El estado de emergencia en Pakistán impuesto por el presidente Pervez Musharraf es objeto de condenas de parte de naciones democráticas y organizaciones de derechos humanos de todo el mundo, pero nada indica que su régimen vaya a sufrir sanciones.
"El estado de emergencia es una ruptura flagrante del derecho internacional y de los principios de derechos humanos", dijo la secretaria general de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, Irene Khan.
Esta institución con sede en Londres exigió a Musharraf el inmediato retorno al estado de derecho y la liberación de todos los detenidos en el marco de las medidas de emergencia.
Poco después de declarado el estado de emergencia el sábado, las autoridades arrestaron a cientos de dirigentes opositores, abogados, jueces y activistas de derechos humanos. Además, se restringió la actividad de la prensa.
El régimen dictó las medidas luego de que la Corte Suprema de Justicia se aprestaba a fallar sobre la constitucionalidad de la presentación de la candidatura presidencial de Musharraf mientras ejercía el mando del ejército.
Este general fue reelecto por una abrumadora mayoría de los parlamentos nacional y provinciales, muchos de cuyos integrantes, según la oposición, obtuvieron sus escaños en elecciones fraguadas celebradas en 2002.
En protesta por la presentación de la candidatura de Musharraf, la oposición boicoteó la elección y pisdió la intervención de la Corte Suprema, que reclamó la suspensión de la investidura hasta que dictara su veredicto.
Según observadores, Musharraf supo que la Corte dictaría un fallo contra su candidatura, y para evitarlo dispuso el estado de emergencia con la excusa de que pretendía reprimir el extremismo religioso, como aseguró el sábado por cadena de televisión.
Pero los primeros objetivos de la represión no fueron militantes islamistas sino abogados, jueces, miembros de la independiente Comisión de Derechos Humanos y líderes seculares y liberales.
Unos 3.000 abogados y activistas, entre ellos 55 miembros de la Comisión de Derechos Humanos —la mitad, mujeres— continúan en prisión, sin posibilidad de recurrir su detención porque el sistema judicial está bloqueado.
Entre los detenidos figuran Asma Jehangir, presidenta de la Comisión y relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre libertad de credo, así como su hermana.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, urgió el lunes al gobierno pakistaní a liberar a todos los detenidos y manifestó "gran preocupación" por las restricciones, en especial a la prensa.
La Unión Europea también deploró el estado de emergencia, y sugirió que podría suspender su asistencia a Pakistán. Funcionarios británicos indicaron que tienen esa opción a estudio, pero agregaron que "no es momento de amenazar con suspender la ayuda".
El lunes, en su único comentario público sobre la crisis hasta ahora, el presidente estadounidense George W. Bush urgió a Musharraf a "restaurar la democracia tan pronto como sea posible", pero agregó que los dos países podrían "continuar trabajando juntos contra el terrorismo".
Muchos activistas dentro y fuera de Pakistán leyeron el mensaje como contradictorio.
"La comunidad jurídica y la sociedad civil desafiarán al gobierno, y el escenario se pondrá peor", dijo un activista bajo arresto domiciliario en Lahore. "Queremos que los amigos de Pakistán urjan al gobierno de Bush a detener todo su apoyo al insaciable dictador."
La organización de derechos humanos Human Rights Watch advirtió que Washington debería suspender su ayuda militar al régimen de Musharraf.
"El apoyo a un gobierno militar no hizo más que conducir a una crisis política sin precedentes, que podría llevar a Pakistán al desastre", dijo el director para Asia de HRW, Brad Adams. "Esta es una gran prueba para Bush y para Musharraf."
A cambio de su cooperación en la "guerra contra el terrorismo", el régimen pakistaní se ha convertido en uno de los principales receptores de asistencia estadounidense, según el Centro para la Integridad Pública, una institución de estudios con sede en Washington.
La asistencia militar en 1998 ascendía a nueve millones de dólares anuales. Pero luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001, esa suma subió a 5.000 millones de dólares.
De todos modos, funcionarios del gobierno estadounidense acusan a Musharraf de hacer oídos sordos ante las operaciones de la organización islamista Talibán y la red terrorista Al Qaeda en territorio pakistaní.
Pakistán es el sexto país del mundo por su población, y cuenta con la segunda comunidad musulmana después de Indonesia. La violencia y la inestabilidad política caracterizan a esta nación desde su creación en 1947, tras la partición del subcontinente indio al cabo de la colonización británica.
En Islamabad hubo regímenes militares durante buena parte de sus 60 años de historia independiente, todos ellos apoyados por Washington.
