en el oriente boliviano.
El pueblo guarayo tiene su origen en los primeros asentamientos guaraníes del siglo XVI. Hoy, sus 20.000 integrantes conservan sus costumbres y modo de vida, dedicados a la pesca, caza y recolección de frutos, además del cultivo de arroz, piña, girasol, arroz, plátanos y otras especies agrícolas. Su cultura es de las más importantes de la Amazonía boliviana, junto a las de los chiquitanos y ayoreos.
La región "es una suerte de paraíso por la existencia de maderas como la mara, el cedro, las especies blandas, el bibosi y el ochoó", explicó a IPS el gerente de la Asociación Forestal Indígena Guarayos, Freddy Sandoval.
Esa riqueza en las extensas sabanas llamó la atención de inversionistas extranjeros que hoy están ocupando el área y apropiándose de sus tierras, agregó Sandoval.
[related_articles]
En una habitación apenas iluminada, con muebles de madera tallados a mano y techos sin revoque que dejan ver las ramas de los árboles, Osfin Abiyuna, describió a IPS "la destrucción e invasión del escenario natural y prodigioso".
Su mujer y sus ocho hijos escuchan el relato de la golpiza sufrida por Abiyuna cuando se desempeñaba como miembro del tribunal disciplinario de la Central de Organizaciones de los Pueblos Nativos Guarayos (Copnag). Él acusa a personas contratadas por terratenientes y a dirigentes indígenas corruptos.
Un año atrás, yacía en la cama de un hospital tratando de recuperar la visión de un ojo, dañado por una de las patadas que le propinaron.
Las imágenes de su niñez "se ven violentadas por la feroz maquinaria que devora árboles, se come los frescos arbustos y deja extensas zonas heridas con surcos para producir alimentos en grandes volúmenes", dijo. Sólo queda el recuerdo de las lagunas (curichis) hogar de peces de colores y fuentes de fertilidad para este territorio, reflexiona.
Hoy las aguas del río cercano corren turbias por la tierra removida por las topadoras. Las víboras típicas de la región (sicuríes), los lagartos y caimanes y peces como el pacú y el surubí, están muriendo, afirmó.
En Ascensión, los predios fiscales distribuidos por el gobierno bajo el título de Tierras Comunitarias de Origen (TCO) están en peligro, y la defensa del bien colectivo es a costa de golpizas, amenazas y persecución promovidas por los "caray" (hombres blancos), denunció a IPS la presidenta de la Copnag, Elida Urapuca, una contadora sin tierras, pero perteneciente a una familia con larga tradición cultural en la zona.
Las TCO fueron reconocidas a fines de 2006 por la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria como indivisibles, inalienables e intransferibles, y legadas en reconocimiento a las tradiciones, usos y costumbres de un pueblo.
Pero, alarmada por la frecuente llegada de nuevos empresarios, el año pasado la Gran Asamblea del Pueblo Guarayo retiró la confianza a su anterior directorio y eligió a Urapuca y a otros jóvenes líderes como nuevos representantes.
Un tribunal disciplinario determinó que los ex dirigentes de Copnag apoyaron la venta o transferencia a extranjeros (rusos y brasileños, entre otros) de unas 400.000 hectáreas comunitarias por 1,1 millones de dólares.
"Queremos recuperar esas 400.000 hectáreas", dijo a IPS el nuevo secretario de Tierras y Territorio de Copnag, Ángel Yubanore, de 32 años, resuelto a exigir el encarcelamiento de los ex dirigentes, por lo que este año sufrió dos atentados contra su vida.
El director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Juan Carlos Rojas, aseguró a IPS que su oficina "no recibió ninguna denuncia formal" sobre el caso guarayo.
Los guarayos gestionan desde 1999 la propiedad de 2,5 millones de hectáreas de uso comunitario e indivisible, pero hasta ahora sólo consiguieron la titulación progresiva de 1,35 millones de hectáreas que ya habitaban, para garantizar la vida y la cultura de los pueblos Urubichá, Yotaú, San Pablo, Yaguarú, Ascensión de Guarayos y Salvatierra.
El líder opositor y jefe del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Branco Marinkovic, posee aquí casi 27.000 hectáreas que comprenden una laguna y están en zonas de reserva forestal y en espacios reclamados por los guarayos.
El secretario general del INRA, Juan de Dios Fernández, recordó que el gobierno mantiene una demanda por apropiación indebida de esas tierras contra Marinkovic, que contestó con un recurso ante el Tribunal Constitucional cuestionando la legitimidad del nombramiento interino de Rojas, intentando así dejar sin efecto el proceso.
En el oriente, 90 por ciento de las tierras están en manos de 10 por ciento de los terratenientes, mientras en el altiplano occidental 10 por ciento de los predios cultivables se distribuyen entre 90 por ciento de campesinos, comentó a IPS el director general de Tierras, Cliver Rocha, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Rural.
"Esta sombría historia" cambiará con la aplicación de la ley de 2006, que dispone el reparto de tierras improductivas a comunidades despojadas de territorio, a migrantes y campesinos expulsados por la escasez de áreas de cultivo en el altiplano y los valles, dijo.
San Pablo es uno de los bastiones donde se juega el destino de este país dividido entre el poder político indígena y la fortaleza económica de empresarios con intereses sobre las tierras y riqueza natural de ésta y otras regiones.
Según el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), 35 familias bolivianas son dueñas de predios de entre 15.000 y 290.000 hectáreas.
El texto constitucional aprobado por la Asamblea Constituyente el 8 de diciembre, y que será sometido a referendo en unos seis meses, resolvió limitar la tenencia de tierras. Los ciudadanos dirimirán si la extensión máxima de las propiedades debe ser de 5.000 ó de 10.000 hectáreas.
El proceso de titulación de los espacios ocupados por indígenas es complejo porque en ellos se encuentran asentamientos de muchos años, ajenos a esos pueblos.
IPS obtuvo cifras diferentes en reiteradas consultas a las autoridades acerca de la superficie de tierras medidas, distribuidas y tituladas por el gobierno de Evo Morales, en cumplimiento de su prometida reforma agraria.
Por ejemplo, de momento no es posible establecer cuántas hectáreas de tierra han sido realmente repartidas por la actual administración. En cambio, el secretario general del INRA, Juan de Dios Fernández, aseguró a IPS que desde el 22 de enero de 2006 a la fecha se titularon 10,2 millones de hectáreas, 3,1 millones en 2006 y el resto en este año.
La titulación es el último paso del reparto de predios y exige trámites que pueden demorar años. En cuanto a propiedades fiscales, el gobierno asegura que en los primeros 10 meses de 2007 entregó 562.468 hectáreas a 1.967 familias sin tierras o con espacio insuficiente para sus actividades agrícolas.
El responsable de las TCO en la oficina del INRA en Santa Cruz, José Luis Barrientos sostuvo a IPS que bajo el precepto de "la tierra es de quien la trabaja", se reconoce la función económica y social del comunero y, con mayor prioridad, de los pueblos indígenas.
Bolivia se debate entre el occidente indígena que apoyó el nuevo texto constitucional que le reconoce derechos y tierras, y el oriente, donde el llamado a la resistencia y a la desobediencia civil impulsado por empresarios y terratenientes tiende a desbordarse por el cauce violento.
"De mí depende el destino del pueblo guarayo, y Marinkovic tiene que devolverme mis tierras", dice Elida Urapuca, la líder que custodia el título de 1,35 millones de hectáreas cuyo futuro es incierto.
