La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) prevé votar este mes uno de los asuntos más polémicos ante el foro mundial: una moratoria sobre la pena de muerte.
La Unión Europea (UE), con apoyo de prácticamente todas las grandes organizaciones internacionales de derechos humanos, presentará un proyecto de resolución al respecto que, según se prevé, dividirá en partes iguales a la Asamblea, en la que participan los 192 países del foro mundial.
La UE, de 27 miembros, confía en que la mayoría estará de su lado, aunque por estrecho margen. La resolución no sería de carácter obligatoria.
Pero también hay una fuerte oposición a la resolución por parte de la Organización de Países Islámicos, la Liga Árabe, China y algunos países del Caribe y de Asia en los que todavía se implementa la pena capital.
Singapur, consistente en su apoyo a la pena de muerte, cree que la resolución de la UE será "divisoria".
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El embajador de ese país en la ONU, Vanu Gopala Menon, dijo que el proyecto de la UE será resistido por muchos países cuyas leyes prevén la pena de muerte y que consideran que no se trata de un asunto de derechos humanos sino de ley y orden.
"Bajo estas circunstancias, es mejor que la UE no intente seguir adelante con su iniciativa", porque "agriará la atmósfera" en el Tercer Comité (órgano de la Asamblea General que considerará la resolución antes de derivarla al plenario) y causará una "necesaria división", dijo Menon a IPS.
"No me queda claro qué espera obtener la UE con esta resolución. Puede darles un sentido de satisfacción moral, pero no va a cambiar la posición de los países que sostienen que la pena de muerte sirve para disuadir delitos serios", agregó.
"Este intento de la UE de imponer sus valores también será muy mal visto por muchos países", advirtió Menon.
Un funcionario de la UE que solicitó reserva sobre su identidad dijo a IPS que el proyecto fue elaborado en coautoría por 36 estados miembro, entre ellos los 27 de la UE. Pero los países que "copatrocinan" el boceto de resolución serían de unos 70, dijo.
Consultado sobre si la UE confía en obtener una mayoría entre los 192 estados, respondió que "es difícil de predecir", porque el proyecto todavía está en debate e incompleto.
Un diplomático árabe que se opone a la resolución de la UE dijo haber oído que algunos estados ajenos a ese bloque no estaban "muy cómodos" con el proyecto y pidieron enmiendas, demorando así su presentación.
Pero dentro de la UE hay también divisiones sobre la posibilidad de incluir enmiendas propuestas por auspiciantes no pertenecientes al bloque.
"También hay rumores de presiones y de 'diplomacia de la chequera' para ganar apoyo de naciones en desarrollo", dijo el diplomático de Medio Oriente.
Como el proyecto todavía está en debate, la UE no lo difundió oficialmente, lo que condujo a más especulaciones.
Dirigiéndose a la conferencia titulada "Europa contra la pena de muerte", realizada en Lisboa a comienzos de octubre, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, expuso la línea oficial.
"La Unión Europea se opone sin reservas al uso de la pena capital bajo todas las circunstancias y ha exigido consistentemente la abolición mundial de este castigo", dijo entonces.
"La pena de muerte va contra la dignidad humana. Queremos dar visibilidad a los esfuerzos de las muchas organizaciones no gubernamentales e individuos que, día tras día, luchan por la abolición de la pena de muerte", agregó.
Según la UE, una cantidad cada vez mayor de países descartan la pena de muerte: 133 países lo han hecho en la práctica o en la ley.
La Comisión Europea, rama ejecutiva de la UE, financió alrededor de 30 proyectos contra la pena de muerte en todo el mundo desde 1994, con un presupuesto general de unos 15 millones de euros (cerca de 22 millones de dólares).
El martes, en un ataque preventivo —y antes de que el proyecto de resolución fuera presentado en el Tercer Comité—, el embajador Menon planteó la cuestión de la pena de muerte durante un debate sobre "promoción y protección de los derechos humanos".
"Mi delegación está extremadamente desilusionada, pero apenas sorprendida, de que la UE haya decidido nuevamente presentar una resolución sobre la pena de muerte", expresó.
Menon también dijo que las delegaciones recordarían que la última vez que el bloque europeo intentó endilgarle una resolución al Comité fue en 1999.
"Las delegaciones también pueden recordar cuán divisoria fue esta experiencia. Los patrocinadores de este boceto de resolución ciertamente tienen derecho a sus puntos de vista sobre la pena de muerte", agregó Menon.
Singapur comprende y respeta la posición de los países que se oponen a la pena de muerte como cuestión de principios, señaló.
"Ésa es su prerrogativa. Sin embargo, parece que estos países son incapaces de extender la misma cortesía a países que eligieron mantener la pena de muerte", continuó.
"A mi delegación le gustaría recordarle a este comité que la pena capital no está prohibida por el derecho internacional. Además está claro que los patrocinadores de este boceto de resolución decidieron que solamente puede haber un punto de vista sobre la pena capital, y que sólo se debería respetar una serie de opciones", dijo.
Para muchos países, entre ellos Singapur, la aplicación de la pena de muerte es, primero y por sobre todo, un asunto de justicia penal, no de derechos humanos, sostuvo.
"Es un componente importante de la administración de la ley y de nuestro sistema judicial, y se impone solamente para los delitos más serios, sirviendo como disuasivo. Tenemos en vigor salvaguardas legales apropiadas para impedir cualquier fallo injusto", añadió.
"Todos los estados tienen el derecho soberano a elegir sus propios sistemas políticos, económicos, sociales y legales, en base a sus propios intereses", concluyó.
