Buena parte de los egipcios aplaudirían la imposición de frenos a de la pena capital, pero persisten serias reservas a la abolición total, en especial de carácter religioso.
"Nuestra sociedad tiene sus propias creencias y principios. Hay una tendencia internacional hacia la abolición de la pena capital, pero no estamos interesados en imitar a otras sociedades en esta materia", dijo a IPS Sayyid Askar, legislador de la Hermandad Musulmana y miembro del comité parlamentario de asuntos religiosos.
Askar formuló esos comentarios antes de a la presentación, en la ONU (Organización de las Naciones Unidas), de una iniciativa de la Unión Europea (UE) que dispondría la moratoria mundial de las ejecuciones, si bien la resolución no tendría carácter obligatorio.
La Hermandad Musulmana, formalmente prohibida como todo partido basado sobre la religión, concentra alrededor de un quinto de los escaños de la asamblea nacional (parlamento), controlada por el Partido Nacional Democrático del presidente Hosni Mubarak.
El uso de la pena de muerte aumentó respecto de la década pasada, aunque hay pocos datos oficiales disponibles al respecto. Según el Centro Maat para los Estudios Judiciales y Constitucionales, con sede en El Cairo, el año pasado se dictaron al menos 20 condenas a muerte.
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Según la legislación vigente, unos 90 delitos pueden castigarse con la muerte, incluido el asesinato premeditado, la violación y el narcotráfico, así como varios "delitos políticos", como "intentar derrocar al régimen por la fuerza".
En el curso del último decenio, las condenas a muerte fueron impuestas para la mayoría de estas transgresiones, si no para todas.
La ley islámica, en contraste, establece la pena de muerte para muy pocos delitos considerados graves, entre ellos asesinato premeditado, robo armado, apostasía y adulterio.
Aunque el artículo 2 de la Constitución identifica como "la fuente principal de la legislación" egipcia a la ley islámica, hoy no se castiga con la muerte en este país ni la apostasía ni el adulterio.
En coincidencia con la mayoría de las organizaciones de derechos humanos, los políticos islamistas apoyan la eliminación de la pena de muerte para todos los otros delitos, particularmente los de naturaleza política.
Sin embargo, son categóricas en cuanto a no eliminar por completo la pena capital.
"Según la ley islámica, la pena de muerte en los delitos más serios es necesaria para garantizar la cohesión y estabilidad de la sociedad", dijo Askar.
Pero los críticos de la pena capital contraponen a este argumento el hecho de que una condena a muerte es irreversible.
"Es un castigo que no puede deshacerse. Y en Egipto, donde hay tanta corrupción y negligencia oficial, hubo en el pasado varios casos de condena capital de acusados luego reivindicados", dijo a IPS Ayman Aqeel, presidente del Centro Maat y coordinador de la Coalición Egipcia Contra la Pena de Muerte.
"Nuestra la alianza propone la abolición total de la pena de muerte para todos los delitos, excepto el asesinato premeditado. E incluso en este caso, los acusados deben estar sujetos a investigaciones imparciales, y tienen el derecho de apelar el veredicto más de una vez", explicó Aqeel.
Askar replicó que la ley islámica establece procedimientos estrictos para impedir la ejecución de inocentes.
"El más importante es el cuidado judicial. Si hay alguna duda sobre la culpa del acusado, es mejor que un juez musulmán halle inocentes a 100 culpables a que condene a un solo inocente", sostuvo.
El vicepresidente del estatal Consejo Nacional para los Derechos Humanos (NCHR), Ahmed Kamal Aboul-Magd, advirtió que el organismo "no sugirió, ni está pensando en sugerir, la abolición total de la pena de muerte".
Aboul-Magd emitió una declaración en ese sentido en la primera jornada de la "Mesa redonda sobre los principios de la pena capital", celebrada el 21 y 22 de octubre, donde se discutieron los protocolos internacionales de derechos humanos al respecto.
Legisladores de la Hermandad Musulmana habían advertido a la prensa que se disponían a lanzar una campaña contra el NCHR en el parlamento porque, según ellos, la conferencia tenía el objetivo de alentar la abolición total de la pena capital.
Aboul-Magd afirmó en su declaración que ni él ni el NCHR tenían "ningún conocimiento de un desacuerdo sobre el tema con miembros del parlamento".
Pero Hamdi Hassan, portavoz de la agrupación parlamentaria de la Hermandad Musulmana, dijo a IPS que su partido "ni siquiera sabía que estaban celebrando la conferencia".
El intercambio de opiniones sobre la mesa redonda sirvió, según Aqeel, para subrayar la controversia que rodea la idea de abolir por completo la pena de muerte.
"Informes periodísticos imprecisos causaron mucha confusión. Pero la declaración del NCHR fue consecuencia del temor de que cualquiera que postule la abolición sea visto como opositor a la ley islámica", dijo Aqeel.
En cualquier caso, el NCHR recomendó varios criterios para el futuro. La más notable, la abolición total de la pena capital por "delitos políticos".
También exigió que el gran mufti (autoridad religiosa designada por el Estado) tuviera la palabra final en casos capitales y que se pusiera fin a la práctica de juzgar a civiles en tribunales militares.
Pero la adopción de estas recomendaciones por parte del gobierno continúa entre signos de interrogación.
"No tengo muchas esperanzas de que las propuestas del Consejo sean implementadas", dijo Aqeel.
En un comentario sobre el efecto que podría tener en Egipto la posible moratoria internacional, dijo: "Yo sería más optimista si la ONU emitiera una resolución estipulando la abolición de la pena de muerte para todos los delitos, menos para los más extremos".
