El gobierno de Paraguay recibió un duro tirón de orejas de un comité especializado de la ONU por la pobreza que reina en este país, la falta de tierras para campesinos e indígenas, el uso indiscriminado de agroquímicos y la persistencia de prácticas discriminatorias contra la mujer.
Los cuestionamientos fueron emitidos por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con sede en Ginebra, tras el análisis de un informe presentado por el gobierno de Nicanor Duarte sobre el cumplimiento del Pacto Internacional que vela ese cuerpo de la ONU (Organización de las Naciones Unidas).
El documento no satisfizo a los miembros del Comité, que lamentaron que "la mayor parte de las recomendaciones hechas en la anterior sesión (en 1996) no se hayan aplicado en su totalidad".
"El Estado parte no abordó de un modo efectivo los motivos de preocupación en relación con su informe inicial y que continúan válidos", sentenció el Comité en un texto divulgado este martes por organizaciones no gubernamentales en Asunción, y que recoge las observaciones finales del 39 periodo de sesiones, celebrado entre el 5 y el 23 de noviembre.
El Comité observó con "preocupación", que "pese al crecimiento económico del Estado parte en los años recientes, el número de personas que viven en la extrema pobreza ha ido en aumento".
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Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la cantidad de paraguayos indigentes pasó de 778.500 en 1997 a más de 1,2 millones en 2007, lo que representa 21 por ciento de los más de seis millones de habitantes de este país sudamericano.
Los 18 expertos independientes que integran el Comité también lamentaron la lentitud para ejecutar una reforma agraria y la situación que viven comunidades campesinas e indígenas que no tienen acceso a la tierra.
Las observaciones del organismo de la ONU están reunidas en un documento de 36 puntos entre los que resaltan la preocupación por la concentración de la propiedad de la tierra en pocas manos, el alto porcentaje de población excluida de toda protección social, el elevado número de niños trabajadores y la falta de garantías para el acceso a la salud.
El Comité fue conformado en 1985 por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (Ecosoc) para supervisar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en cada país.
El organismo, que funciona en la órbita de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, alertó también de que la expansión del cultivo de soja "ha traído aparejado el uso indiscriminado de agrotóxicos, provocando muertes y enfermedades de niños y adultos, contaminación del agua, desaparición de ecosistemas y afectación de recursos alimenticios tradicionales de las comunidades".
Los cuestionamientos cayeron como un balde de agua fría para el gobierno, en medio de la campaña para las elecciones generales de abril de 2008.
Ningún funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores aceptó comentar las conclusiones del Comité para IPS.
Los representantes de organizaciones no gubernamentales, en cambio, celebraron el resultado.
"Es como una victoria, porque son reclamos históricos que el gobierno desatiende y (de los) que ahora la comunidad internacional se hace eco", dijo a IPS Idalina Gómez, abogada del Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia (Cipae), una de las 20 entidades paraguayas que denunciaron la situación mediante un informe alternativo presentado en Ginebra.
El informe de la sociedad civil giró en torno de cuatro principios consagrados en el Pacto: los derechos a la alimentación, a la vivienda, al acceso al agua y a la tierra.
"Queríamos demostrar que uno de los problemas principales de los sectores rural, donde se concentra 42 por ciento de la población, e indígena, es la tenencia de tierras", dijo a IPS Marcial Gómez, de la Federación Nacional Campesina.
Para las organizaciones sociales, la firmeza de los cuestionamientos del Comité es también una respuesta a la ligereza con que Asunción asumió la elaboración del informe oficial.
La abogada del Cipae consideró "lamentable" la presentación efectuada en Ginebra por la delegación gubernamental. "Sólo fue una compilación de información sin seguir las pautas para la elaboración del informe, sin cifras reales, ni estadísticas fiables. El informe oficial paraguayo no cumplió las expectativas y estaba lleno de fallas", criticó.
El Comité hizo también recomendaciones al Estado paraguayo, como abatir la pobreza extrema y mejorar las estrategias de desarrollo social a través medidas fiscales para distribuir mejor la riqueza, tanto en áreas urbanas como rurales.
El Comité también recomendó mayores esfuerzos para acelerar la demarcación y recuperación de territorios ancestrales de los pueblos indígenas, y acompañar la entrega de predios a campesinos con asistencia técnica, créditos e infraestructura básica.
Se instó además a Asunción a adoptar medidas para garantizar la igualdad de condiciones de trabajo entre el hombre y la mujer, y a reducir urgentemente el desempleo y la economía informal, en la que labora 80 por ciento de la población económicamente activa.
Otra medida de carácter urgente recomendada por los expertos es el control de las plantaciones de soja y del uso de agroquímicos.
"Además de garantizar la observancia de la Ley de Agrotóxicos, el Estado parte debe crear un marco legal efectivo de protección contra el uso de estos productos y realizar inspecciones eficaces y frecuentes", sentenció el Comité.
Las organizaciones sociales aguardaban que el Comité enviara observadores a Paraguay, algo que finalmente no se logró.
Pero, según el Cipae, la batalla no está perdida. Gómez evaluó que los miembros del Comité se mostraron muy interesados en el seguimiento de una denuncia particular incluida en las denuncias de la sociedad civil.
Se trata del caso Ypecuá, un asentamiento campesino a 300 kilómetros de Asunción, "que describe por un lado la lucha por la tierra propia y a la vez por tratar de sobrevivir con la contaminación producida por el uso indiscriminado de agrotóxicos que los grandes productores utilizan en sus cultivos de soja", explicó Gómez.
Los miembros pidieron más información sobre esta denuncia, para determinar si envían observadores para verificar la situación.
