El Congreso legislativo de Estados Unidos se apresta a aprobar un marco legal al boicot contra la inversión en Sudán, lo que facilitaría a la sociedad civil y gobiernos locales las campañas de presión a ese país para poner fin a la crisis humanitaria en Darfur.
El Senado estadounidense aprobó un proyecto de ley en ese sentido, que permitiría a los inversores oponerse al genocidio en la occidental provincia sudanesa de Darfur a través del boicot a las empresas que tengan negocios en ese país africano.
La medida es un incentivo para los activistas que presionan a los gobiernos estatales, municipalidades, fondos de pensión y administradores de bienes privados.
El objetivo de tal presión es que esas instituciones y firmas financieras se deshagan de sus inversiones en compañías de Asia y Europa involucradas en industrias estratégicas como la petrolera, la energética, minería y de equipamiento militar de Sudán.
El Senado aprobó el proyecto denominado "Ley de Desinversión y Responsabilidad hacia Sudán" poco antes de la medianoche del miércoles, contrariando al gobierno de George W. Bush.
Se espera que la Cámara de Representantes se expida pronto, pero aún está por verse si Bush promulgará la norma una vez aprobada.
Al ahogar económicamente al régimen en Jartum, los activistas esperan poner fin a la violencia en Darfur, región del tamaño de Francia, donde entre 200.000 y 400.000 personas fueron asesinadas y entre 2,5 millones y 3,5 millones más debieron abandonar sus hogares.
Los problemas en Darfur, reino independiente anexado por Sudán en 1917, comenzaron en los años 70 con disputas por las tierras de pastoreo entre nómades árabes y agricultores indígenas negros.
La crisis derivó en una guerra civil en febrero de 2003, cuando guerrilleros negros respondieron con violencia al hostigamiento de las milicias árabes Janjaweed ("hombres a caballo"), que se presume cuenta con ayudada del gobierno sudanés.
Jartum, por su parte, admitió haber dado armas a algunos combatientes para luchar contra los rebeldes, pero negó tener vínculos con las milicias árabes, que, según dijo, están proscriptas.
Los Janjaweed y el régimen sudanés son acusados de cometer una limpieza étnica contra tres tribus negras que respaldan a los grupos guerrilleros.
Bush y el Congreso legislativo calificaron la masacre de Darfur de genocidio, pero el Departamento de Estado (cancillería) y el de Justicia (fiscalía general) señalaron que el proyecto de ley socavaría la discrecionalidad presidencial en materia de relaciones exteriores.
Los defensores del proyecto aplaudieron la decisión del Senado, y aseguraron que seguirán ejerciendo presión hasta que Bush promulgue la ley.
"Agradecemos al Senado por alentar a Estados Unidos a cumplir con su responsabilidad de proteger a los civiles de Darfur", reza una declaración divulgada el jueves por las organizaciones que encabezan la iniciativa.
"Los intentos del gobierno por desbaratar esta norma deben terminar ya. Nuestro esfuerzo colectivo no terminará hasta que el presidente Bush promulgue la ley", añadió la Coalición Salven a Darfur, a la que se sumaron organizaciones de derechos humanos y religiosos.
Las compañías estadounidenses no pueden invertir directamente en Sudán por las sanciones económicas impuestas por Washington en 1997. Pero sí pueden hacerlo en empresas extranjeras con negocios en ese país.
Veintidós estados y más de 50 universidades tratan de deshacerse de sus acciones en esas firmas desde 2005, pero algunos fueron demandados por ello.
La nueva norma descartaría esa posibilidad, pues obligaría a las empresas que pujen por contratos federales a certificar no tener negocios en los sectores de mayores ingresos de Sudán, explicaron activistas.
La organización Sudan Divestment Task Force, con sede en Washington, indicó que las empresas contra las que apunta la campaña y la nueva legislación son PetroChina y su matriz, China National Petroleum Corporation, Petronas, la petrolera estatal de Malasia, y la Oil and Natural Gas Corporation, de India.
Las compañías estadounidenses con significativas carteras en esas empresas son Capital Research & Management, Lazard Asset Management, Blackstone Asia Advisors, Franklin Templeton Investments, JPMorgan Chase, Capital Group's American Funds, Fidelity Investments, y Vanguard Group.
Las empresas extranjeras con contratos federales que pueden verse afectadas por la ley incluyen al conglomerado francés de la industria pesada Alstom, la consultora alemana de ingeniera Lahmeyer y la británica Mott MacDonald, indicaron defensores de la desinversión.
Pero algunos de los administradores de valores consultados por IPS en Estados Unidos señalaron que se apuntaba a esas empresas de forma equivocada.
Franklin Templeton considera que invertir en regiones conflictivas es una forma de fomentar reformas, señaló una vocera de la compañía. Vanguard señaló que sus clientes preocupados por cuestiones éticas pueden optar por fondos mutuos de inversión llamados de responsabilidad social.
El Congreso calificó de genocidio la muerte de cientos de miles de personas en Darfur.
El Parlamento Europeo, por su parte, describió la situación como equivalente a un genocidio.
La ONU condenó los asesinatos, las violaciones y las torturas por considerarlos crímenes contra la humanidad y acusó a los responsables ante la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya. Pero Jartum se niega a entregar a sus ciudadanos para que sean procesados por ese tribunal.
Las autoridades sudanesas niegan que se haya perpetrado un genocidio y alegan que Washington presentó documentos falsos acerca de la existencia de armas de destrucción masiva en Iraq y ahora hace lo mismo con Sudán, otro país árabe con petróleo, arguyeron.
El despliegue de una gran fuerza de paz conjunta de la ONU y la Unión Africana (UA), para reemplazar a la actual y exhausta del bloque africano, es lento por el escaso apoyo de los estados miembro del foro mundial y las preocupaciones de Sudán por mantener su soberanía.
